Mónica García creará una ‘comisión de expertos’ con asociaciones afines para apoyar su veto a la privada

La ministra de Sanidad, Mónica García, creará una comisión de expertos que tendrá voz a la hora de poner en marcha su veto a la sanidad privada. La dirigente de Más Madrid ha anunciado este martes que cualquier privatización tendrá que pasar dos filtros: por un lado, un examen objetivo sobre si su función la puede ejercer un centro público y, por otro lado, un dictamen de ese organismo de nueva creación con asociaciones civiles.

Según fuentes de la cartera de la dirigente de Más Madrid, el mayor peso sobre si se debe vetar una concesión a la sanidad privada lo tendrá el examen objetivo de por qué «no puede prestarlo con recursos propios». Y ponen como ejemplo que si se quiere privatizar los cribados del cáncer, se deberá demostrar que se puede hacer «gastándose ese mismo dinero» en la sanidad pública.

Sin embargo, el comité de expertos con «profesionales, organizaciones y sociedad civil» tendrá que emitir «una recomendación» que será escuchada por el Ministerio de Sanidad. Los componentes de ese organismo harán de «vigilantes», según las fuentes de la propia cartera.

Mónica García ha utilizado esta medida para cargar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: «La señora Ayuso ha salido a decir que lo que queremos es cargarnos la sanidad; señora, queremos cargarnos su chiringuito».

La ministra de Sanidad ha criticado también a los grupos hospitalarios Quirón Salud y Ribera Salud, que colaboran con la Comunidad de Madrid. «Durante demasiado tiempo ha permitido que la gestión de la sanidad pública pueda tener una orientación hacia el beneficio económico», ha espetado la dirigente de Más Madrid, criminalizando a ambas empresas.

Además, ese nuevo texto legal limitará la gestión indirecta a «casos excepcionales» en los que «la gestión pública demuestre que no tiene capacidad para hacer determinadas actuaciones». Y asegura que hoy se hace «por capricho o ideología».

Mónica García se vanagloria de que su nueva norma permite un «control democrático de la gestión sanitaria». «Independientemente de si un centro sanitario tiene un modelo de gestión u otra, tendrá que dar cuenta; estarán sujetas a las mismas exigencias de información pública y las mismas exigencias de cómo el modelo está afectando a los resultados en salud», ha subrayado.

Norma que despierta preocupación

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a petición del Ministerio de Sanidad de Mónica García, el anteproyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que derogará la Ley 15/1997, que permite la colaboración público-privada en la sanidad, con el objetivo de limitar este modelo.

La futura ley impulsada por Mónica García para limitar la colaboración público-privada en Sanidad ha generado preocupación entre profesionales y pacientes, ya que podría tener un impacto directo en la atención sanitaria en todo el país. Según advierten desde el sector, restringir estos acuerdos pondría en riesgo la realización de cirugías y agravaría las listas de espera, al reducir la capacidad asistencial que actualmente complementa al sistema público.

«Para mí esta ley es una ley que, personalmente, me parece que es un triunfo de la sociedad civil, un triunfo de las demandas ciudadanas desde hace muchísimos años», ha celebrado la ministra.

Sin embargo, expertos y asociaciones del ámbito sanitario consideran que esta medida podría retrasar el acceso a procedimientos esenciales, afectando especialmente a comunidades como Madrid, donde la colaboración público-privada es clave para garantizar la rapidez y eficiencia en la atención médica.

Isabel Díaz Ayuso ha reaccionado a la noticia con preocupación, y ha cargado contra el Gobierno por querer acabar con la sanidad de la comunidad que ella preside. «Ahora se celebra el Consejo de Ministros que tiene como absoluta obsesión la Comunidad de Madrid, amenazando, mintiendo e imponiendo», ha declarado la líder madrileña.