Bildu y ERC exigen a Sánchez plasmar en la Ley de Seguridad que aún hay «represión» policial

Sánchez ERC
Pedro Sánchez con Gabriel Rufián en Moncloa.

En plena pugna de ERC con el Gobierno por la Ley Audiovisual y el deseo de los separatistas de que Sánchez fuerce a Netflix a introducir contenidos en catalán, acaba de surgir otro foco de presión con el Ejecutivo socialista: Bildu y ERC exigen ahora que el Gobierno certifique la existencia de represión policial hoy en día. De hecho, bajo su propio mandato. Los proetarras acaban de exigir una mención expresa insultando a los policías en la exposición de motivos de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, y ERC ha hecho lo propio exigiendo que se asuma la “ideología represiva” policial.

Bildu acaba de dar otra vuelta de tuerca en la presión al Gobierno de Pedro Sánchez. Pretende un cambio en la “exposición de motivos” de la Ley de Seguridad Ciudadana y lo exige para introducir todo tipo de calificativos contra la Policía. Bildu lo ha exigido por medio de una enmienda “de modificación” de la “actual exposición de motivos que queda redactada como sigue: “La garantía del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades civiles y políticas de las personas conforman la piedra angular de cualquier sociedad que se pretenda democrática.

El propio Convenio Europeo de Derechos Humanos, viene a reflejar todos estos derechos en su Título I (derecho a la libertad y a la seguridad —artículo 5—, a la libertad de expresión —artículo 10—, la libertad de reunión y asociación —artículo 11—, la prohibición de la discriminación —artículo 14—) que a su vez tienen reflejo en la legislación Estatal, lo que los convierte en uno de los objetivos prioritarios a salvaguardar por los poderes públicos”.

Tras esta explicación los proetarras pasan a exigir a Sánchez el verdadero cambio: que asuma que la Policía, la de hoy en día, bajo su propio mandato, es “represiva”. El texto de Bildu quiere que la nueva ley diga lo siguiente: “Históricamente, en el Estado español, bajo la denominación de Ley de Orden Público o de Seguridad Ciudadana, la garantía del ejercicio de los mencionados derechos y libertades ha sido abordada desde una concepción represiva y restrictiva”. Sánchez lleva gobernando tres años y medio con la Ley de Seguridad Ciudadana en vigor.

La represión

Bildu va a más y exige que la futura ley detalle expresamente que esa represión se ha realizado “desde la Ley 45/1959, de 30 de julio a la actual Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, pasando por la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero sobre Protección de la Seguridad Ciudadana”.

El texto de los proetarras señala que “este objetivo restrictivo y represivo, ha conllevado la vulneración de derechos fundamentales, tales como los derechos a la integridad física y moral, el derecho a la intimidad, el derecho a la no discriminación por razón ideológica, los derechos de reunión, manifestación pacífica y huelga o el derecho a la libertad de expresión e información, expresamente amparados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y todo ello con la excusa de garantizar la ‘seguridad ciudadana’ a cuenta de aminorar, cuando no de vulnerar flagrantemente derechos y libertades”.

Y añade que “de todo ello es exponente la actual Ley Orgánica 4/2015, conocida por la izquierda como ‘ley mordaza’, cuyos preceptos, además, vulneran de manera evidente principios rectores del ordenamiento jurídico, tan elementales, como el de seguridad jurídica o el de proporcionalidad. Esta circunstancia ya fue puesta de manifiesto, por la oposición y amplios sectores de la sociedad, en la tramitación para la aprobación de la Ley en el Congreso de los Diputados, a pesar de lo cual fue aprobada con los votos del PP”.

Es más, Bildu señala que “la aplicación de la vigente Ley Mordaza día a día pone en evidencia su carácter represor y vulnerador de derechos, resultando en algunos aspectos, más severa que el propio Código Penal. Se aleja mucho de lo que deberían de ser garantías y seguridad en el ejercicio de derechos fundamentales y libertades civiles y políticas en el espacio público”. Y todo ello afecta, también, al periodo de mandato de Sánchez y su ministro del Interior, Grande-Marlaska.

ERC sigue a los de Bildu, aunque marca una leve diferencia: no quiere que Sánchez incluya en el texto la acusación a la Policía, pero sí la plasma en la justificación de la reforma. Así, aprovechando una enmienda señala que el cambio debe ser realizado porque “son constantes los abusos policiales a la hora de valorar las infracciones, retorciendo la realidad -con una finalidad ideológica represiva- hasta hacerlas encajar en una infracción”.

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