La bandera de la Salle o la inversión de la culpa

Loudoun County, Virginia. Estados Unidos. Un chico transgénero que lleva falda agrede sexualmente a una niña de 14 años en el baño de las chicas. Los padres de la víctima notifican lo ocurrido a la dirección del colegio que, en vez de denunciar al criminal, encubren los hechos y como solución mandan al agresor a otro colegio donde, naturalmente y al poco tiempo, volverá a abusar sexualmente de otra chica joven. ¿Por qué se tapa lo sucedido? Un grupo de ideólogos de extrema izquierda se habían hecho con el control de la escuela pública, convirtiéndola en una especie de experimento woke.

La narrativa políticamente correcta, que afirma que el sexo no existe y que los chicos/as pueden decidir entre ser machos y hembras a voluntad, es más importante para estos zelotes que la seguridad física y el cuidado del alumnado de la escuela pública de Loudoun County. ¿Cómo van a abusar sexualmente de las chicas aquellos chicos transgénero que se visten como chicas y que, al identificarse como chicas, tienen permiso para entrar con toda normalidad el baño de las chicas? Dentro de la visión woke, estos abusos son imposibles, no pueden suceder. Así lo dicta su ideología.

Scott Smith, padre de la víctima y fontanero de profesión, está devastado. Al acudir al colegio y pedir al director que haga justicia, el funcionario se niega a ello, incluso se niega a llamar a la policía. Esto enfurece todavía más al padre de la víctima. Más adelante, como veremos, la policía finalmente sí acudirá al lugar de los hechos. Pero no para detener al agresor transgénero sino para arrestar al padre furioso que había cometido el horrendo pecado de «montar una escena» por el abuso sexual a su hija. No adelantemos acontecimientos.

En cuanto lo sucedido se convierte en la comidilla de Loudoun County, algunas familias empiezan a mostrar su enfado contra la dirección del colegio. Lógico. Por si fuera poco, son tiempos de pandemia y clases virtuales, cosa que ha facilitado que algunos padres se hagan una idea de los contenidos woke que se están enseñando a sus hijos sin su autorización: culpabilización del hombre blanco, estudios de género… En un clima cada vez más caldeado y en medio de un cabreo generalizado hacia los maestros y la misma policía, se convoca una reunión de la dirección y las familias del colegio. En el transcurso de la reunión, la directiva está a la defensiva, niega los hechos, sus miembros mienten una y otra vez, incluso alguno de ellos se ríe de los padres que esta vez, alarmados, han acudido en masa a la convocatoria. El cónclave acaba como el rosario de la aurora, con gritos, graves acusaciones cruzadas y un pequeño incidente en el que se ve involucrado el padre de la víctima previa provocación. Finalmente, el padre de la víctima es detenido por la policía y el vídeo de su detención se convierte en viral. Las redes y los medios progresistas le tratan como un criminal que ha enloquecido.

En los próximos días la imagen del Scott Smith siendo detenido por la policía se convierte en el símbolo de una guerra cultural entre unos padres que quieren saber exactamente qué se les está enseñando a sus hijos y la arrogancia de unos maestros ideologizados que se creen con el derecho de educar a las nuevas generaciones en la cultura woke sin dar cuentas a sus progenitores. Pese a que la ola de indignación crece entre las familias, en un ejercicio de soberbia, fanatismo y corporativismo, los maestros se mantienen en sus trece. No dan el brazo a torcer. Cuentan con la prensa afín del partido demócrata que barre pro domo sua en el relato de los hechos.

Después del incidente en Loudoun County, la asociación de directores de colegios a nivel nacional (National School Boards Association, NSBA) le envía una carta a la Casa Blanca. En la carta se dice que los directores de las escuelas públicas sufren «una amenaza inmediata». Se quejan de la existencia de «un número creciente de amenazas de violencia y actos de intimidación contra los directores y los maestros». Estos, en opinión de la NSBA, necesitan protección. Para finalmente insinuar en la misiva al mismísimo Joe Biden una infame acusación: «Estos actos podían ser equivalentes a una forma de terrorismo doméstico y crímenes de odio».

La NSBA sugiere que nada más y nada menos que el Departamento de Justicia (DoJ) utilice la Patriot Act, una ley de la era Bush para perseguir y castigar a los terroristas, para perseguir a estos padres díscolos que en su opinión han cruzado todas las líneas rojas. «Terroristas domésticos», esta es la acusación. El Departamento de Justicia, un organismo que normalmente tarda una eternidad en reaccionar a las peticiones que se le dirigen, esta vez sólo tarda seis días en atender a la carta de la NSBA. Y pone en marcha a todo un fiscal general (para quien «padres como el Scott Smith son una amenaza potencial») y al mismo FBI para señalar a padres rebeldes como Scott Smith y, de este modo, amedrentarlos y silenciarlos.

Por cierto, si quieren más detalles de la historia y cómo la Justicia estadounidense en manos de los demócratas se ha convertido en un arma política para perseguir a sus adversarios republicanos les remito al prefacio del reciente libro Justice Corrupted. How the left weaponized our legal system del senador republicano de Tejas, Ted Cruz. A estas alturas algunos me objetarán a qué viene contarles esta historia acaecida en un lugar tan remoto como los Estados Unidos. Desde mi punto de vista y más allá de los detalles concretos, existen algunas analogías reseñables entre el caso de Loudoun County y lo ocurrido en el colegio concertado de la Salle de Palma después de que la directiva decidiera expulsar a una clase entera de primero de bachillerato porque ésta se negaba a quitar una bandera española que habían colgado en el aula con el permiso del tutor y con… motivo del mundial de Catar, como si, ¡cielo santo!, colgar la señera nacional y, por ende, constitucional sólo fuera justificable en el contexto deportivo de un mundial de fútbol.

Cómo se invierte la culpa

La primera analogía entre Loudoun County y la Salle de Palma es la de una directiva incompetente (y mentirosa a la hora de contar los hechos a las familias) que con sus contradicciones provoca un incidente y que luego se cierra en banda en la defensa numantina de una maestra con escaso sentido común. En vez de reconocer su culpa y pedir disculpas a las familias, la dirección de la Salle prefiere tirarse al monte y culpabilizar a los chicos de «conductas disruptivas» y quebrantar las «normas de convivencia». Y no sé qué más de no comportarse según los «valores cristianos» del centro, una clarísima afrenta a los mandamientos de Dios que reclaman precisamente no invocarle en vano.

La segunda analogía con el escándalo de Loudoun County es la inversión de la culpa. Tras el impacto de la noticia, el relato de ésta (esto es, lo que la izquierda política y mediática quiere transmitir a la opinión pública) empieza a cambiar. En un primer estadio, la culpable del incidente no es ya la maestra de catalán y una directiva incompetente e hipócrita, sino los propios alumnos a los que se demoniza poco menos que como unos asilvestrados que no saben comportarse. Para salvar su trasero, no dudan en satanizar a toda una clase de alumnos y, por extensión, a sus familias. En cuestión de horas, sin embargo, la inversión de la culpa prosigue su avance y se va extendiendo a este fantasma que algunos llaman la «ultraderecha».

Las terminales mediáticas al servicio del ejecutivo autonómico, en efecto, haciendo seguidismo de Més, STEI y UOB, desvían el foco de atención: la responsable inicial del incidente se ha convertido de pronto en la víctima, en «perseguida» y «amenazada» por unos tweets. ¿De quién? De la «ultraderecha», estos enemigos internos que ponen en jaque a la democracia española y que, para colgarles el mochuelo, tanto valen para un roto como para un descosido. Convertida la causante del incidente en la víctima de las amenazas de la ultraderecha que, como siempre, «ha vuelto a rebasar otra línea roja», se suceden ahora las unánimes muestras de apoyo y solidaridad a la maestra, desde una consternada Armengol hasta el alcalde Hila. Por cierto, Armengol no se ha referido en ningún momento al señalamiento que están recibiendo también los padres (https://www.dbalears.cat/balears/balears/2022/11/27/373887/dels-instigadors-campanya-contra-professora-llengua-salle-cap-premsa-caeb.html, https://www.mallorcadiario.com/a-nosotros-y-a-nuestros-hijos-tambien-amenazado-y-ni-armengol-ni-centro-nos-han-defendido).

Por lo visto, nuestra presidenta padece de daltonismo. Y del don de la profecía puesto que sin que el inspector educativo hubiera levantado todavía acta de lo acaecido, ella se pronuncia con una seguridad a la que ni siquiera el conseller del ramo, Martí March, más moderado, se atreve. Está claro: los hechos no importan. El relato es lo importante y a modelarlo se suma con devoción la líder socialista.

La santurrona Armengol, que hace diez años se subió al carro de la insurrección contra el TIL en la que se perpetraron un sinfín de ilegalidades e irregularidades por parte de los docentes díscolos y a los que poco importó quebrantar con total impunidad las «normas de convivencia» -que ahora invoca- en los centros educativos con coacciones a los profesores que querían cumplir con sus obligaciones docentes, ahora pregona que «els centres són els que marquen les regles de convivència a les aules i els docents han de ser respectats, i la seva tasca, protegida».

La misma Armengol que se opuso a la ley de símbolos de José Ramón Bauzá que pretendía despojar a las escuelas de toda simbología política y convertirlos en centros de educación asépticos y neutrales, ahora resulta que apoya a una maestra ofendidita por tener que dar clase bajo la égida de un «trapo» rojigualdo. ¿No era partidaria Armengol entonces de respetar todos los símbolos? ¿O sólo los de un determinado sesgo? Está claro: para el socialismo matrio los hechos (o los delitos) no son lo importante sino quién los comete. Prevalece el quién al qué. Delito de autor.

La tercera analogía no es sino la consecuencia lógica de la inversión de la culpa. La izquierda y el separatismo gozan de impunidad y cualquiera que ose levantar la voz puede encontrarse con una desagradable sorpresa. A la espera de las conclusiones del inspector que, no lo duden ni por un momento, no vacilará en actuar contra los 32 alumnos y en favor de la maestra de catalán, la Abogacía de la Comunidad Autónoma, casi nada, «estudiará si el asedio y las amenazas» que ha sufrido la maestra son «constitutivas de un delito de odio». Cuidadito, cuidadito. En el punto de mira, la «extrema derecha», esta auténtica coartada para el sanchismo que le exime de todas sus pifias, corruptelas y delitos. Si no existiera, habría que inventarla, a la «extrema derecha». ¡Ay, extrema derecha, cuántos delitos se cometen en tu nombre!

La sociolingüística catalana como postre balear

La cuarta y última analogía ha sido relatada con acierto por José Manuel Barquero (https://www.mallorcadiario.com/aceite-de-ricino-en-la-salle). Se trata de la brecha entre unos docentes hiperideologizados que, en virtud de su estatus presuntamente «científico» y el poder que les confiere el Estado, se creen con el derecho y el deber de educar política y moralmente a unos alumnos en unas doctrinas con las que la inmensa mayoría de familias no están de acuerdo pero que se van abriendo paso gracias a la arrolladora maquinaria estatal y sus medios acólitos. Y no me estoy refiriendo a la insulsa y anodina doctrina católica que se imparte en los colegios religiosos concertados de la isla, tema para otro artículo y que a estas alturas debería haber alertado a la curia católica mallorquina de no ser tan acomodaticia con los signos de los tiempos. Me refiero a toda la ideología woke y que, en el caso que nos ocupa, incluiría también a sus precursores por estos lares, los catalanistas que, desde tiempo inmemorial y de modo acrítico, insuflan doctrina nacionalista en vena a los alumnos de segundo de bachillerato.

No sé si lo saben pero un trimestre del segundo curso de bachillerato de Lengua y literatura catalanas se dedica a impartir «sociolingüística catalana» que defiende posturas tan singulares como la culpabilización de los hablantes bilingües por ser cómplices de la desaparición del catalán. El principal argumento del que se vale el catalanismo para excluir el español de las aulas es que el catalán está en desventaja social y por lo tanto hay que primarlo en las aulas frente al español. Una especie de compensación lingüística. Sólo así al término de la enseñanza obligatoria, apelan estos benditos, los alumnos serán bilingües y competentes en ambas lenguas.

Pues bien, un trimestre de la asignatura de Lengua y literatura catalanas de segundo de bachillerato se dedica precisamente a demoler este mismo argumento. El bilingüismo es un mito, un pretexto, una coartada de quienes pretenden hacer desaparecer el catalán puesto que el bilingüismo social sólo lleva a la extinción de la lengua «minorizada». Repito, se trata de nacionalismo doctrinario en vena que, por cierto, se permite en Baleares, pero no en Cataluña. Nuestros políticos siguen in albis, no fuera cosa que se «entrometieran» en la sacrificada labor de nuestros catequistas sociolingüistas que, ridículamente, se disfrazan de «científicos» como si la muy discutible sociolingüística fuera una ciencia.

Así las cosas, con unos maestros que, investidos en el papel de nuevos misioneros que quieren salvar el mundo de todas sus iniquidades e injusticias, explican ideología de género o ideología nacionalista, contenidos claramente políticos sin la autorización de las familias, no es de extrañar el creciente malestar de una mayoría de alumnos y de sus padres, que, imagino, esperan otra cosa de un colegio concertado.