El Senado reprueba al fiscal general del Estado con la abstención de los socios del Gobierno

El Senado ha aprobado este miércoles la reprobación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y pide al Gobierno de Pedro Sánchez que lo cese. La iniciativa ha salido adelante por la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta. Vox y UPN han votado también a favor. El PSOE ha votado en contra, mientras que sus socios se han abstenido: Junts, ERC, PNV y Bildu.

Los populares han impulsado esta reprobación al considerar que existen «razones más que sobradas» y por «los escándalos que protagoniza y que dañan la imagen» de la Fiscalía General del Estado. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo pide de esta forma la destitución inmediata de Álvaro García Ortiz por el «incumplimiento grave y reiterado de sus funciones y por su intolerable conducta en el desempeño de su cargo».

La reprobación de García Ortiz en el Senado se produce un día después de que el Tribunal Supremo acordara anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y ordenara que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre si es o no compatible que asuma el cargo al ser la pareja del ex juez Baltasar Garzón, que dirige una fundación de Derechos Humanos.

Se trata del segundo nombramiento anulado por el Supremo, debido a que hace un mes el Consejo de Ministros ejecutó la sentencia por la que el propio tribunal -el pasado noviembre- ordenó también anular el ascenso de Delgado a la máxima categoría como fiscal de sala de lo Militar del Tribunal Supremo, al entender que se produjo con «desviación de poder» por parte del fiscal general.

El PP exige al Gobierno de Sánchez que destituya a García Ortiz como fiscal general en cumplimiento del artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en concreto por el apartado que incluye como motivo de cese el «incumplimiento grave o reiterado de sus funciones».

La senadora popular María Asunción Mayo ha sido la encargada de defender esta iniciativa, asegurando que el fiscal general del Estado ha incurrido en «incumplimientos graves y reiterados», además de mostrar un «servilismo descarado» hacia el Ejecutivo de Sánchez. «No parece que pueda merecer juicio de idoneidad un candidato que ha demostrado tan deficiente esmero en la pulcritud del desempeño de sus funciones», ha indicado.

«Sesgada política»

Mayo ha recordado la anulación por el Supremo del nombramiento de Delgado. «Si tuvieran solo un mínimo de respeto institucional y decencia, solo con este varapalo ya sería suficiente para que el señor García hubiera presentado su dimisión o el Gobierno hubiera propuesto su cese», ha esgrimido durante su intervención.

Entre sus argumentos también ha incluido el cese o la «demora» de Álvaro García Ortiz en ejecutar las sentencias del Supremo «que no le son favorables» al Gobierno, además de su «sesgada política» de nombramientos «tan favorable» a miembros de la Unión Progresista de Fiscales, de la que era miembro, y haber mostrado «sintonía» con los partidos políticos que acusan de lawfare a la Justicia española. Estas acusaciones las han realizado, entre otros, los socios del Ejecutivo de Sánchez como Junts y ERC.

La senadora ha sostenido que, para «recuperar el prestigio de las instituciones», el Gobierno de Sánchez tiene que acordar «ya» el cese de García Ortiz. «Y mejor aún, que aproveche para evaluar su propia idoneidad y cese el Gobierno entero, que están fiscal general y Gobierno al mismo nivel de descrédito», ha remarcado.

«Este episodio tragicómico es el mejor reflejo de lo que pasa ya desde hace tiempo con el señor Sánchez que manosea, coloniza, y desprestigia todas las instituciones a su alcance», ha apostillado.

«Uso partidista»

Por su parte, Vox ha pedido la destitución de Álvaro García Ortiz por su «carencia de imparcialidad», «uso partidista» y «favoritismo hacia sus fines», además de criticar el «trato de favor» a su antecesora, Dolores Delgado, para nombrarla fiscal de sala. Así lo ha explicado Paloma Gómez, senadora del partido liderado por Santiago Abascal.

Gómez ha arremetido contra el fiscal general por su «agresión a la separación de poderes y al Estado de Derecho», por desvelar datos de «confidencialidad» en el caso de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y por «posibles injerencias» en los resultados de las últimas elecciones generales, acusándole de dar órdenes para parar la tramitación del caso Koldo.

El PSOE ha defendido al fiscal general del Estado y ha acusado al PP de arremeter contra la Justicia «siempre que están acorralados por la corrupción». El senador socialista José María Oleaga ha destacado el currículum «muy brillante» de García Ortiz y su papel como experto en delitos medioambientales. A su juicio, el PP lo ataca porque fue el fiscal del caso Prestige.

La misma defensa ha hecho de Dolores Delgado, de la que ha elogiado su currículum «brillantísimo», destacando su lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el terrorismo tanto de ETA como yihadista.

«No vamos a defenderle»

Por su parte, el senador de Junts Josep Lluís Cleries ha recriminado tanto a PP como a PSOE querer controlar la Justicia y la Fiscalía para usarla contra el independentismo catalán. «Nos pone muy difícil saber quién lo hace peor», ha sostenido en su intervención.

ERC ha optado también por la abstención, aunque ningún senador de esta formación ha intervenido porque el debate de este miércoles «es una guerra más entre PSOE y PP». «Y desde ERC en ningún caso vamos a entrar a defender al fiscal general del Estado», afirman fuentes del partido separatista.

El PNV pide «mayor independencia» para quien ocupe el puesto y ha asegurado que la situación actual «es un problema estructural, no de García Ortiz». «El problema es la falta de división de poderes. El fiscal general cesa cuando cesan los ministros, como si fuese un ministro más, como si fuese una parte más del Ejecutivo», ha señalado el senador Igotz López.