Sánchez infiltró policías en el separatismo amparándose en la Estrategia Nacional contra el Terrorismo

La polémica enmienda pactada por Pedro Sánchez con Junts y ERC para incluir el terrorismo entre los delitos amparados por la Ley de Amnistía choca con las actuaciones que, desde el propio Gobierno, se han venido realizando sobre los separatistas catalanes. Hace dos años, el Ministerio del Interior justificó la infiltración de policías en organizaciones separatistas en Cataluña amparándose en la propia Estrategia Nacional contra el Terrorismo, que fue aprobada en 2019 por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo trasladó el departamento de Fernando Grande-Marlaska en respuesta a una demanda presentada por la plataforma Òmnium Cultural en la Audiencia Nacional, en la que denunciaba la infiltración de un agente de la Policía Nacional en el Sindicato de Estudiantes de los «Países Catalanes», entre otros colectivos separatistas.

Interior justificó la técnica empleada como «legítima, idónea y oportuna» y se amparó, específicamente, en la mencionada Estrategia Nacional contra el Terrorismo, que recoge que «los extremismos identitarios excluyentes que pueden derivar en violencia y verse incrementados en un entorno de crisis económica, constituyen una de las notas preocupantes en la actualidad».

«El auge de extremismos y de posiciones excluyentes que se vienen generando en gran parte de los países desarrollados, en Europa particularmente, están dando origen a unas dinámicas violentas y filo-terroristas entre sectores minoritarios de nuestra sociedad a las que hay que prestar atención», concluía el escrito presentado por Interior, en el que se hacía también referencia a la Estrategia de Seguridad Nacional.

En función de ello, el departamento justificó que los agentes realizaban su labor «dentro de los parámetros de la norma» y con técnicas operativas previstas en la Estrategia contra el Terrorismo, atendiendo a que en Cataluña se había «producido violencia grave y visto afectado tanto el libre ejercicio de derechos y libertades como la seguridad ciudadana». «Situaciones que, de manera ilícita, pretenden subvertir el orden constitucional y legitiman la actuación de los servicios de información de Inteligencia».

El texto destacaba, asimismo, el llamamiento del independentismo a «participar en acciones manifiestamente ilegales» y a «realizar actos de sabotaje contra instalaciones públicas», señalando que estas acciones ponían «en riesgo los bienes jurídicos recogidos en la Constitución».

La respuesta de Interior generó un fuerte malestar entre el separatismo, que denunció la existencia de «una estrategia de Estado para vincular el independentismo al terrorismo», según recogió Òmnium en un comunicado.

❗️ El Ministeri de l'Interior avala la guerra bruta: vincula el moviment independentista amb el terrorisme i justifica les infiltracions al @SEPC_nacional i al @JoventRepublica pic.twitter.com/OUL8xbWM3u

— Òmnium Cultural (@omnium) September 5, 2022

Preguntado por este asunto, Marlaska respondió entonces que España es «un Estado de derecho y que la función de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es garantizar la seguridad y el conjunto de derechos y libertades de los ciudadanos y para ello proceden con estricto sometimiento al ordenamiento jurídico».

Enmienda sobre el terrorismo

La relevancia que el Gobierno otorgaba entonces a las actividades de ciertos sectores del independentismo radical chocan con el acuerdo con Junts y ERC para que la futura Ley de Amnistía beneficie incluso a los condenados por terrorismo.

La polémica enmienda pactada esta semana trata de limitar los delitos terroristas que quedarán excluidos de la amnistía, exigiendo que hayan causado «de forma manifiesta y con intención directa violaciones graves de derechos humanos», lo que sugiere la existencia de un terrorismo que no violaría esos derechos. Y cita «en particular» las «violaciones» previstas «en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos», que hacen referencia a la vida y las torturas.

Con ello, Pedro Sánchez atendía al deseo de sus socios separatistas de blindar a los investigados por terrorismo en los casos de los Comités de Defensa de la República (CDR) y Tsunami Democràtic, entre ellos, el ex presidente catalán Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira.

Cabe recordar que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha apuntado que los hechos cometidos por Tsunami Democràtic pueden ser calificados como «terrorismo». Este mismo jueves, el juez asestó un golpe a los planes del Ejecutivo y sus socios con un auto en el que sostiene que algunos hechos graves cometidos durante el proceso separatista tendrían encaje en ese artículo 2 del Convenio de Derechos Humanos, es decir, que no quedarían amparados por la Ley de Amnistía. En concreto, García-Castellón hace alusión a las graves lesiones sufridas por dos agentes de Policía durante los disturbios en la plaza de Urquinaona de Barcelona, en octubre de 2019.

Uno de los agentes sufrió un golpe en el casco, provocado por un objeto contundente lanzado por uno de los participantes en los disturbios y, como consecuencia de «la brutalidad del impacto» el casco se fracturó y el agente se desplomó inconsciente, «sufriendo una serie de lesiones que le han inhabilitado para el ejercicio de su profesión».

«Es por ello que no puede minimizarse esta acción ni el resultado grave que ocasionó, incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y del que podrían ser partícipes los investigados», concluye el juez en su auto.