Sánchez presume de que España tiene el gas asegurado en el mismo decretazo en el que impone recortes

La polémica por el decreto de «ahorro energético» del Gobierno continúa. La improvisación del Ejecutivo a la hora de articular este texto ha puesto en pie de guerra a las comunidades gobernadas por el Partido Popular. La Comunidad de Madrid ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional en base a, al menos, diez puntos que consideran inconstitucionales. Además de la invasión de competencias, el decreto destaca por varias incongruencias, como que el Gobierno presuma de que España tiene el suministro asegurado apenas un párrafo antes de imponer los recortes.

«Mientras que un cese de las importaciones de gas ruso podría generar escasez de gas en buena parte de los Estados miembros, España cuenta con una elevada seguridad de suministro, fruto de la baja dependencia de gas ruso, así como de la gran capacidad de plantas de regasificación que permiten acceder al mercado global de gas natural licuado (GNL)», se jacta el Ejecutivo en la exposición del decreto. Añade que el año pasado «las importaciones de gas ruso sólo supusieron menos del 9 % del total», de forma que, «si dichas importaciones se suspendieran, España cuenta con el 34 % de capacidad de regasificación de la Unión Europea, que permitiría sustituir las importaciones de gas ruso por GNL de otros proveedores».

Datos falsos

Esos datos, no obstante, son falsos: Rusia fue en junio el segundo suministrador de gas a España, con una cuota del 24,4% y sólo por detrás de EEUU. Un dato histórico. Mientras, las importaciones de Argelia se hundieron ese mes un 57,3% con respecto a junio del año pasado.

En cualquier caso, el Ejecutivo sí presume de que, aún en el caso de un previsible corte del suministro por parte de Rusia, la seguridad energética de España estaría asegurada. Apenas un párrafo después expone la urgencia de acometer sus recortes de luz y calefacción, que entrarán en vigor este mismo miércoles. Lo justifica en los «acuerdos solidarios de reducción de demanda» alcanzados en Bruselas, así como «para reducir la dependencia» para «minimizar el impacto sobre la economía y la seguridad de suministro de una interrupción parcial o total del suministros de gas por parte de Rusia». Una contradicción en sí misma.

Precisamente, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso utilizará esa incoherencia en su recurso ante el Tribunal Constitucional, alegando que la justificación del Gobierno para invadir sus competencias -garantizar el suministro de gas- no es válida, puesto que el mismo decreto reconoce que España no tiene ese problema.

La Comunidad de Madrid esgrime, además -como ha publicado OKDIARIO- que el obligado cierre de puertas de los locales y centros de trabajo choca con la normativa contra el Covid, que establece la necesidad de ventilación. Denuncian también que el apagado de los escaparates a las 22 horas colisiona directamente con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales de la Comunidad de Madrid, que permite abrir las 24 horas del día. «¿Se puede cumplir esa norma con escaparates apagados?», se preguntan desde la Puerta del Sol.

La oposición de comerciantes, empresarios y varias comunidades no han disuadido al Gobierno de imponer este decreto. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, incluso ha amenazado con llevar al Tribunal Constitucional a las regiones que se resistan a aplicarlo.

«Los únicos escaparates de Europa que estarán apagados serán los de España. El decreto va contra el comercio, el turismo y la sensación de seguridad. Una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias», ha denunciado Ayuso en sus redes sociales.