El Gobierno obliga a los propietarios a reformar sus casas para hacerlas ‘verdes’ sin darles ayudas

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya está tramitando la norma que obligará a los propietarios a reformar sus inmuebles para hacerlos «más sostenibles». Sin embargo, el Gobierno todavía no ha presentado el plan de ayudas para sufragar ese tipo de obras, que debió haber redactado hace un mes, lo que, de facto, congela los 9.000 millones de euros en subvenciones europeas para los afectados por las leyes ecologistas.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encabezado por Sara Aagesen, ha elevado a consulta pública el «proyecto de norma por el que se regula el cumplimiento de los requisitos mínimos de eficiencia energética en el parque edificatorio existente». Es decir, la ley que obligará a los propietarios a hacer reformas para adaptar a la legislación medioambiental los inmuebles ya edificados.

Todo ello se enmarca en la «política europea contra el cambio climático» y más concretamente, en el Pacto Verde para el Clima que pretende «alcanzar la neutralidad climática en el año 2050». En 2021 se aprobó un paquete de medidas con el nombre de «Objetivo 55», con el que se pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 55% en 2030, en comparación con 1990.

Esta voluntad comunitaria se materializó con una directiva europea, es decir, un texto legal que se acuerda en Bruselas, pero que tiene que aprobarse, posteriormente, en cada estado miembro. Específicamente, la que afecta a los edificios es la Directiva (UE) 2024/1275, sobre la eficiencia energética de los edificios.

Esta norma obliga a modificar todos los inmuebles, en cada uno de los países de la Unión Europea. «Cada Estado miembro establecerá un plan nacional de renovación de edificios para garantizar la renovación de sus parques nacionales de edificios residenciales y no residenciales, tanto públicos como privados, transformándolos en parques inmobiliarios con alta eficiencia energética y descarbonizados a más tardar en 2050, con el objetivo de transformar los edificios existentes en edificios de cero emisiones», reza el primer artículo de la directiva.

Su transposición al ordenamiento jurídico español ya está en marcha, es decir, su aprobación en nuestro país. El Gobierno tiene de margen hasta mayo de 2026 para aprobarlo, pero ya ha dado el primer paso para este tipo de leyes: la consulta pública.

Tal y como expresa el Ministerio para Transición Ecológica y del Reto Demográfico, entre los objetivos está «el cumplimiento de los requisitos mínimos de eficiencia energética en el parque edificatorio existente». Y ahonda en cuatro aspectos fundamentales:

1. Garantizar el cumplimiento de las normas mínimas de eficiencia energética. Fijadas para edificios no residenciales.
2. Incrementar el aprovechamiento de la energía renovable.
3. Promocionar la movilidad sostenible y contribuir al despliegue de la red de recarga de vehículos eléctricos.
4. Fomentar la eficiencia energética de las instalaciones técnicas en edificios no residenciales. Por ejemplo, controles automáticos de iluminación.

Sin un plan de ayudas para afectados

Este primer paso podría afectar, en mayor medida, a los autónomos o micropymes, para los que el Gobierno tendría que haber aprobado un plan de ayudas en junio de este año. Sin embargo, aún no lo ha hecho, pero ya ha empezado a tramitar la regulación que les obligará a modificar los edificios en los que tengan su sede estas micropymes. Todo ello, a pesar de que el propio Ejecutivo los ha identificado como usuarios «vulnerables» en su transformación ecológica.

El proyecto que todavía no ha redactado el Gobierno es la planificación de cada país para distribuir ayudas a personas y pymes que se vean afectadas por los proyectos para disminuir las emisiones de CO2. Su redacción desbloquearía más de 6.000 millones de euros que la Unión Europea tiene previsto entregar a España y a los que hay que añadir otro 25% que irán a cargo del presupuesto español, lo que supondría, en total, 9.000 millones en ayudas.

Si no se presenta ese plan, el Estado no tendrá acceso al dinero asignado por el Ejecutivo comunitario. En este caso, España dejaría de percibir «9.000 millones para rehabilitación energética de viviendas, calefacción y refrigeración sin emisiones, y movilidad sostenible y asequible», tal y como cuantifica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de Sara Aagesen.