Los socialistas piden en Cataluña llevar a los tribunales a policías y guardias civiles por el 1-O

PSC
Iceta y Sánchez en la Fiesta de la Rosa del PSC (Foto: Efe).
Carlos Cuesta

Los socialistas en Cataluña han decidido cargar incluso judicialmente contra la Policía Nacional y la Guardia Civil por la actuación el pasado 1-O. Lo acaban de hacer a través de un acuerdo en la Diputación de Barcelona. Un acuerdo que se ha firmado literalmente con todos los integrantes de los partidos golpistas en Cataluña: con la CUP, ERC y los convergentes.

El pacto supone la exigencia «de una investigación judicial sobre la desmesurada actuación policial hacia la ciudadanía que ejercía pacíficamente sus derechos políticos».

Es decir, que para los socialistas catalanes, el problema de lo que ocurrió en pleno golpe de estado en Cataluña el uno de octubre no fue el voto ilegal ni la reacción en las calles o la insumisión de los Mossos. No lo fue porque, según su propia versión, consideran que ese voto declarado inconstitucional por el TC era, nada más y nada menos que el ejercicio «pacífico» de «derechos políticos».

Para la firma socialista en Cataluña lo que merece una investigación policial es precisamente labor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se jugó el tipo por hacer cumplir la ley y los mandamientos judiciales.

La exigencia de llevar a los tribunales a los dos cuerpos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado coincide con la declaración conjunta con los mismos partidos de un comunicado rechazan «enérgicamente la intimidación y la violencia extrema de las actuaciones de los cuerpos policiales del Estado español a lo largo de la jornada, que han conmocionado al conjunto de la sociedad catalana».

El PSC añade en ese comunicado que «nos solidarizamos con los 893 heridos» y «celebramos y remarcamos la actitud pacífica y democrática que la ciudadanía catalana mostró en todo momento».

Los acuerdos para investigar judicialmente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y el comunicado en favor de los golpistas se han colado en medio de una agenda en la que el PSOE, de forma oficial, intenta convencer de su lealtad constitucional y de su acatamiento de las palabras de su Majestad el Rey.

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