El megacontrato de 2.009 millones para la reserva anticovid de Sánchez deja fuera a las empresas españolas

El megacontrado de 2.009 millones de euros destinado por el Gobierno de Pedro Sánchez para comprar el material destinado a crear la reserva anticovid estratégica española de mascarillas, batas, test, guantes, etc. impone unas condiciones económicas que dejan fuera del suministro de material a las empresas españolas del sector sanitario.

El Ejecutivo puso en marcha este contrato y en poco más de una semana lo ha tenido que parar. Las cantidades pedidas no cubrían las necesidades de todas las comunidades autónomas y había “riesgo de desabastecimiento”, con lo que habrá que esperar más para ampliar el pedido. Pero, para terminar el cúmulo de imprevisiones, una de sus cláusulas expulsa del contrato a la inmensa mayoría de empresas españolas: exige contar con una facturación equivalente al importe de los lotes, los mismos oscilan entre los 19,5 millones de euros y los 359 millones, y la práctica totalidad de las compañías españolas no alcanzan esos niveles de facturación anual. Todo un despropósito que ha enfadado ya a la industria española y que, encima, deja nuestro aprovisionamiento para la reserva anticovid a merced de empresas chinas.

La cláusula que expulsa a la industria española es la que se recoge en el “Criterio de Solvencia Económica-Financiera”, donde se señala que la “cifra anual de negocio” tendrá que respetar “lo establecido en la cláusula 8 del PCAP”. Y allí se señala que el “Umbral Mínimo requerido: el importe que deberán acreditar referido al mejor ejercicio deberá ser igual o superior de la suma del valor estimado de los lotes en que participe. (Impuestos excluidos)”.

El megacontrato de 2.009 millones para la reserva anticovid de Sánchez deja fuera a las empresas españolas

Pues bien, la industria y distribución española no han tardado en trasladar al Ministerio su perplejidad. Y es que los lotes sacados a concurso oscilan desde los 19,5 millones hasta los 359 millones. Por lo tanto, para poder concurrir, las empresas deben haber facturado esas cantidades anualmente.

La industria española de este tipo de productos es pequeña y, por lo tanto, la condición impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, vuelve a dejar las compras de material anti Covid en manos de las grandes del sector: las compañías chinas.

Y todo ello ha ocurrido con un megacontrato que se ha tomado todo el tiempo del mundo en elaborar. Un pedido que responde al acuerdo marco con las comunidades autónomas para crear las reservas estrategias que Sánchez anunció hace un mes. El volumen total es de 2.009 millones más IVA, alcanzando los 2.400 millones con impuestos.

El megacontrato de 2.009 millones para la reserva anticovid de Sánchez deja fuera a las empresas españolas

Se trata de la última peripecia de este Gobierno en su imprevisión e incapacidad de preparar las compras de material preventivo combinando dos intereses: el de la población y el del tejido empresarial.

Aviso de las comunidades

Sanidad, de hecho, ha decidido parar esta megalicitación pública de compra de material con el fin oficial de ampliarla. Y tampoco lo ha hecho por una motivación propia. Lo ha hecho por los avisos de “distintas comunidades autónomas que inicialmente no habían manifestado su interés en la participación en el Acuerdo Marco” a causa del “riesgo de desabastecimiento del material objeto de la licitación”. Traducido: en pleno verano y rebrote la falta del material de prevención más básico frente al coronavirus -mascarillas, batas, guantes, test, etc.- vuelve a sobrevolar España.

La compra era de todo el material para la reserva anticovid: “Adquisición de material necesario para hacer frente al COVID-19, que es de utilización común en el Sistema Nacional de Salud y que se requiere para el cumplimiento de los fines de las administraciones participantes”.

Y la justificación de la paralización vuelve a mencionar ya el “riesgo de falta de material”, tal y como prueba el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El documento es la “resolución por la que se adopta la decisión de no adjudicar el acuerdo marco 2020/065 para el suministro de material necesario para hacer frente al Covid-19, con destino a varias comunidades autónomas y organismos de la Administración del Estado antecedentes primero”. Y detalla que “con fecha 21 de julio de 2020 se acordó la licitación de un Acuerdo Marco por trámite de emergencia para el suministro de material necesario para hacer frente al COVID-19, con destino a varias CC.AA. y organismos de la administración del estado”.

La licitación fue publicada el 22 de julio de 2020 en la Plataforma de Contratación del Sector Público, “teniendo fecha de vencimiento la presentación de ofertas el 31 de julio de 2020, a las 15h”. Pero “durante la fase de tramitación inicial de licitación, y encontrándose ésta en periodo de presentación de ofertas, distintas comunidades autónomas que inicialmente no habían manifestado su interés en la participación en el Acuerdo Marco, han solicitado su inclusión al valorar el riesgo de desabastecimiento del material objeto de la licitación que pudieran sufrir”.

Por todo ello y ante la gravedad del aviso se ha decidido parar y ampliar la compra destinada a la reserva anticovid: “La circunstancia puesta de manifiesto en el apartado anterior afecta de manera evidente al interés público y aconseja adoptar medidas que minimicen los riesgos de desabastecimiento de las comunidades autónomas no adheridas”.

El material que se pretendía adquirir era el más conocido y carente durante toda la primera etapa del coronavirus en España: batas, guantes, mascarillas e incluso test.

De este modo vuelve la polémica por la falta de previsión justo cuando el Gobierno sigue echando balones fuera para no hacerse cargo de su responsabilidad de coordinar a las sanidades autonómicas en la lucha contra el COVID.

De hecho, la pasividad con la que el Gobierno de Pedro Sánchez asiste a la proliferación de rebrotes del coronavirus en distintos puntos del país, y especialmente en Cataluña, choca incluso con la ley y la propia Constitución que, pese al reparto de competencias, reserva un papel protagonista a la Administración del Estado en su función de «coordinación».

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