¿Por qué policías y guardias civiles creen que la nueva Ley de Seguridad nos perjudica a todos?

La reforma de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo o Ley de protección de la Seguridad Ciudadana, que persiguen el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, es innecesaria y no puede llegar en peor momento.

La Ley de Seguridad es la herramienta fundamental de policías y guardias civiles, les marca el camino y los límites en su trabajo, y les da seguridad jurídica en un contexto complicado como el actual. Todos los sindicatos policiales y asociaciones de guardias mantienen que la reforma no era necesaria en este momento.

«Se trata de una reforma ideológica, no práctica», insisten Jupol y Jucil, el sindicato y la asociación mayoritarios en la Policía Nacional y la Guardia Civil.  Perciben la nueva ley que pretende sacar adelante el Gobierno, como una «Ley de odio a la Policía». No aprueban la reforma porque creen que se trata de «un éxito de los antisistema», en referencia a una cesión del Gobierno a sus socios a cambio de su apoyo político.

¿Qué va a cambiar?

El texto que se pretende aprobar es lo contrario de lo que necesitan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para realizar su trabajo con garantías. Ante el aumento de los delitos violentos, las bandas latinas o los conflictos territoriales azuzados por extremistas, la reforma limitará la operatividad de los agentes.

Los policías denuncian que no se ha tenido en cuenta su opinión para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana y que «tampoco está avalada por informes técnicos». Insisten en que va en dirección contraria a las necesidades de los agentes y, por tanto, de la seguridad de todos los ciudadanos.

Policías y guardias encuentran una docena de artículos inasumibles que ralentizarán el trabajo policial  y crearán inseguridad jurídica entre los agentes. «Harán nuestras calles más inseguras», advierten.

Por qué la Ley de Seguridad perjudica a los agentes

La toma y difusión de imágenes de los policías, ya no se prohibirá . Sólo se sancionará si genera peligro para los agentes y sus familias. «Para entonces el daño será irreparable», advierten los agentes.

Los agentes también rechazan la despenalización de las faltas de respeto a los miembros de las FCSE, como propone la reforma.

La eliminación de la presunción de veracidad de los policías frente a los detenidos, provoca más fricciones. «Antes, los jueces decidían quién tenía razón. Situar a los policías al mismo nivel que los delincuentes socava el principio de autoridad y generará más problemas a los ciudadanos», aseguran policías y guardias civiles.

Los policías se oponen a despenalizar el delito de resistencia pasiva a la autoridad porque obstaculiza su trabajo y «Dejaría sin respuesta una sentada pacífica que impida la libertad de movimientos del resto de ciudadanos».

Perjudica a los ciudadanos

La reforma de la Ley de Seguridad pretende reducir a dos horas el plazo para identificar a un indocumentado en comisaría,  salvo casos en que se podría prolongar a seis. Los agentes explican que «en zonas rurales, con pocos efectivos policiales, será imposible de cumplir, lo mismo cuando se tengan que cruzar datos policiales».

Sobre el derecho de los ciudadanos indocumentados a que se les devuelva al mismo lugar del que se los llevaron para identificarlos en comisaría, los sindicatos responden: «Si ahora no hay medios ni personal para cumplir el servicio, imagínate si nos dedicamos a ejercer de taxistas de los identificados».

La reforma también suprime la obligación de notificar previamente las manifestaciones. «No dará tiempo a garantizar la seguridad y los derechos del resto de ciudadanos y de los propios manifestantes», apuntan desde Jupol.

Los policías también rechazan eliminar el material antidisturbios. «Resulta impensable eliminar las pelotas de goma cuando a los policías se les apedrea y se cortan las calles con contenedores incendiados.  Nos pone en peligro a todos», dicen.

La nueva ley establecerá que sólo se podrán registrar las partes corporales no cubiertas de ropa en situaciones de urgencia. «Nos impiden localizar y retirar drogas y armas peligrosas para los ciudadanos», responden todos los sindicatos policiales.

El proyecto de reducir las multas según los ingresos del multado, «fomenta que ciudadanos con ingresos mínimos tengan impunidad para delinquir porque les sale barato», según los agentes.

Limitar a tres días el rechazo de los inmigrantes que llegan de forma ilegal a Ceuta y Melilla, supone para los policías que «España se vea obligada a acoger a toda persona que logre cruzar su frontera».

El último punto de la reforma se refiere al control de carreteras. Los policías avisan: «La nueva norma obligaría a avisar a las policías autonómicas o locales de los movimientos de las  FCSE, rompiendo el sigilo de las operaciones. Basta recordar que los Mossos d’Esquadra avisaban a sus superiores políticos de los movimientos de la Policía y la Guardia Civil durante el 1-O».

Los obstáculos a la reforma

Los mayores obstáculos que debe salvar esta reforma para hacerse realidad provienen de los propios socios del Gobierno. Si nada cambia, la falta de consenso impedirá que el proyecto cumpla los plazos necesarios para convertirse en ley.

La votación del informe de la Ponencia (el texto que han conseguido acordar) es inminente y no está claro que se alcance una mayoría suficiente. A unas horas de la votación, la discrepancias entre el Gobierno y sus socios de ERC y Bildu, parecen irreconciliables. La culpa la tienen tres artículos y una disposición adicional.

El uso de las pelotas de goma o su sustitución por material menos lesivo, separa a los socios. Mientras el PSOE aboga por mantenerlas, sus socios más a la izquierda quieren que desaparezcan para siempre. Parecía que la apertura de una disposición adicional sustituyendo las pelotas de caucho por otras de foam podría facilitar el acuerdo.

Otro punto de desencuentro orbita alrededor de que comportamientos se pueden castigar como desobediencia o resistencia a la autoridad, y cuales no.

Las devoluciones de inmigrantes en frontera, constituye el tercer punto de fricción. Mientras el PSOE se inclina por mantenerlas cumpliendo los criterios del Tribunal Constitucional, sus socios son partidarios de erradicarlas por completo.