Paralizado el desahucio de Mónica García en Cercedilla tras darse de baja el abogado del Ayuntamiento

El abogado del Ayuntamiento de Cercedilla, que se encargaba de las denuncias presentadas por los vecinos de Camorritos contra el desahucio de sus chalets, se ha acogido a una baja médica. Tal y como avanza OKDIARIO, todos los procedimientos judiciales que habían presentado hasta ahora los vecinos de esta urbanización, entre ellos la ministra de Sanidad, Mónica García, quedan ahora paralizados por petición del propio Ayuntamiento.

Los residentes de estas viviendas (situadas en suelo protegido) habían emprendido ya acciones judiciales para evitar el desahucio de sus viviendas en la Sierra de Madrid, después de que hubiera expirado la concesión que les permitía vivir en ellas durante el plazo de 99 años.

Algunos vecinos del municipio con los que ha hablado OKDIARIO, consideran que con este movimiento, los vecinos de Camorritos y el Puerto de Navacerrada ganan más tiempo para permanecer en sus casas sin pagar el IBI, (ya que la concesión lleva caducada desde 2019 y, por tanto, están exentos de hacerlo).

La baja del abogado, que trabajaba para el Consistorio desde el despacho Majavilitas, llega después de que el partido de Mónica García entrara a formar parte del gobierno municipal en marzo de este año. Un equipo de Gobierno formado hasta entonces por el Grupo Independiente de Cercedilla, PSOE y ahora también Más Madrid. El letrado tenía una gran confianza con el alcalde, David José Martín Molpeceres (Grupo Independiente de Cercedilla).

Además, ese mismo mes, este periódico publicó que el equipo de abogados contratado por el Ayuntamiento habría firmado con el Consistorio numerosos contratos menores hasta el punto de que el interventor informó de que no se debía seguir pagando facturas de este tipo. La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones que esta circunstancia estaría suponiendo un presunto fraccionamiento de contratos que estaría al borde de la «irregularidad.»

OKDIARIO hizo pública esta información el 25 de marzo y Jaime Suárez se dio de baja médica tan sólo unos días después, el 4 de abril, aunque hasta el 7 de abril la corporación municipal ha estado recibiendo emails a su nombre.

El Ayuntamiento se encuentra ahora en «una situación crítica», «un caos total» y «una completa indefensión», han denunciado los grupos de la oposición. Por ello, tal y como ha podido saber este periódico, el equipo de Gobierno ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la paralización temporal de los procedimientos judiciales abiertos derivados de las denuncias presentadas por los vecinos de Camorritos hasta que el letrado vuelva de su baja o hasta que concluya el proceso de contratación de nuevos abogados que asuman la dirección del procedimiento.

Un proceso que, según dicen desde el PP y Vox, se estaría haciendo de forma «muy poco transparente»: «El alcalde nos está escondiendo información respecto al proceso de licitación del nuevo bufete de abogados». La oposición cree que se pretende favorecer a otro bufete de confianza del alcalde para que se lleve el contrato «más importante de la historia de Cercedilla, valorado en más de tres millones de euros.»