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El ‘caso 8-M’ es el ‘caso Sánchez’

El ‘caso 8-M’ es el ‘caso Sánchez’

La putrefacta reacción del Gobierno de Pedro Sánchez a la investigación policial y judicial del infectódromo del 8-M avecina lo que puede convertirse en el mayor escándalo de corrupción institucional desde el ‘caso GAL’. La sombra de la prevaricación ya se cierne sobre el actual presidente socialista, sin más salida que la dimisión si se confirma que fue él quien dio la orden de guillotinar al coronel Diego Pérez de los Cobos por las pesquisas que el Instituto Armado está siguiendo contra el Ejecutivo a instancia de la juez Carmen Rodríguez-Medel.

Pero antes de dimitir, algo que nunca hará el Doctor Cum Fraude, sí que debería pasar no solamente por la Comisión de Investigación que va a exigir la oposición en el Congreso, debido a su nefasta gestión en esta crisis sanitaria (40.000 muertes ya), sino también por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ya sea como imputado o como testigo, como presidente o expresidente, para confesar si fue él quién apretó el botón rojo de la destitución de Pérez de los Cobos para sabotear la investigación del 8-M, jornada tras la cual se dispararon los contagios por coronavirus en toda España.

El ‘caso 8-M’ es el ‘caso Sánchez’. El inquilino más ególatra de la Moncloa apunta a ser la X de este monumental escándalo que está dinamitando los cimientos de nuestra Democracia. Vincular al coronel con la existencia hoy de una «policía patriótica» en las filas de la Benemérita es liquidar nuestro Estado de Derecho y ponerse al nivel de una narcodictadura bolivariana. Ni más ni menos. Esto fue lo hizo el propio presidente del Gobierno de España el pasado miércoles desde la tribuna del Congreso, afirmando que el ministro del Interior «está destapando la mal llamada policía patriótica».

Sin embargo, tanto el propio Sánchez como Marlaska ya aseguraron hace un año, con el objetivo de rebatir a su hoy socio Pablenin, que la misma había sido desmantelada. ¿Pero no estaba muerta? ¿Por qué la resucitan ahora tras dos años en el Gobierno? ¿Por qué acusan a la oposición de estar urdiendo un «golpe de Estado» con policías, guardia civiles y jueces? No hay que ser un lince para dar con la respuesta. Pues porque temen ser procesados y no saben cómo ocultar de manera prolongada en el tiempo tanta negligencia mortal.

Marlaska sabe, porque así lo requirió como juez en el caso Faisán, que la Policía Judicial de la Guardia Civil no puede informar a los superiores políticos de Interior del curso de ninguna investigación emanada de una instrucción. Máxime cuando éstos pertenecen al mismo partido que el delegado del Gobierno imputado por permitir el 8-M. De la socialista María Gámez al socialista José Manuel Franco. Dar ventaja al Gobierno en una causa en la que se investiga al Gobierno es propio de tiranías y regímenes totalitarios. Cada día que pasa, Sánchez está más cerca del banquillo por el 8-M. Él lo sabe y por eso lo jaleó el otro día en el hemiciclo. Que luego no diga en sede judicial aquello de «me enteré por la prensa», como hizo Felipe González. Aquí no cabe otro plagio más, sino toda la verdad y pedir perdón.

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