El Gobierno aprueba la ley de Mónica García que veta a la Sanidad privada para combatir las listas de espera

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha denunciado que la futura ley anunciada para limitar la colaboración público-privada en el sistema sanitario supone un nuevo ataque directo a Madrid y responde, a su juicio, a una estrategia política liderada por la ministra de Sanidad, Mónica García. Matute ha señalado que García «no es ministra de Sanidad ni lo ha sido nunca», porque su papel es ser candidata a esta comunidad y enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso. Así explicaría una ofensiva continuada que, según sostiene el Ejecutivo regional, «se impulsa desde la Moncloa y distintos ministerios» con medidas dirigidas específicamente contra la comunidad madrileña.

De esta forma, la futura ley impulsada por Mónica García para limitar la colaboración público-privada en sanidad ha generado preocupación entre profesionales y pacientes, ya que podría tener un impacto directo en la atención sanitaria en todo el país. Según advierten desde el sector, restringir estos acuerdos pondría en riesgo la realización de cirugías y agravaría las listas de espera, al reducir la capacidad asistencial que actualmente complementa al sistema público.

Expertos y asociaciones del ámbito sanitario consideran que esta medida podría retrasar el acceso a procedimientos esenciales, afectando especialmente a comunidades como Madrid, donde la colaboración público-privada es clave para garantizar la rapidez y eficiencia en la atención médica.

El Consejo de Ministros aprobará este martes, a petición del Ministerio de Sanidad, el anteproyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que derogará la Ley 15/1997, que permite la colaboración público-privada en la sanidad, con el objetivo de limitar este modelo y blindar la sanidad pública.

La cartera sanitaria del Gobierno lleva trabajando en esta normativa desde 2024 y, el pasado diciembre, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció su intención de llevarla a Consejo de Ministros a principios de 2026. De este modo, la nueva norma no permitirá el modelo de Torrejón, el de Alzira o el de la Fundación Jiménez Díaz, dando prioridad a la gestión pública directa de los servicios sanitarios y limitando la entrada de empresas con ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública. Según explicó García, el objetivo no es acabar con la colaboración público-privada, sino con los «desmanes».

Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros, la nueva ley iniciará su tramitación, que incluirá la fase de consulta pública, vuelta al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley en segunda vuelta y, posteriormente, pasará al Congreso de los Diputados. 

La sanidad privada, cansada de su utilización

El sector de la sanidad privada en España ha reaccionado con dureza ante la propuesta del Ejecutivo para limitar la colaboración público-privada en la sanidad, impulsada por la ministra de Sanidad, Mónica García, con el objetivo de blandir el sistema frente al ánimo de lucro y los fondos de inversión. La sanidad privada ha denunciado que los informes y planteamientos del Gobierno buscan desacreditar la contribución del sector privado y ha tildado de «intolerable» la utilización de datos que, según afirma, falsean la realidad para justificar la nueva normativa.

Se advierte de que retirar o restringir la colaboración con entidades privadas podría poner en riesgo la capacidad del sistema sanitario para hacer frente a la demanda asistencial, y argumentan que la privada siempre actúa bajo petición del sistema público y aporta eficiencia económica y capacidad adicional que, de no existir, podría llevar al fallo del propio SNS.

Además, otra voz destacada en el sector, la Fundación IDIS, ha calificado cualquier intento de limitar de forma generalizada estas colaboraciones como un retroceso asistencial y organizativo. Representantes de esta organización han subrayado que la complementariedad entre lo público y lo privado es «un pilar esencial» para la sostenibilidad sanitaria y que las recientes propuestas legislativas responden más a un debate ideológico que a un análisis técnico del funcionamiento real del sistema.