El Gobierno pagó 102 millones de más por las obras de la ‘trama Cerdán’ al rechazar ofertas más baratas

La red de corrupción vinculada a Santos Cerdán, mano derecha de Pedro Sánchez hasta su entrada en prisión hace un mes, provocó el despilfarro adicional al Gobierno de España de 102 millones de euros del erario público mediante un sistema de adjudicaciones dirigidas que rechazaba ofertas más económicas para favorecer a empresas de amigos.

Los documentos oficiales de los expedientes de contratación analizados por OKDIARIO revelan que tanto la Dirección General de Carreteras como ADIF utilizaron el pretexto de «ofertas temerarias» y modificados posteriores para incrementar artificialmente el coste de al menos once contratos estatales estratégicos entre 2018 y 2021.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado un entramado que va más allá del conocido caso de las mascarillas de la pandemia de Víctor de Aldama. Las infraestructuras ferroviarias y viarias se convirtieron, tal como denunció precisamente ese empresario, en el nuevo filón de una trama que movió 687 millones de euros en adjudicaciones bajo sospecha.

El patrón de actuación se repite de forma sorprendente en casi todos los expedientes investigados. Las mesas de contratación eliminaban sistemáticamente las ofertas más competitivas alegando «presunción de anormalidad» o criterios técnicos subjetivos que favorecían a las constructoras del círculo de confianza. Aseguraban que eran cantidades demasiado bajas para ser de calidad. De esta forma se subieron los precios y a la postre, según las grabaciones de Koldo García, se pagaron comisiones ilegales.

Exclusiones millonarias

El caso más flagrante se produjo en el soterramiento ferroviario de Murcia, donde Adif descartó ofertas que habrían ahorrado 37,9 millones de euros al Estado. La documentación oficial muestra cómo una empresa fue excluida de concurso por baja «anormal» del 35,72% sobre el presupuesto base, según recoge el expediente.

En el Corredor Mediterráneo entre Murcia y Almería, tres empresas presentaron ofertas por valor de 112 millones de euros que fueron descartadas igualmente por «temerarias». ADIF adjudicó finalmente a la UTE Acciona-Ferrovial por 121 millones, provocando un sobrecoste de 8,8 millones.

El soterramiento de Sant Feliu de Llobregat siguió el mismo patrón. Acciona ganó el encargo con 51,7 millones frente a ofertas de 49,1 millones descartadas como «anormales», según consta en el expediente que, además, aparece en las grabaciones de la trama como «Sant Feliú pendiente».

La Dirección General de Carreteras, dirigida por Javier Herrero, aplicó métodos similares. En el Puente del Centenario de Sevilla, «FCC ofrece 22% de descuento y es excluida: Acciona con 18% resulta adjudicataria», provocando un despilfarro de 3,5 millones adicionales.

La línea Monforte-Lugo en Galicia concentra las irregularidades más evidentes del entramado. Seis empresas fueron eliminadas por ofertas «temerarias» en contrato millonario, según documenta el expediente oficial. La mesa de contratación tardó cuatro meses en decidir sobre ofertas temerarias tras múltiples reuniones.

Las empresas excluidas presentaron «justificaciones rechazadas» pese a aportar documentación de hasta 190 páginas. ADIF rechazó ofertas por «falta de justificación suficiente» pese a tener esa documentación extensa, según consta en las actas oficiales del proceso.

Modificados bajo sospecha

El segundo mecanismo de desfalco consistía en modificar los contratos una vez adjudicados. El encargo de Sant Feliu pasó de 51,7 millones iniciales a 62 millones finales, un incremento del 19,8% sin justificación técnica aparente.

El Puente del Centenario alcanzó los 102,8 millones desde los 71,4 iniciales, un sobrecoste del 44% que añadió 31,4 millones al presupuesto original. Los documentos evidencian que estos incrementos se produjeron tras las adjudicaciones mediante «proyectos modificados» que alteraban las condiciones iniciales.

Los dirigentes de ADIF firmaron adjudicaciones por valor de 400 millones de euros que están siendo investigadas por la UCO. Su responsabilidad en el entramado se extiende desde las obras catalanas hasta los proyectos murcianos del AVE.

Empresas beneficiarias

De esta forma, Acciona emerge como la gran beneficiaria del sistema corrupto que desveló Víctor de Aldama con el célebre documento con subrayados y anotaciones. La constructora madrileña se alzó con cuatro de los once contratos investigados: Sant Feliu, Sevilla, Murcia y La Rioja, por un importe conjunto superior a 350 millones de euros. Ha iniciado una investigación interna que aún no ha terminado. Decidirá si se persona como parte perjudicada a pesar de los indicios de que ha sido beneficiada con obras por toda España.

La trama utilizaba criterios técnicos aparentemente objetivos para justificar las adjudicaciones dirigidas. No obstante, puntuaciones técnicas «perfecta» despiertan sospechas. En un caso logró 100 puntos de 100. En la evaluación del Puente del Centenario, cosechó una calificación perfecta, algo estadísticamente improbable.

Además, los plazos de subsanación se aplicaban de forma desigual entre empresas. Mientras unas disponían de tiempo adicional para completar documentación, otras eran eliminadas por motivos similares sin oportunidad de enmienda.

El caso Koldo trasciende las mascarillas para adentrarse en el corazón de las infraestructuras españolas. Los 102 millones despilfarrados representan solo la punta del iceberg de un sistema que convirtió la contratación pública en una maquinaria de enriquecimiento personal a costa de todos los contribuyentes. Queda por saber dónde acabó el dinero público desviado por Santos Cerdán y su trama.