Sánchez arriesga 9.000 millones europeos por no planear ayudas para los afectados por leyes ecologistas

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha mandado a la Comisión Europea su Plan Social para el Clima. Se trata de la planificación de cada país para distribuir ayudas a personas y pymes que se vean afectadas por los proyectos para disminuir las emisiones de CO2. Su redacción desbloquearía más de 6.000 millones de euros que la Unión Europea (UE) tiene previsto entregar a España y a los que hay que añadir otro 25% que irán a cargo del presupuesto español, lo que supondría, en total, 9.000 millones en ayudas.

La Unión Europea creó una partida de fondos públicos que se destinarían a ayudar a las personas y empresas más vulnerables que se pudieran ver afectadas por las políticas ambientales. Es decir, las que están destinadas a reducir los gases de efecto invernadero. En particular, se dirige «a los hogares en situación de pobreza energética» o que vean afectado su medio de transporte con los cambios normativos en materia de transición ecología. En total, el club comunitario pondría sobre la mesa 65.000 millones de euros.

La Comisión Europea ha confirmado que el Gobierno socialista no ha presentado el Plan Social para el Clima antes del mes de julio. El Ejecutivo tenía como plazo para elaborarlo, «a más tardar el 30 de junio de 2025», según el reglamento que regulan los fondos europeos para este fin.

Si no se presenta ese plan, el Estado no tendrá acceso al dinero asignado por el Ejecutivo comunitario. En este caso, España dejaría de percibir «9.000 millones para rehabilitación energética de viviendas, calefacción y refrigeración sin emisiones, y movilidad sostenible y asequible», tal y como cuantifica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de Sara Aagesen.

Aun así, Eva Hrncirova, portavoz de la Comisión Europea aclaró que la no presentación, por ahora, no conlleva «consecuencias legales». La representante de la institución dirigida por Úrsula Von der Leyen apunta a que el problema sería «cuándo tendrán disponible el dinero los Estados miembros». Muchos de ellos son «consumidores y microempresas vulnerables», como admitió la cartera dirigida por la vicepresidenta tercera del Gobierno.

Grupos destinatarios de las ayudas

Concretamente, el Gobierno detalló que estas ayudas irían dirigidas a los siguientes grupos destinatarios y, el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Unión Europea, retrasa las subvenciones para cubrir sus necesidades acuciantes:

1. Hogares vulnerables. El Ejecutivo los define como «aquellos que sufren pobreza energética, incluidos los que tienen ingresos bajos y medios-bajos, y que carecen de medios para renovar el edificio que ocupan».
2. Microempresas vulnerables. En este caso, Transición Ecológica los cataloga como los «que no disponen de medios para renovar el edificio que ocupan, adquirir vehículos de emisión cero o de baja emisión, o pasar a modos de transporte sostenibles alternativos, incluido el transporte público».
3. Usuarios vulnerables del transporte. Por último, el tercer grupo se trataría de las «personas y hogares» que tienen «ingresos bajos y medios-bajos, y que no disponen de medios para adquirir vehículos de emisión cero y de baja emisión, o para pasar a modos de transporte sostenibles alternativos, incluido el transporte público».

Iniciativas objeto de la subvención

Entre las iniciativas, que debe proponer el Gobierno, que podrían sufragarse con los fondos europeos, están las siguientes:

1. Renovación de edificios. Específicamente de hogares vulnerables y microempresas.
2. Acceso a viviendas asequibles y eficientes.
3. Descarbonización de edificios. En ello se incluye la electrificación de la calefacción, la refrigeración y la cocina.
4. Integración de la generación y el almacenamiento de energías renovables.
5. Información, educación, concienciación y asesoramiento selectivos. Sobre las medidas y su aplicación.
6. Acceso a vehículos de emisión cero y de baja emisión y bicicletas. Entre otras cosas, incluidas ayudas financieras o incentivos fiscales;
7. Creación de infraestructuras públicas y privadas. Como la infraestructura de recarga y repostaje y el desarrollo de un mercado de vehículos de emisión cero de segunda mano.
8. Incentivos para el uso de un transporte público.
9. Incentivos para la movilidad sostenible. Tanto la movilidad a la carta como servicios de movilidad compartida y opciones de movilidad activa.
10. Ayudas directas a la renta para los hogares y usuarios vulnerables. Para reducir el impacto del incremento de los precios del combustible para transporte y calefacción.

El Gobierno elevó en febrero la elaboración del Plan Social para el Clima a consulta pública previa. Durante cerca de un mes, las personas o entidades interesadas pudieron enviar sus aportaciones para enmendar o mejorar la norma. A pesar del tiempo de margen con el que se realizó este primer paso, cuatro meses después de cerrarse la consulta pública, aún no se ha remitido el Plan a la Comisión.