¿Están prohibidos todos los desahucios y lanzamientos de vivienda durante 2024? La respuesta es no

El Consejo de Ministros aprobó a finales de diciembre la prórroga del decreto del llamado ‘escudo social’ para combatir los efectos de la inflación y de la crisis energética. De esta forma, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024 la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual.

Pero, ¿están prohibidos todo los desahucios? La respuesta es no. En concreto, el decreto sólo contempla la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables. Asimismo, se extiende hasta el 31 de enero de 2025 la posibilidad de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario afectado por el impago del alquiler por parte del inquilino.

La Ley de Vivienda establece que se puede considerar una situación de vulnerabilidad económica «el hecho de que el importe de la renta, si se trata de un juicio de desahucio por falta de pago, más el de los suministros de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones supongan más del 30% de los ingresos de la unidad familiar y que el conjunto de dichos ingresos no alcance, con carácter general, el límite de 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante Iprem)». En 2023, el Iprem se fijó en 600 euros al mes; por lo tanto, se establece un límite de 1.800 euros mensuales.

Hasta septiembre, según datos del Banco de España, las solicitudes recibidas por parte de las entidades financieras son unas 55.000. A este número también habría que sumar las medidas de alivio alternativas que ofrecen los propios bancos y de las que no hay datos oficiales.

El sector, en contra

La empresa de gestión de arrendamientos urbanos Alquiler Seguro ha advertido de que la prórroga anunciada por el presidente Sánchez de la suspensión de los desahucios de familias vulnerables «va a eliminar la oferta asequible en el mercado» del alquiler, porque «los propietarios no van a querer alquilar una vivienda ante el riesgo de tener que ser ellos lo que se hagan cargo de los posibles impagos de las familias vulnerables».

Alquiler Seguro afirma que apoya «cualquier medida» para «proteger a las familias vulnerables», pero apunta que, «sin una contraprestación hacia el propietario particular», el Gobierno da un mensaje de que «legisla, pero son los propietarios los que pagan».

El presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, señala que «con esta prórroga, realmente la labor social, a la fuerza, la están haciendo los propietarios, que son los que finalmente van a asumir los impagos, los desperfectos y la incertidumbre de no saber cuándo van a poder recuperar su vivienda arrendada».

Para Alquiler Seguro, es «necesario» que el paquete anticrisis del Gobierno incluya una doble vía de intervención destinada a los inquilinos. Por un lado, una en los servicios sociales, para atender a las familias vulnerables y buscar la mejor solución dependiendo de cada situación; y, por otra, una vía de apoyo a los propietarios, mediante un paquete de ayudas cuando éstos tengan que «mantener» a las familias vulnerables que no pueden hacer frente al alquiler.

«El Ejecutivo tiene que entender que el contrato de alquiler está compuesto por dos partes, y que en muchas ocasiones si una familia no puede pagar el alquiler, el propietario tampoco puede dejar de percibir esa renta», añade Carroza.

Mercado hipotecario

Por otro lado, el pasado 19 de diciembre el Gobierno acordó ampliar durante todo 2024 la suspensión de las comisiones de amortización anticipada de créditos a tipo variable y la conversión a tipo fijo, medida incluida en el Código de Buenas Prácticas. Además, se amplía la gratuidad para que abarque también los cambios de hipotecas de tipo variable a tipo fijo o mixto.

Durante 2024, también se permitirá a los hipotecados congelar la cuota a pagar durante 12 meses y la extensión del plazo de amortización de hasta 7 años. Y, además, los hogares con renta inferior a 25.000 euros podrán tener una carencia de 2 años en el pago, según ha asegurado la ministra de Economía.

El Ejecutivo también decidió subir el umbral de renta para acogerse a las medidas del Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios hasta los 38.000 euros anuales. Así, se prevé que se amplíe la cobertura a 100.000 hogares adicionales a los que ya estaban cubiertos hasta ahora, según Calviño.