Crisis del coronavirus

Illa tiene reservas de material anticovid para dos semanas y no para los dos meses que prometió

Salvador Illa
Pedro Sánchez y Salvador Illa.

El Ministerio de Sanidad de Salvador Illa anunció el pasado mes de junio la creación de una reserva nacional estratégica de material sanitario. Un almacén de mascarillas, medicinas y respiradores con capacidad suficiente para suministrar al sistema de salud «durante dos meses». Sin embargo, su capacidad tan sólo cubre el 25% de ese periodo: de activarse, quedaría vacía en dos semanas.

El objetivo del Gobierno con esta medida fue intentar que España no vuelva a pasar por la situación de desabastecimiento generalizado de material que se vivió en los momentos más duros de la pandemia. Sin embargo, la lentitud en el proceso de adquisición y problemas diversos con las empresas suministradoras (casi todas radicadas en Asia) han provocado que, llegado ya el mes de agosto y en plena oleada de rebrotes, la capacidad de esta reserva esté muy por debajo de lo comprometido por el Ejecutivo de Sánchez.

Así lo admitía en la Comisión de Sanidad el ministro del ramo, Salvador Illa, durante una comparecencia monográfica del pasado jueves. En ella, Illa admitía que esa reserva nacional tan sólo cubría «el 25% del consumo declarado por las comunidades autónomas durante dos meses». Una forma amable de explicar que, en realidad, sólo hay previsión para dos semanas de material. Un periodo insuficiente si se tiene en cuenta la duración de esa ‘primera ola’ de la pandemia que asoló España entre mediados de marzo y finales de abril y dejó un reguero de más de 40.000 muertos.

El Gobierno sabe que esa cantidad es insuficiente, y por ello desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se ha instado a las comunidades a que mantengan abiertos los procesos de compra de material para que adquieran sus propias reservas estratégicas.

Esa reserva estratégica, según desgranó Salvador Illa, está compuesta de pruebas PCR y pruebas de anticuerpos, mascarillas, buzos biológicos para los sanitarios, medicamentos y sustancias necesarias para su fabricación (entre ellos, alcohol). Además hay una partida de respiradores artificiales sin estrenar, uno de los productos que más demandó con urgencia la sanidad pública durante la fase dura de la pandemia, cuando era necesario habilitar unidades de cuidados intensivos de campaña para hacer frente al aluvión de casos graves en los hospitales españoles.

Según aseguró Salvador Illa, durante todos estos meses el Estado ha completado la entrega de 245 millones de unidades de material sanitario a las comunidades autónomas, a pesar de que la cantidad total adquirida, tal y como denunció el PP en la Cámara Baja, es cuatro veces superior. «¿Dónde está el resto del material? ¿Se ha pagado? ¿Se va a pedir la devolución?», le interpelaba a Illa la diputada del PP Cuca Gamarra.

‘Megacontrato’ de 2.000 millones

Por otra parte, el megacontrato de 2.009 millones de euros destinado por el Gobierno de Pedro Sánchez para comprar el material destinado a crear la reserva estratégica española de mascarillas, batas, test, guantes, etc. impone unas condiciones económicas que dejan fuera del suministro de material a las empresas españolas del sector sanitario.

El Ejecutivo puso en marcha este contrato y en poco más de una semana lo ha tenido que parar. Las cantidades pedidas no cubrían las necesidades de todas las comunidades autónomas y había «riesgo de desabastecimiento», con lo que habrá que esperar más para ampliar el pedido. Pero, para terminar el cúmulo de imprevisiones, una de sus cláusulas expulsa del contrato a la inmensa mayoría de empresas españolas: exige contar con una facturación equivalente al importe de los lotes; los mismos oscilan entre los 19,5 millones de euros y los 359 millones. La práctica totalidad de las compañías españolas no alcanzan esos niveles de facturación anual. Todo un despropósito que ha enfadado ya a la industria española y que, encima, deja el aprovisionamiento para la reserva anticovid a merced de empresas chinas.

Sin empresas españolas

La cláusula que expulsa a la industria española es la que se recoge en el ‘Criterio de Solvencia Económica-Financiera’, donde se señala que la «cifra anual de negocio» tendrá que respetar «lo establecido en la cláusula 8 del PCAP». Y allí se señala que el «umbral mínimo requerido es el importe que deberán acreditar referido al mejor ejercicio deberá ser igual o superior de la suma del valor estimado de los lotes en que participe. (Impuestos excluidos)».

Pues bien, la industria y distribución españolas no han tardado en trasladar al Ministerio su perplejidad. Y es que los lotes sacados a concurso oscilan desde los 19,5 millones hasta los 359 millones. Por lo tanto, para poder concurrir, las empresas deben haber facturado esas cantidades anualmente.

La industria española de este tipo de productos es pequeña y, por lo tanto, la condición impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, vuelve a dejar las compras de material anti-covid en manos de las grandes del sector: las compañías chinas.

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