Los fiscales amenazan con denunciar a García Ortiz ante el Supremo si no les deja opinar de la amnistía

La batalla definitiva sobre si la Fiscalía debe pronunciarse sobre la Ley de Amnistía por la que se olvidarán los delitos cometidos por los independentistas se librará en el Consejo Fiscal que se celebra esta mañana del 25 de abril. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha negado a pronunciarse pese a la petición del Senado que reclamaba al Ministerio Público que hiciera una valoración sobre el texto. Fuentes consultadas señalan que si el Fiscal General continúa amordazando a los fiscales sobre la amnistía, podrían llevar el asunto al Tribunal Supremo por vía de lo Contencioso. 

El pasado 27 de marzo, la Cámara Alta —en la que el PP tiene mayoría— solicitó a la Fiscalía que hiciera un informe técnico sobre la amnistía. El fiscal general se negó a ello por carta alegando que, al tratarse de una proposición de ley y no de un proyecto de ley, el Consejo Fiscal no tenía competencias para pronunciarse. Sin embargo, éste no es el sentir general de la mayoría de los fiscales que componen este órgano, que sí quieren ofrecer sus conclusiones sobre el texto pactado por Pedro Sánchez con los independentistas, con el que logró los apoyos necesarios para su investidura.

Al conocer la petición ocultada en un primer momento por el fiscal general, la asociación mayoritaria de la Carrera Fiscal, la Asociación de Fiscales (AF), ha elaborado un borrador, de más de 100 páginas, contrario a la amnistía. En este documento exponen las razones por las que el texto aprobado por Sánchez es inconstitucional y contrario al Derecho Europeo. En concreto, los fiscales de la AF consideran que esta ley «vulnera el principio de igualdad ante la ley» y «supone la quiebra del principio de separación de poderes como elemento estructural del Estado de Derecho».

Pese a estar ya redactado, este informe no se votará en el Consejo Fiscal. Álvaro García Ortiz tan sólo ha incluido en el punto decimosegundo de la reunión la información planteada. «No deja que se vote el borrador, se hablará un rato sobre las razones por las que el fiscal general se niega, se protestará y habrá bronca», señalan fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO.

Estatuto de la Fiscalía

El artículo 10 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala que la Fiscalía «colaborará con las Cortes Generales a requerimiento de éstas y siempre que no exista obstáculo legal, sin perjuicio de comparecer ante las mismas para informar de aquellos asuntos para los que especialmente fuera requerido». Éste es el caso de lo ocurrido, puesto que el Senado de España ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre la amnistía.

Una parte mayoritaria del Consejo Fiscal ha exigido en diversas ocasiones a Álvaro García Ortiz posicionarse sobre la amnistía, aunque no sea estrictamente necesario. El Consejo es un órgano de asesoramiento del fiscal general con algunas facultades decisorias, entre las que García Ortiz impone su criterio.

García Ortiz y el Supremo

No es la primera vez que los fiscales llevan a Álvaro García Ortiz al Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso contra la renovación de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado interpuesto por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Los fiscales argumentaban que el nombramiento no era procedente «por la reiterada sucesión de errores jurídicos, despropósitos y omisiones graves en el desempeño de las obligaciones derivadas del cargo».

El señalamiento para deliberar llegará tras el verano, según fuentes consultadas por este periódico. Aún por el momento, la petición ya ha cumplido los trámites solicitados por el Supremo y la APIF ha presentado una demanda con todos los datos para sustanciar el recurso.

Previamente, el Supremo le señaló en una sentencia por «desviación de poder» al nombrar a Dolores Delgado como fiscal de la Sala de lo Militar. La Sala acabó anulando este nombramiento tras la maniobra de Álvaro García Ortiz. La Asociación de Fiscales impugnó este nombramiento que fue finalmente tumbado por el Alto Tribunal. Esta misma asociación con representación en el Consejo Fiscal también ha pedido su dimisión públicamente apoyándose en el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que por primera vez en la historia de la democracia declaró al fiscal general «no idóneo».