El Supremo en la diana política de la izquierda: ‘ego te absolvo’, Marchena

Para todos aquellos que tienen mala memoria, y que con frecuencia hacen una interpretación interesada de la ley, sepan que el Parlament catalán, presidido por Roger Torrent, suspendió, hará un año en el mes de julio, a los mismos cinco diputados independentistas catalanes, que se encontraban en prisión provisional, entonces investigados, por el ‘procés’. La Mesa catalana aprobó aquella decisión con los votos a favor de Esquerra y del PSC -dinamitando el pacto entre Junts pel Cat y ERC- y Oriol Junqueras y Raül Romeva enviaron un escrito para comunicar que renunciaban a ejercer sus derechos parlamentarios, en favor de Sergi Sabriá. Los republicanos acataban el auto donde el juez instructor, Pablo LLarena, recordaba al Parlament los efectos inmediatos -‘ex iure’- del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

No hay, pues, discrepancias en la aplicación de la ley por parte del Tribunal Supremo, ni dudas competenciales, entre dos poderes del Estado, sobre quién debe aplicarla a los diputados procesados y privados de libertad -el Congreso- porque el precedente era claro y la situación análoga. La única discusión es lo incómodo de cumplirla -‘por imperativo legal’- si no nos conviene. Cero protestas cuando, con arreglo al mismo ordenamiento, y en base a los argumentos ofrecidos en su auto de 14 de mayo, el Alto Tribunal autorizaba un permiso penitenciario «extraordinario» para que los presos del ‘procés’ pudieran recoger sus actas y asistir a la la sesión de constitución de las Cortes Generales.

Todo el espectáculo, bochornoso, del Legislativo tratando de eludir sus responsabilidades políticas, en un órgano político como lo es el Parlamento, y las peregrinas sugerencias de que la Justicia resolviese lo que no le corresponde -en boca de quienes llevan meses lamentándose de la judicialización del ‘conflicto’ político catalán- responde a una única finalidad: subvertir el Estado de Derecho. Primero fue su majestad el Rey Felipe VI, tras el discurso institucional previo a la aplicación del 155; luego las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que actuaron por mandato judicial; ahora le ha tocado a la Justicia. El juez Marchena es un peligro público. No quienes violentaron el orden constitucional y están siendo juzgados por ello. No, Marchena y los suyos.

Hacer saltar por los aires el Estado de Derecho es ya el objetivo coordinado de la acción política de gobierno, incluso antes de que se haya conformado, y la potestad jurisdiccional se ha convertido, casi en exclusiva, en el enemigo incómodo que lo impide. De ahí las críticas atroces, y la campaña orquestada desde la izquierda, contra el Tribunal Supremo y los siete magistrados del juicio al ‘procés’. En ellos recae, sin piedad, la noble misión de recordarnos a todos que la separación de poderes y el imperio de la ley son la única garantía de la democracia frente a las arbitrariedades y los desmanes del Ejecutivo de turno, en el poder.

El Tribunal Supremo contestaba tajante a la insólita petición de la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, solicitando un dictamen sobre la suspensión de los presos diputados. 

«La configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido», respondía Marchena, con su elegancia habitual, ante el desafío de la presidenta del Congreso, Mertixell Batet. El magistrado, con el respaldo unánime de sus compañeros, recordaba a la tercera autoridad del Estado -Estado, no Gobierno- que para esos menesteres ya están los servicios jurídicos de la Cámara Baja. El Alto Tribunal no es, ni debe ser, un órgano consultivo al servicio de su señoría ni la Justicia está para hacer política. La Justicia está para ser justa y, en este momento, eso pasa por «salvaguardar los fines de la causa penal en curso», sin distracciones ni condicionantes que puedan poner en duda la imparcialidad del tribunal o la objetividad de su sentencia futura.

Por eso, la Constitución española salvaguarda la independencia del poder judicial frente a los otros dos poderes, legislativo y ejecutivo, que ahora se empeñan en ponerlo de rodillas y en vaciarla de contenido, previo furor reformista del suicidio colectivo. Sólo así se explican las polémicas declaraciones del presidente del Senado, Manuel Cruz, asegurando que una sentencia absolutoria al ‘procés’ podría ser un primer paso para la reconducción de la compleja situación del separatismo en Cataluña. No se trata sólo de la perversión, implícita, de sugerir a un tribunal de Justicia cómo resolver una causa -de la que, todavía, está conociendo- para que las cosas se adapten a lo que mejor interese; sino, esa idea nefasta que subyace: mover líneas rojas irrenunciables para que quienes incumplen, sistemáticamente, la ley encajen desde fuera de ella. En lugar de exigirles que la respeten y la atiendan.

Así lo planearon los propios interesados en la «Ley de Transitoriedad a la República Catalana», suspendida por el Tribunal Constitucional -y prueba fehaciente de sus intenciones reales, en el juicio que se celebra contra ellos- donde se reservaba para Cataluña, tras la DUI, una fórmula política macabra: proceso constituyente impuesto, Gobierno parlamentario, democracia de partidos y, lo mollar, poder judicial sometido al poder político.

Siete magistrados, siete -Manuel Marchena, Luciano Varela, Ana Ferrer, Juan Ramón Berdugo, Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo y Antonio del Moral- soportan la enorme carga en que, en esta sociedad nuestra, se ha convertido cumplir, y hacer cumplir, la ley. Un ejercicio de riesgo que sobrellevan, ajenos a las presiones, con encomiable estoicismo. Un hombre brillante me dijo una vez que «frente a las críticas, como ante las alabanzas, la misma respuesta, indiferencia».