Plan de "ahorro energético"

Ribera pide a los bares que consuman menos agua e instalen placas solares tras imponerles el decretazo

Teresa Ribera pide a los bares que consuman menos agua e instalen placas solares tras imponerles el decretazo
Teresa Ribera

Al polémico decreto de «ahorro energético», en vigor desde este miércoles, y que obliga a los establecimientos a limitar la temperatura y apagar la iluminación a partir de las diez de la noche, se suman una serie de recomendaciones que el Ministerio para la Transición Ecológica dirige, en concreto, a bares y restaurantes. Entre esos consejos de «eficiencia» para los negocios -ya muy golpeados por la crisis económica- se les pide que reduzcan el consumo de agua o que instalen placas fotovoltaicas.

«Usa equipos cualificados con la máxima eficiencia», «reduce el consumo de agua», «usa sistemas de filtración para evitar la calcificación y que las máquinas trabajen más de lo necesario», «instala iluminación de bajo consumo en la cocina y en los baños» y «en sala, siempre con temporizadores»… sugiere el departamento de Teresa Ribera.

Incluso se pide a los propietarios que promuevan «una cultura sostenible» entre los empleados «para lograr un consumo más racional». «Los secadores de manos de aire frío en los baños son mucho más eficientes», recoge también el Ministerio.

Se trata, eso sí, de consejos. El Ejecutivo trabaja ahora en un plan de contingencia, más severo, que deberá presentar a Bruselas en septiembre. Es probable que ese plan endurezca las medidas actuales y extienda su aplicación a otros sectores.

De momento, el decreto aprobado por el Gobierno obliga a limitar la temperatura -para estos locales en el entorno de los 25 grados- y a instalar un sistema de cierre automático de puertas. Las medidas, que no han sido consensuadas con el sector, han provocado mucha polémica, tanto por tratarse de una imposición -en plena temporada turística- como por la amenaza de sanciones por el incumplimiento.

El plan energético del Gobierno de Pedro Sánchez es, de hecho, y hoy por hoy, el más estricto de la Unión Europea, pues otros países -como Alemania o Francia- no han presentado aún sus propuestas finales y se limitan a recomendaciones. En estos países, además, se da libertad a los ayuntamientos para que adecúen las medidas según sus propias circunstancias. La mayoría han empezado por aplicarlas en edificios públicos, sin castigar al comercio.

La improvisación del Ejecutivo a la hora de articular este texto ha puesto en pie de guerra a las comunidades gobernadas por el Partido Popular. La Comunidad de Madrid ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional en base a, al menos, diez puntos que consideran inconstitucionales.

Como ha publicado este periódico, además de la invasión de competencias, el decreto destaca por varias incongruencias, como que el Gobierno presuma de que España tiene el suministro asegurado apenas un párrafo antes de imponer los recortes.

«Mientras que un cese de las importaciones de gas ruso podría generar escasez de gas en buena parte de los Estados miembros, España cuenta con una elevada seguridad de suministro, fruto de la baja dependencia de gas ruso», se jacta el Ejecutivo en el texto.

Críticas

La Comunidad de Madrid esgrime, además -como ha publicado OKDIARIO- que el obligado cierre de puertas de los locales y centros de trabajo choca con la normativa contra el Covid, que establece la necesidad de ventilación. Denuncian también que el apagado de los escaparates a las 22 horas colisiona directamente con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales de la Comunidad de Madrid, que permite abrir las 24 horas del día. «¿Se puede cumplir esa norma con escaparates apagados?», se preguntan desde la Puerta del Sol.

La oposición de comerciantes, empresarios y varias comunidades no han disuadido al Gobierno de imponer este decreto. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, incluso ha amenazado con llevar al Tribunal Constitucional a las regiones que se resistan a aplicarlo.

«Los únicos escaparates de Europa que estarán apagados serán los de España. El decreto va contra el comercio, el turismo y la sensación de seguridad. Una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias», ha denunciado Ayuso en sus redes sociale

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