Fiscalía General del Estado

El fiscal general a la desesperada: recusa a todos los jueces del Supremo que decidirán su continuidad

Álvaro García Ortiz recusa a los magistrados argumentando una supuesta falta de imparcialidad

El fiscal busca que su caso sea revisado por otros magistrados sin previos pronunciamientos negativos sobre él

álvaro garcía ortiz fiscales 1-O
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un incidente de recusación contra todos los magistrados del Tribunal Supremo encargados de decidir sobre su continuidad en el cargo. El máximo responsable del Ministerio Público ha dirigido esta acción legal contra los cinco magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, quienes tienen bajo su jurisdicción un recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) impugnando su nombramiento como fiscal general del Estado.

Estos mismos magistrados fueron responsables el pasado noviembre de anular el nombramiento de la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, como fiscal togada del Supremo, acusando a García Ortiz de «desviación de poder» por supuestamente buscar asegurar la promoción de Delgado dentro de la carrera fiscal. Además, esa misma sección ha anulado el nombramiento de la ex ministra como fiscal de sala de lo Militar, primero, y de Memoria Democrática, después.

La recusación se fundamenta en la percepción del fiscal general de que estos magistrados podrían carecer de imparcialidad para decidir sobre su futuro en la Fiscalía General del Estado, especialmente después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le calificara como «inidóneo» para el cargo, citando entre sus razones la mencionada sentencia del Supremo.

Además de estos argumentos, García Ortiz hace referencia al caso del magistrado José Luis Requero, quien, un día después de la mencionada sentencia contra Delgado, publicó un artículo en prensa criticando la supuesta falta de independencia del Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado.

Por lo tanto, solicita que su caso sea revisado por otros magistrados que no tengan previos pronunciamientos o comentarios negativos sobre él, como considera que ocurre con la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso. La resolución de esta cuestión corresponde a la llamada Sala del 61, una instancia especial del Tribunal Supremo establecida en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Entre sus competencias se encuentra la de abordar «los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo o de los presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una Sala», como es el caso presente.

Presidida por Francisco Marín Castán, la Sala del 61 está compuesta por los presidentes de las cinco salas del Tribunal Supremo, así como por el magistrado más antiguo y el más reciente de cada una de ellas.

La APIF presentó un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo contra el nombramiento de García Ortiz, argumentando que su conducta y su presunta parcialidad a favor del Gobierno demuestran que su designación no cumple con la ley.

Según denuncian, García Ortiz ha mostrado una parcialidad evidente al respaldar al Gobierno, al tiempo que ha descuidado sus obligaciones con la institución y sus fiscales, faltando el respeto al Consejo Fiscal al arrogarse algunas de sus facultades decisionales. Por tanto, consideran que carece de las cualidades necesarias para desempeñar el cargo de Fiscal General del Estado de forma imparcial y no partidista.

Quejas

García Ortiz se encuentra muy tocado tras varios de sus nombramientos  anulados y tras dos casos en los que la Justicia ha tumbado los argumentos de la Fiscalía: la investigación por terrorismo al grupo violento Tsunami en el Supremo y las diligencias por revelación de secreto de fiscales en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El fiscal general ha lamentado públicamente que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha cambiado «ahora» su jurisprudencia introduciendo «otros criterios diferentes a los que marca específicamente el estatuto» tras anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática.

A su juicio, la exigencia de la Sala Tercera respecto a los nombramientos del fiscal general «ha subido a la disputa jurídica». «Prácticamente el fiscal general podía nombrar a la persona que considerara más idónea y más conveniente porque los requisitos legales estaban ahí», ha declarado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Aunque dice que ejecutará la sentencia en la medida de «volver al lugar de origen». Es decir, al inicio del Consejo Fiscal para «examinar si esa incompatibilidad existe o no». Los fiscales contrario a García Ortiz sostiene que Delgado no puede ser fiscal de Memoria cuando su pareja, el ex juez Baltasar Garzón, se dedica a esos temas.

De esta forma, el fiscal general defiende el nombramiento de Delgado esgrimiendo que tomó esta decisión ya que la «incompatibilidad era tan evidente que no existía». Según ha indicado, plantearla al Consejo Fiscal «no era más que una táctica dilatoria» para impedir que fuera nombrada en la legislatura. «Esa es la base de toda discusión», ha agregado.

Sobre si ha hablado con Dolores Delgado tras conocerse el fallo del Supremo, García Ortiz ha afirmado que ella se encuentra bien aunque «preocupada» por la Fiscalía de Memoria Democrática, que es «pionera en el mundo» y que da reconocimiento y dignidad a las víctimas.

Por otra parte, García Ortiz ha defendido la nota de prensa que emitió la Fiscalía de Madrid sobre el caso de la pareja de la presidenta madrileña: «No podemos consentir que se dé una información falsa sabiendo nosotros que esa información es falsa». Asume en primera persona el comunicado y subraya que «no se puede intimidar a dos fiscales en el ejercicio de su profesión por quienes presuntamente han cometido los delitos».

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