El consejero de la Embajada que perdió 2,2 millones en un banco de Panamá cobra 19.000 euros al mes

El consejero de Trabajo de la Embajada de España en Venezuela, José Francisco Armas Pérez, responsable de gestionar la Fundación España Salud (FES) que perdió 2,2 millones de dólares en la quiebra del banco panameño Allbank Corp, cobra como funcionario español un sueldo público que ronda los 269.255 euros anuales. Esta cifra equivale a 14 pagas anuales de 19.230 euros.

Después de trabajar como abogado de la UGT, Francisco Armas fue alcalde del municipio de Valverde (en la isla de El Hierro) entre 1983 y 1987, además de diputado autonómico en el Parlamento canario y senador por el PSOE. En 1985, la Audiencia Territorial de Canarias le condenó a seis años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y al pago de una indemnización de 500.000 pesetas de la época, como autor de un delito de prevaricación.

Según la sentencia, durante su etapa como alcalde Armas ordenó demoler de forma ilegal, sin ningún acuerdo del Consistorio, una escalera de mampostería y una pasarela de hormigón armado sobre la ría del Tamaduste. La sentencia fue ratificada un año después por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El Gobierno de Felipe González concedió el indulto al ex alcalde socialista el 21 de abril de 1991 y anuló su pena de inhabilitación «a condición de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo normal de cumplimiento de la condena». Esta resolución fue firmada por el entonces ministro de Justicia Tomás de la Quadra-Salcedo, como consta en la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE):

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recuperó a Francisco Armas para la política y lo colocó como consejero de Trabajo en la Embajada de España en Venezuela. Un puesto de enorme confianza, por un doble motivo: Zapatero pretendía atraerse el voto de los españoles residentes en el país, al tiempo que mimaba sus relaciones con el régimen de Hugo Chávez.

Armas coincidió en Caracas con el embajador Raúl Morodo, que está siendo investigado por la Audiencia Nacional por corrupción, ya que recibió junto a su hijo varios millones de euros de la petrolera PDVSA por labores de asesoría ficticia.

En este cargo, Francisco Armas fue el responsable de poner en marcha, desde la Embajada, la Fundación España Salud (FES) para ofrecer asistencia sanitaria y prestaciones sociales a los españoles residentes en Venezuela. El entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aprovechó un viaje al país en abril de 2006 para firmar el primer convenio por el que garantizaba la financiación pública a la FES con subvenciones de su Ministerio.

Tras la etapa de Mariano Rajoy, el Gobierno de Pedro Sánchez volvió a colocar al socialista condenado e indultado Francisco Armas como consejero de Trabajo en la Embajada de España en Caracas. Este cargo implica también dirigir la gestión de la Fundación España Salud (FES), cuyo consejo de administración preside el embajador sin competencias reales.

Bajo la gestión de Francisco Armas, la FES perdió en 2019 2,2 millones de dólares que había depositado en el Allbank Corp de Panamá, presidido por el «banquero de Chávez», Víctor Vargas, suegro de Luis Alfonso de Borbón, como ha informado OKDIARIO.

La indemnización de los funcionarios en el extranjero

Según la «relación de puestos de funcionarios» publicada por el Ministerio de Trabajo el pasado 4 de marzo, como consejero de Trabajo de la Embajada en Venezuela Francisco Armas pertenece al grupo A1 de funcionarios (el mismo que corresponde a jueces y fiscales), tiene un nivel retributivo 28 y cobra un complemento específico de 21.490 euros anuales.

De este modo, su salario público consta de un sueldo base de 16.071 euros anuales (el correspondiente al grupo A1), más 12.760 euros de complemento de destino (como funcionario de nivel 28) y 21.490 de complemento específico. Todo ello suma 50.131 euros anuales, a los que hay que añadir los trienios (cerca de 400 euros al mes).

Pero además, de acuerdo con el Real Decreto 6/1995, los funcionarios españoles destinados en el extranjero (tanto en misiones diplomáticas como, por ejemplo, en operaciones militares) se benefician de una indemnización para compensar su servicio en el exterior.

Esta indemnización es el resultado de multiplicar su retribución global por dos coeficientes, en función del país en el que están destinados: el módulo de calidad de vida (MCV) y el módulo de equiparación del poder adquisitivo (MPA). De acuerdo con la orden dictada el pasado 30 de diciembre por el Ministerio de Hacienda, el sueldo de los funcionarios españoles destinados Venezuela se multiplica por 2,8 como módulo de calidad de vida y por 1,918 para equiparar su poder adquisitivo.

En consecuencia, la retribución total de 50.131 euros del socialista Francisco Armas Pérez se multiplica por un coeficiente de 5,370. El resultado es un sueldo anual que ronda los 269.255 euros anuales, uno de los más elevados de la Administración española, equivalente a 19.230 euros al mes. Buena parte de los ingresos obtenidos por los funcionarios españoles en el extranjero está exenta de tributar en el IRPF en España, de acuerdo con las normas que aplica la Agencia Tributaria.

Como ha informado OKDIARIO, la Fundación España Salud (FES) gestionada por el consejero de Trabajo Francisco Armas tenía depositados 4 millones de dólares en el Allbank Corp de Panamá, que quebró y fue intervenido por las autoridades financieras de aquel país en septiembre de 2019.

En un primer momento, ningún despacho de abogados de Panamá accedió a representar a la Fundación FES para reclamar esta suma en los tribunales, alegando «conflicto de intereses». Finalmente, según las fuentes consultadas por OKDIARIO, la Fundación que depende de la Embajada española logró recuperar 1,7 millones de dólares, pero tuvo que dar por perdido el saldo restante depositado en el Allbank Corp de Panamá: 2.238.441 dólares.

Tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como el de Inclusión, Seguridady Migraciones se han negado a ofrecer a OKDIARIO cualquier información sobre estos hechos alegando que la Fundación España Salud es una «entidad privada de derecho» con sede en Caracas, completamente ajena a la Administración española.

Ambos ministerios se han acogido a este subterfugio legal para negarse a informar sobre el dinero que la FES perdió en el paraíso scal de Panamá. Lo cierto es que la Fundación España Salud (FES) fue creada en 2006 por el Gobierno de Zapatero, su consejo de administración se reúne en la sede de la Embajada de España, está presidido por el embajador de España en Venezuela y formado por otros cargos públicos de la Embajada española y se nancia, de forma casi exclusiva, a través de las ayudas que recibe del Gobierno español y de varios Ejecutivos autonómicos.

Pese a todo ello, ambos ministerios se han negado a informar a OKDIARIO sobre la desaparición de dos millones de dinero público en una entidad quebrada del paraíso fiscal de Panamá.