Vox en la UE

Vox alerta del plan ‘woke’ de vivienda de la UE: «Invade competencias y silencia el colapso migratorio»

El Parlamento Europeo votará la semana que viene el Plan de Vivienda pese a que la UE no tiene competencias

Vox denuncia que la UE propone vincular la promoción de viviendas a la agenda climática

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Paula Ciordia

El Parlamento Europeo votará la próxima semana el Informe sobre Vivienda, una hoja de ruta con propuestas que implican una coordinación a nivel de la Unión continental. Vox ya ha adelantado que no lo apoyará y alerta que detrás de este plan se esconde una artimaña woke para seguir «invadiendo competencias» mientras «silencia el colapso migratorio».

Para Vox, aunque el informe incluye «medidas razonables en abstracto», plantea varios problemas de fondo. El aumento del poder de Bruselas en detrimento de la soberanía nacional, así como el incremento en gasto público, el enfoque woke del cambio climático o el blanqueamiento de la inmigración con el presto de «mano de obra».

«Ni una sola referencia a la inmigración», destaca la delegación de Vox en Europa liderada por Jorge Buxadé a OKDIARIO. Para los de Vox, si se aprueba, el informe podría suponer el inicio de una nueva maquinaria (como lo fue en su día el Pacto Verde), desde la formación en este caso de la Comisión Especial sobre la crisis de vivienda en la UE en 2025 (conocida por sus siglas en inglés como HOUS).

«Lo que empieza como un texto puede terminar en una red de normativas que se traduzcan en un aumento indirecto del papel de Bruselas en el ámbito nacional a través de la creación de más fondos supeditados a una agenda ideológica», señalan. Algo que para Vox no es aceptable, por ejemplo, al vincular la promoción de viviendas a la agenda climática.

Además el informe de casi 100 páginas no menciona ni una sola vez el problema de la inmigración masiva en el impacto de la vivienda. Es «incomprensible» para el portavoz nacional de Vivienda de Vox, Carlos Quero, quien ha participado este martes en un evento para abordar las repercusiones que tendrán en España este plan, organizado por los de Abascal donde ha intervenido el secretario de Estado de Hungría, Miklos Panyi.

El madrileño, conocido por su discurso duro en materia de remigración, sostiene que en España «no se puede seguir hablando de vivienda sin hablar del problema inmigración». Mientras defiende que España es incapaz desde hace años de seguir absorbiendo «más inmigrantes». «Necesitamos que la gente se vaya de España ante el colapso y saturación que vivimos», sostiene sin medias tintas ni tapujos.

Lo cierto es que en el edificio de Willy Brandt, donde están todas las delegaciones del grupo Patriots en Bruselas, no se habla de otra cosa desde este pasado lunes en plenas conversaciones internas para fijar postura de cara al pleno de la próxima semana en Estrasburgo.

De momento, todos las formaciones de Patriots se han puesto de acuerdo en 10 enmiendas que discutirán la próxima semana en el Parlamento europeo. En cuanto al conjunto del informe, como los miembros de Patriots no tienen disciplina de voto, en el caso de Vox todavía están valorando la postura definitiva, pero han adelantado que no lo apoyará.

El partido húngaro Fidesz es también uno de los países más críticos con el plan woke de vivienda de la UE. Hungría, con uno de los gobiernos más conservadores de la UE, ha logrado revertir la caída en picado de la natalidad con políticas públicas que dan incentivos económicos y fiscales aquellas parejas que se han decidido por formalizar el matrimonio y formar una familia. Mientras ha priorizado el acceso de vivienda para los nacionales frente a los extranjeros.

Hasta el punto de que el Gobierno de Víktor Orban –que se enfrenta a su reelección en las elecciones nacionales el próximo abril– destina el 5% de su presupuesto nacional a las familias. Su lema «construir una sociedad fuerte», recuerda al de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien se ha convertido en uno de sus mejores aliados internacionales. Los datos son reveladores, en 2024 la media de propietarios en Hungría era del 92% mientras que la UE no superaba el 68%.

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