Sánchez blinda a los okupas «por la guerra de Ucrania» e impide a los dueños recuperar sus viviendas

El Gobierno someterá este miércoles a convalidación del Congreso de los Diputados el real decreto, aprobado el pasado diciembre, de medidas «anticrisis» que, entre otras, prolonga la prohibición de desahuciar a personas «vulnerables» y a okupas durante todo este año. El decreto extiende las medidas que fueron aprobadas en plena pandemia, en 2020, según las cuales se impedía a los propietarios recuperar su vivienda en caso de impago del alquiler por parte de sus inquilinos o, directamente, en el caso de okupaciones.

Pese a que la situación de pandemia es ya inexistente, y con ello las consiguientes consecuencias económicas que se vivieron entonces, el Ejecutivo alega ahora que «es necesario atender a la realidad social y económica de los hogares en el contexto del proceso de mitigación de la dinámica inflacionista y de la prolongación de las consecuencias de la situación internacional, extendiendo determinadas medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda», que fueron adoptadas entonces para hacer frente al Covid-19.

La razón que esgrime esta vez el Gobierno para impedir los desalojos es «la existencia de un escenario marcado por la extensión temporal de la Guerra de Ucrania y sus repercusiones en la economía de las familias, principalmente, a través de las dinámicas de crecimiento de los precios al consumo que inciden de un modo especial en aquellas personas y hogares con menores recursos».

Suspensión de desahucios

Por ello, en concreto, el Gobierno amplía hasta el 31 de diciembre la suspensión de los procedimientos de desahucio -una medida que fue acordada con Bildu-, lo que volverá a impedir a los propietarios -aquellos que sean tenedores de más de diez inmuebles- recuperar sus viviendas habitadas por okupas.

El decreto se refiere no sólo a los inquilinos que dejan de pagar el alquiler, sino a aquellos que «la estén habitando sin ningún título habilitante». En este caso, el Gobierno podrá impedir el desahucio y paralizar los procedimientos judiciales en marcha si en la vivienda habitan con las okupas, personas dependientes, víctimas de violencia de género o, simplemente, menores.

Sólo en acotados supuestos podrá seguirse con el desahucio, como cuando la okupación se produzca en un inmueble que sea «domicilio habitual o segunda residencia» del propietario, «cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas» o «cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas». En definitiva, si la entrada en la vivienda se ha producido de forma pacífica por parte del okupa sí se podrá paralizar el desahucio.

De salir adelante, la medida se prorrogará otro año más. Es decir, desde hace cuatro años se impide a los propietarios recuperar sus viviendas.

El primer decreto, de 2020, impedía paralizar los desahucios cuando la entrada o permanencia en el inmueble fuese «consecuencia de delito», una acepción que daba más protección jurídica al propietario.

Sin embargo, en enero de 2021, el Gobierno aprobó una prórroga que modificó ese texto inicial para impedirlos en el caso de que no hubiese existido «violencia».

Ahora, de nuevo, el Gobierno vuelve a blindar a los okupas y evita suprimir ese polémico apartado, que permitirá permanecer en la vivienda cuando, pese a cometer el delito, no lo hagan de forma violenta.

El texto fue, en su momento, ya muy controvertido por considerar que amplía la protección a la okupación. Desde el Gobierno alegaron entonces que el objetivo era ampliar la protección a menores y personas dependientes en caso de procedimientos penales.

Demostrar «vulnerabilidad»

El decreto también prorroga las medidas que blindan a los inquilinos que no paguen el alquiler. Así, estos podrán pedir que se paralice el desahucio si se encuentran en una situación de «vulnerabilidad económica» que les «imposibiliten» encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que convivan.

Pero, además, el propietario que quiera recuperar la vivienda tendrá que demostrar su propia «vulnerabilidad económica».

Así, se establece que el letrado de la Administración de Justicia «dará traslado» al propietario de la situación de vulnerabilidad del inquilino y «en el plazo máximo de diez días podrá acreditar ante el Juzgado, por los mismos medios, encontrarse igualmente en la situación de vulnerabilidad económica o en riesgo de situarse en ella, en caso de que se adopte la medida de suspensión del lanzamiento».