El acoso tributario a Madrid

La vicepresidenta tercera del Gobierno ha insistido, en una entrevista, en lo manifestado también por la ministra de Hacienda y por algunos políticos independentistas, que no es otra cosa que acusar a Madrid de “dumping fiscal. Llega a decir la vicepresidenta del Gobierno que el Ejecutivo “en el ámbito europeo tiene una posición muy activa en contra de aquellas estrategias que consisten en bajar impuestos para atraer actividad económica y es la misma que tenemos en el ámbito español”. A su juicio, el interés del Gobierno es tener “sistemas fiscales sólidos, a nivel estatal y a nivel autonómico, para que el conjunto del país tenga un sector público bien financiado y una sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo”.

Esta estrategia de perseguir tributariamente a Madrid no es nueva. El Gobierno ya pactó con los separatistas de ERC crear una comisión bilateral que persiga, en palabras de Rufián, acabar con lo que él llama el “paraíso fiscal que se ha montado la derecha en Madrid”. Dicho pacto es fruto, junto con otras muchas cesiones del presidente Sánchez, de la necesidad de contar con los independentistas para que prosperasen los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Ese pacto constituye un ataque a las competencias madrileñas y a su autonomía financiera, enmarcada en la Constitución, en la LOFCA y en la ley del Sistema de Financiación para las regiones de régimen común. Esto es insólito, por no hablar de los argumentos falsos de Rufián. ¿Qué dirían el PNV o ERC si fuese Madrid la que tratase de imponer en el País Vasco o en Cataluña una política económica? Imagínense.

Ahora bien, no nos equivoquemos: como vemos en las manifestaciones de Calviño o Montero, Sánchez y el PSOE actual persiguen lo mismo que Rufián y su formación: atacar a Madrid, tratar de imponerle normativamente, cambiando la ley, una política económica que se ha demostrado fracasada, que no es otra que la que los independentistas llevan aplicando lustros en Cataluña, la que el propio Sánchez lleva a cabo en el Gobierno de España o la que María Jesús Montero impuso en Andalucía, que se basa en gasto desmedido, impuestos confiscatorios, incumplimiento de déficit y deuda exponencial, junto con todo tipo de trabas al desarrollo económico.

Esa política aplicada por los socialistas y por los independentistas ha dado unos resultados lamentables, pues además de endeudar a los ciudadanos, ha mermado la capacidad económica de los lugares donde se ha llevado a cabo y ha esquilmado tributariamente a los contribuyentes, sin dejarles recursos suficientes para poder invertir privadamente y crear actividad y puestos de trabajo. Inversión mermada ya de por sí por la inseguridad jurídica que se genera con un continuo intervencionismo en la economía como acostumbran -y que relatábamos ayer-, que genera desconfianza e incertidumbre.

Como dichas políticas demuestran su fracaso, no toleran que la Comunidad de Madrid les ponga día tras día frente al espejo de su incompetencia y equivocación, pues al aplicar Madrid una política económica radicalmente distinta, basada en una austeridad eficiente con la mejor cobertura de servicios públicos -ahí están los hospitales, los colegios bilingües o el Metro, por ejemplo-, unos impuestos bajos que dejan a cada madrileño más de 1.100 euros al año por menor pago de impuestos para que puedan hacer con ello lo que quieran (consumir, ahorrar o invertir, en definitiva, generar actividad, empleo y prosperidad), un exquisito cumplimiento del déficit en la media de la serie desde que comenzó la anterior crisis, el menor crecimiento de deuda desde entonces a nivel regional y unas medidas económicas que allanan el camino para generar riqueza y puestos de trabajo, se notan todavía más las diferencias.

Por eso, quieren acabar con esa política económica y pactan crear una comisión bilateral que pretende diseñar la forma en la que obligarle a Madrid a subir impuestos y repiten incesantemente la idea de una deslealtad fiscal de Madrid, lo cual es falso. Si persiguiesen la eficiencia, no lo harían, pues con cinco puntos de tipo impositivo máximo en Cataluña y en Andalucía de los tiempos socialistas que Madrid, la región catalana recaudaba 1.200 millones menos por IRPF que Madrid, y en el caso andaluz su recaudación era la mitad de lo que conseguía la madrileña, pese a que la población de Madrid es inferior a ambas en más de un millón de personas. Y no se trata de un efecto capitalidad, porque de todo lo ingresado en Madrid se recibe una parte pequeña, tras reubicar los rendimientos en los lugares de cada sujeto pasivo. Madrid es capital desde hace siglos y no siempre destacó de esta manera. Se trata de que con una política de libertad económica e impuestos bajos se genera confianza, se atraen inversiones y se incrementan la activad, el empleo y, con ello, la recaudación.

Como eso se ve, tanto Sánchez como ERC envidian a Madrid e, incluso, odian a Madrid en ese formato de envidia insana. Por ello, tratan de perseguirla. Dejando al margen la discriminación y parcialidad que aplicó Sánchez en la gestión de la pandemia o el agravio tradicional a Madrid con las inversiones regionalizables de los PGE, tributariamente tampoco es la primera vez que Madrid sufre ataques. El actual Sistema de Financiación Autonómica (SFA) fue diseñado para beneficiar a Cataluña y Andalucía y perjudicar a Madrid. Como resultaba difícil hacerlo favorable a Cataluña y no a Madrid, al ser dos regiones similares, se ideó, primero, un reparto conveniente para Andalucía, entonces gobernada por los socialistas, con los recursos adicionales del sistema, para, después, imponer un reparto por población protegida equivalente en sanidad a la medida de la estructura poblacional catalana, y un límite en el fondo de competitividad que permitiese que Cataluña participase en el mismo plenamente y que Madrid perdiese, año tras año, entre quinientos y ochocientos cincuenta millones de euros, que no aprovechan a ninguna otra región, pues se queda la Administración General del Estado (AGE). Hasta ahí llega la envidia y el odio, que hace que no les interese tanto recibir más como que pierda Madrid.

Ese SFA no fue sometido a consideración de las CCAA hasta que los órganos de dirección de ERC no dieron su visto bueno al mismo un fin de semana de inicios de verano de 2009. Ahora, parece que quieren volver a hacer lo mismo: dictar en Barcelona desde el resentimiento, la envidia y el odio, con el visto bueno de La Moncloa, la política económica regional de Madrid, para impedir que unos y otros queden mal en el espejo de la incompetencia, e imponer, así, a la región madrileña una política económica fracasada. No se trata, por tanto, de financiar adecuadamente los servicios públicos. Para empezar, habría que preguntarse qué servicios públicos, pues nadie discute que se provean y financien los servicios esenciales, pero lo que sí que no se puede tolerar es el despilfarro público al que nos acostumbra la izquierda, a base de llevar la tributación a unos niveles confiscatorios. Se trata de saber gestionar mejor, de poder ofrecer los servicios públicos de manera más eficiente. Por otra parte, ¿por qué se persigue el atraer inversiones? Implícitamente, están reconociendo que una política eficiente de impuestos bajos es lo que genera actividad, pero eso deja de lado la obsesión intervencionista por lo público, el juguete con el que irrumpen en la vida de los ciudadanos para decirles qué tienen que hacer.

En lugar de procurar imitar los buenos resultados de Madrid para que el resto de ciudadanos se beneficien de la misma prosperidad, castigan a los madrileños para que sufran la misma confiscatoriedad y menor prosperidad que los ciudadanos de los lugares donde gobiernan los de Sánchez y los de ERC. Lamentable.