Los socios de Sánchez le exigen 365 millones de los Presupuestos para la «dictadura lingüística»

Tras dar por enterrada la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en español en las escuelas catalanas, Pedro Sánchez se enfrenta a nuevos chantajes lingüísticos de sus socios. Los partidos separatistas que le mantienen en La Moncloa le reclaman hasta 364,8 millones en los Presupuestos Generales del Estado para la protección del catalán y otras lenguas, utilizándolas en detrimento del español.

La partida más relevante es la que le reclama ERC para destinar parte del Perte Nueva Economía de la Lengua a promover el catalán. Se trata de un proyecto impulsado con cargo a los fondos europeos anticrisis, con el que el Gobierno dice querer «aprovechar el potencial del español y de las lenguas cooficiales como factor de crecimiento y competitividad internacional, en áreas como la inteligencia artificial, la traducción, el aprendizaje, la divulgación cultural, la producción audiovisual, la investigación y la ciencia». Para ello, cuenta con un presupuesto de 1.100 millones de euros de inversión pública, hasta 2025, además de otros 1.000 millones de inversión privada.

Los independentistas cree que «teniendo en cuenta que la lengua catalana es hablada por un 25% de la población del Estado, un porcentaje significativo tiene que ser destinado a proyectos relacionados con el catalán (y también las otras lenguas oficiales)». Por ello, reclaman que se destinen a la Generalitat separatista 68,7 millones para proyectos en catalán durante el próximo ejercicio, y 275 en los cuatro años siguientes.

Además, piden 300.000 euros para el mecenazgo en el Institut Ramon Llull, Instituto Etxepare y Academia Gallega de la Llengua, otros tantos para financiar a las productoras catalanas que «fomentan el uso y la difusión» de la lengua y medio millón para entidades socioculturales que protejan el catalán.

Contra el español

ERC firma, además, con Bidu y el BNG varias enmiendas conjuntas en las que reclaman también recursos para impulsar las lenguas autonómicas. Exigen por ejemplo medio millón para imponer a los jueces la «capacitación lingüística» en las lenguas propias. Los aliados de Sánchez quieren que se asegure el uso de estas lenguas en la Justicia, la Administración Pública y los medios de comunicación, e instan al Estado a «aumentar el personal judicial competente en esas lenguas».

Entre otras peticiones, figuran 374.000 euros para difundir la lengua y cultura gallegas, 14.000 euros para el euskera en Navarra, y 126.000 para que el Gobierno vasco pueda promover en el exterior la lengua autonómica. Todas estas partidas se retraen de los fondos destinados a la promoción y difusión educativa del español en el exterior. La Generalitat catalana reclama un millón para este fin. También se piden otros 560.000 para la Comunidad Valenciana y 187.000 para Baleares, a los que se suma otra partida similar por otros 100.000 euros.

Los socios de Sánchez promueven además el fomento del tamazigh en Melilla, con 10.000 euros, y otros tantos para la lengua árabe-dariya en Ceuta; 25.000 para la traducción de textos y publicaciones a la lengua occitana; 100.000 para promoción lengua catalana en la Comunidad Valenciana y medio millón para la promoción de la lectura y la difusión de las lenguas cooficiales. También reclaman un fondo a la cinematografía producida en las lenguas oficiales del Estado, dotado con 17.455.000 euros.

Las maniobras de Sánchez para contentar a sus socios separatistas, a cambio de fulminar el español en Cataluña, se hizo evidente hace unas semanas, cuando el presidente catalán Pere Aragonés reveló el pacto por el que el Gobierno no recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley aprobada en el Parlament para imponer el catalán en las aulas.

El acuerdo supone, de facto, una vulneración de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a impartir un mínimo del 25% de las horas lectivas en español en las escuelas.

En julio, tras la reunión de la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat, el ministro de la Presidencia ya expresó su respaldo a las aspiraciones independentistas con el catalán.

El Ejecutivo central reconoció entonces la autonomía de los centros educativos para programar su política lingüística, lo que en la práctica supone la desaparición del español. Cabe recordar que la llamada ley de «usos lingüísticos», que fue aprobada el pasado mes de julio en el Parlament, contó con el voto a favor del PSC.