Tribunal Supremo

El Supremo anula también el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática

El Tribunal Supremo ya había anulado el ascenso de Delgado a la máxima categoría fiscal en la Sala de lo Militar

García Ortiz impidió estudiar la incompatibilidad ya que su pareja Garzón dirige una fundación de Derechos Humanos

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El Tribunal Supremo ha tumbado de nuevo un nombramiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, esta vez, por proponer como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos a su amiga Dolores Delgado. La Sala de lo Contencioso ha estimado los recursos de la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal candidato a la plaza Luis Ibáñez. Tras el varapalo del Alto Tribunal, anulando su nombramiento como en la máxima categoría de la carrera fiscal, en la especialidad de Militar, ahora hace lo mismo con su nuevo destino. En este caso, lo inadecuado del nombramiento se acentúa por un posible conflicto de intereses, su matrino, el ex juez Baltasar Garzón, trabaja en asuntos ligados con la memoria histórica y el derecho humanitario en países extranjeros.

La AF ya preveía este fallo y alertaba de «las más que previsibles consecuencias que puedan derivarse del nombramiento impugnado, afectando negativamente al correcto funcionamiento de una plaza tan relevante en la organización del Ministerio Público».

En este marco, la asociación mayoritaria en la carrera fiscal subraya que «el Ministerio Fiscal es una organización pública cuyos principios de actuación y reglas básicas de funcionamiento se establecen directamente en la Constitución, preservando a la institución de coyunturales vaivenes políticos».

Fue el pasado julio cuando la AF, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez –que también optaba al puesto– recurrieron la designación de Delgado para Memoria Democrática y Derechos Humanos.

El papel de Garzón

A juicio de los recurrentes, el nombramiento no fue válido porque el fiscal general, Álvaro García Ortiz, no dio opción a estudiar si Delgado incurría en causa de incompatibilidad, porque su pareja, el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dirige una fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos.

Por este motivo, la mayoría del Consejo Fiscal (los siete vocales de la AF y la APIF) se abstuvo de participar en la deliberación y votación de la plaza, por lo que, según defendían, el órgano consultivo no emitió informe válido.

El Supremo ya resolvió el pasado noviembre el recurso presentado por el fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda contra el ascenso de Delgado como fiscal de la Sala de lo Militar del Supremo, anulando dicho nombramiento. Ahora mantiene el criterio y vuelve a asestar un duro revés al fiscal general nombrado por Pedro Sánchez.

«Desviación de poder»

En esa otra anulación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ordenó retrotraer las actuaciones «al momento inmediatamente anterior» a que García Ortiz propusiera la promoción de Delgado a fiscal de sala –máxima categoría de la carrera fiscal– con destino en la Fiscalía Togada del Supremo.

Los jueces del Alto Tribunal estipularon que García Ortiz había incurrido en una «desviación de poder» porque, en el Pleno del Consejo Fiscal donde se decidió el ascenso, dijo que debía hacer el nombramiento a Delgado por el mero hecho de haber sido fiscal general. «Y ello no es, desde luego, el fin que el ordenamiento jurídico atribuye a la potestad de convocar y resolver vacantes en el empleo público, incluidas las plazas del Ministerio Fiscal», replicó el Supremo.

Hasta ahora Delgado ha estado en Memoria Democrática y Derechos Humanos y eso, aunque fuentes jurídicas aseguraban que no podía seguir en el puesto porque perdió la categoría necesaria para ejercer el segundo cargo. En cambio, desde Fiscalía esgrimían que, dado que este nuevo destino también era para fiscal de sala, puede considerarse que se ratificó el ascenso sobre la marcha.

De esa forma, el jefe del Ministerio Público propuso nombrar a Delgado al frente de la nueva fiscalía especializada de marcado corte politizado, pese a que ésta solo recogió los votos a favor de un vocal de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –a la que pertenecieron tanto él como ella– y de las dos vocales natas afines a García Ortiz. Otro vocal de la UPF se inclinó por el otro candidato y dejó tirada a su compañera de filas. Aunque el Consejo Fiscal es un órgano consultivo y es el fiscal general quien tiene la última palabra, el Supremo ha corregido a García Ortiz.

El Supremo ha tumbado esa designación un mes después de que el Gobierno de Pedro Sánchez llevara a efecto la sentencia por la que la misma sala del Supremo ordenara anular el ascenso de Delgado a la máxima categoría como fiscal de sala de lo Militar del Supremo.

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