Podemos quiso crear una escolta paralela para su seguridad porque desconfiaba de la Policía
Podemos e Izquierda Unida planearon preparar a un grupo de «matones» para que ejercieran de escoltas de los líderes de ultraizquierda tras su llegar al poder, porque desconfiaban de los agentes de la Policía Nacional a los que tachaban de “fascistas”. Así consta en un dosier al que ha tenido acceso OKDIARIO. Responsables de la coalición se reunieron hasta en tres ocasiones con los guardaespaldas del ex presidente de Ecuador Rafael Correa. En esos encuentros le encomendaron a los escoltas Ernesto Julián Ruiz Alonso y Ángel Molina formar a militantes afines a la ideología podemita.
Fuentes internas del partido detallan que existieron tres reuniones. El primer encuentro tuvo lugar en octubre de 2018, justo antes de las elecciones generales, porque «sabían que Podemos entraría en el Gobierno y que lideraría la coalición de Izquierdas». A la reunión asistieron el secretario de Organización de Izquierda Unida, Ismael González, y el entonces escolta de Alberto Garzón y ahora de Correa, Ángel Molina. En la misma el responsable de la formación propuso fortalecer sus medios en materia de seguridad «ante la llegada de la coalición de izquierdas» y disponer de «un órgano con el que pudieran prescindir de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al igual que de empresas de seguridad privada que consideraban que eran de ultraderecha».
Ismael González manifestó que el interés del partido era la creación de una empresa de seguridad propia bajo la dirección de Izquierda Unida. Además, explicó que disponían de personal voluntario que se movilizaban durante las campañas electorales y realizaban labores de «control de personas» en los eventos, pero necesitaban «profesionalizarlos» y que trabajasen de forma coordinada. Finalmente, descartaron esta opción al considerar que no era «viable» que una organización política figurara como propietaria de una empresa de seguridad, «más si lo que se pretendía era financiar los servicios con los presupuestos asignados a los partidos que tienen presencia en el Gobierno», explican a este periódico fuentes presentes en la reunión.
Por ello, los responsables de las formaciones políticas deciden que los escoltas de Correa, Ernesto Julián Ruiz Alonso y Ángel Molina, debían crear una empresa que pudiera dar esos servicios sin tener que aparecer vinculada al partido. Esta sociedad se constituiría un año después con el nombre de R5 Personal and Corporative Services.
Fuentes presentes en el encuentro aseguran que González afirmó que el motivo por el cual el partido quería crear este servicio se debía a la necesidad de «disponer de elementos de control de seguridad y protección de los líderes», porque sentían que cada vez había más personas que no se creían sus políticas y «el acoso y las amenazas» se habían incrementado.
El segundo encuentro se desarrolló en la sede del partido del ministro Alberto Garzón. A la reunión asistió Francisco Pérez Esteban, responsable federal de Política Internacional, quien mantiene contactos directos con líderes y organizaciones de izquierdas en países como Ecuador, Nicaragua, Cuba o Venezuela, entre otros. Éste contó que mantiene contacto con Correa y que le están apoyando en los distintos conflictos que tienen abiertos con el anterior Gobierno de Lenin Moreno. Por ello, según explicó Pérez Esteban, pudieron interferir en la orden internacional de arresto contra el ex presidente ecuatoriano y se le dio apoyo en Bélgica.
Escolta paralela para la ultraizquierda
El responsable federal de Política Internacional de IU transmitió a los guardaespaldas de Correa que era «muy buena idea» que se externalizara el servicio y acordó un tercer encuentro con Enrique Santiago, actualmente secretario de Estado de la Agenda 2030, en la sede del Partido Comunista de Madrid.
En la reunión, además de los dos habituales –los responsables de seguridad del ex presidente ecuatoriano–, estuvieron presentes: Anabel Segado, abogada del Partido Comunista y letrada de la escolta de Irene Montero en el escoltagate; Carlos Vázquez, secretario de Área Externa del PCE; y Antonio Segura, que mantiene contacto con el Partido Comunista de China.
«En dicho encuentro se plantea la posibilidad de desarrollar una empresa de seguridad propia, cosa que al igual que en la primera reunión mantenida con IU queda descartada. La opción más factible es la externalización de dicho servicio, pero gestionada por miembros leales a la ideología de izquierda», revelan a OKDIARIO.
La empresa R5 Personal and Corporative Services no se crea hasta un año después, en octubre de 2019, pero durante ese tiempo «se estuvo organizando la constitución de la mercantil y se mantuvieron los contactos con las formaciones de extrema izquierda».
Podemos contrató al guardaespaldas de Correa
Unos meses después, en mayo de 2020, Podemos contrató a la consultora R5 Personal and Corporative Services para obtener toda la información referente a la seguridad del partido. Unos datos que estaban en poder, exclusivamente, del equipo informático de la formación morada, según ha podido confirmar OKDIARIO.
El propósito que buscaba el partido fundado por Pablo Iglesias con este contrato era, según explican fuentes internas de toda solvencia, «elaborar un informe» que respaldase el «despido supuestamente disciplinario» de todo el equipo informático de la organización política. En el proceso también se clonó el contenido de los ordenadores para buscar «filtradores».
De esta manera, con esa maniobra la cúpula de Podemos pasaría a ejercer el control de «todos los equipos informáticos de los trabajadores». Así, los morados podrían evitar filtraciones que pudiesen perjudicarles en investigaciones judiciales como el caso Neurona, el caso niñera o el caso Dina-Iglesias. «El objetivo se ha cumplido», aseguran a este periódico.
Con el informe de consultoría sobre la mesa, la cúpula de Podemos –capitaneada por Irene Montero y Ione Belarra– comunicó a seis trabajadores de informática su despido fulminante. Con alevosía y nocturnidad, aprovechando el mes de agosto y el bajo flujo informativo, los dirigentes podemitas cesaron por carta a todos sus técnicos. El partido argumentó en la misiva que el despido se debía a «razones disciplinarias por brechas de seguridad».