Sánchez logra que todos los policías y guardias civiles se unan contra su Ley de Seguridad Ciudadana

El Gobierno ha logrado que todos los policías y guardias civiles se unan en contra de su reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que se tramita en el Congreso. En una cumbre celebrada este martes, 10 de enero, en instalaciones de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, representantes de una veintena de asociaciones de la Guardia Civil, sindicatos policiales y la asociación JUSAPOL, han acordado constituirse en una única plataforma denominada No a la España Insegura desde la que convocarán movilizaciones contra la reforma legal.

Los agentes se habían dado de plazo hasta la segunda semana de enero para recibir información oficial del Ministerio del Interior, a través de las direcciones generales de la Policía y la Guardia Civil, sobre las reformas que el Gobierno y sus socios pretenden ejecutar en la Ley de Seguridad Ciudadana. Hoy, tras confirmar que el Gobierno no escucha sus reivindicaciones, le han declarado oficialmente la guerra a una reforma de Ley que a su juicio pone en peligro a los policías y a sus familias e «incendiará las calles de España llevándonos al caos».

Los representantes policiales están especialmente preocupados por uno de los puntos de la reforma: la retirada de la obligación de comunicar a la Delegación del Gobierno la convocatoria de una concentración o manifestación. «Algo que pone en peligro a los policías y a los ciudadanos, porque impide diseñar los dispositivos necesarios para garantizar la seguridad de los manifestantes y del resto de ciudadanos afectados por la concentración. De esta forma, se pueden dar varias concentraciones o manifestaciones en las calles a la vez sin que la Policía tenga conocimiento previo, o incluso que confluyan dos concentraciones opuestas con evidente peligro para todos».

Fuentes sindicales advierten igualmente del impacto en la convivencia que supondrá, si el Gobierno y sus socios ejecutan la reforma, retirar la penalización de delito a rodear con concentraciones las sedes de la soberanía popular como el Congreso o el Senado.

Igualmente, los policías rechazan que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana deje de sancionar la grabación o difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en la calle o durante manifestaciones, salvo que constituya un riesgo palpable para su seguridad o para la operación policial en curso. Fuentes sindicales señalan la arbitrariedad de la nueva Ley: «Cuando la Justicia establezca que grabar a determinado policía u operación era un riesgo, esas imágenes ya habrán corrido por las redes sociales señalando al agente, poniéndolo en peligro a él e incluso a su familia».

Arropados por la unanimidad contra la reforma del Gobierno, los representantes policiales consideran la posibilidad de llevar a cabo grandes movilizaciones en fechas próximas. Especialmente ahora que se han reactivado los trámites parlamentarios con la intención de sacar la nueva Ley antes de las elecciones. La ponencia encargada de la redacción del nuevo articulado se reúne el próximo jueves con el objetivo de dar los pasos que permitan reunir en las próximas semanas a la comisión para aprobar el dictamen de la reforma.