La Fiscalía de Sánchez purga a la fiscal que quería admitir a trámite la querella del novio de Ayuso

La fiscal apartada del caso veía indicios de delito de revelación de secretos en el ataque sufrido por Ayuso a cuenta de su pareja

Ver vídeo
Roberto Pérez
  • Roberto Pérez
  • Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.

La Fiscalía General del Estado controlada por Pedro Sánchez ha purgado, sin disimulo alguno, a la fiscal que estaba a favor de que se investigara un presunto delito de revelación de secretos sufrido por el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La fiscal purgada es María de la O Silva. Le había tocado este procedimiento, pero su criterio no es del gusto del Gobierno. Sánchez dejó claro hace tiempo que el Ministerio Público depende de su ordeno y mando –»La Fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso»–, y en este caso ese poder ha caído a plomo contra la fiscal que operaba con independencia en estas diligencias.

El novio de Ayuso, Alberto González Amador, denunció haber sido víctima de un delito de revelación de secretos cometido presuntamente por fiscales que tenían acceso al pleito que mantiene con la Agencia Tributaria por posible delito tributario. El asunto se filtró e inmediatamente, de forma sincrónica, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, activó la particular cacería política contra Ayuso, a la que exigió que diera «explicaciones» por –dijo– estar «viviendo en un piso que se pagó con fraude a Hacienda».

La pareja de Ayuso anunció acciones legales por ver vulnerada no sólo su presunción de inocencia sino, ante todo, el secreto debido que se impone a cualquier expediente de la Agencia Tributaria sobre un contribuyente.

Las sospechas de que esa filtración ha sido interesada son gruesas. La rapidez con la que la vicepresidenta Montero utilizó el asunto no hizo más que abonar la tesis, y puso en el disparadero a los fiscales que tenían acceso a las diligencias de ese pleito tributario.

El novio de Ayuso presentó la querella por un delito de revelación de secretos y, como es habitual, este asunto cayó en una fiscal de turno. En este caso, María de la O Silva. Ella consideró que había indicios suficientes como para abrir una investigación, que la querella tenía base y que, por tanto, tal y como marca la legislación, en estos supuestos la instrucción es obligada.

La postura jurídica de la fiscal chocaba de lleno con los intereses de Moncloa, y al final esa defensa de sus obligaciones como representante del Ministerio Público le han costado su purga, según ha avanzado este domingo El Periódico y han confirmado fuentes judiciales. La Fiscalía General del Estado ha dado un golpe de mano: María de la O Silva ha sido apartada del caso y ha encomendado el asunto a otro fiscal más al gusto de Álvaro García Ortiz y, por ende, de quien le agració con el cargo de fiscal general, Pedro Sánchez.

Eso sí, la purga, sobre el papel, no la ha ejecutado directamente García Ortiz sino su segunda, de su total confianza y fidelidad, María Ángeles Sánchez Conde, a la sazón teniente fiscal del Tribunal Supremo. Sánchez Conde, previamente, ya había forzado una votación en la Junta de Fiscales de Sala en la que, por la mínima, se impuso la opción preferida por Moncloa de cerrar el paso a la querella presentada por la pareja de Ayuso.

A partir de ahora, en vez de María de la O Silva, díscola bajo los parámetros de parte al gusto de Moncloa, el representante del Ministerio Público en esa querella del novio de Ayuso será el fiscal superior de Extremadura.

Lo último en España

Últimas noticias