Los policías y guardias civiles acusan a Sánchez de «desarmar al Estado» con el fin de la sedición

Los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil están molestos con el Gobierno de Pedro Sánchez por su iniciativa de derogar el delito de sedición en el Código Penal para contentar a sus socios separatistas en el Congreso. «Es una irresponsabilidad que se desarme al Estado y con ello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, socavando la convivencia, la soberanía del pueblo español y nuestro ordenamiento constitucional», señalan.

Jupol y Jucil, las organizaciones mayoritarias dentro de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como Jusapol, han firmado este lunes un manifiesto para arremeter contra el Ejecutivo de Sánchez por esta cesión ante ERC. Las organizaciones policiales aseguran que esta medida responde a «intereses políticos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no a una necesidad de la legislación, ni al sentir mayoritario de los españoles».

«Además de la defensa de la Carta Magna el bien jurídico protegido es el orden público y la paz social, misión encomendada tanto a la Guardia Civil como al Cuerpo Nacional de Policía», apostillan en su manifiesto.

«Socava la convivencia»

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, y el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, han asegurado que la decisión del Gobierno de Sánchez es una «irresponsabilidad» y que con ello busca que «se desarme al Estado». «Es una irresponsabilidad que se desarme al Estado y con ello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, socavando la convivencia, la soberanía del pueblo español y nuestro ordenamiento constitucional», han afirmado este lunes en declaraciones a los medios.

Jupol, Jucil y Jusapol recalcan su «carácter apolítico», circunstancia que «no es obstáculo ni límite» para defender los derechos de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. «Instamos al Gobierno a que reconsidere su intención de eliminar del Código Penal el delito de sedición», recalcan.

«Nos sentimos autorizados a participar de una forma activa en la defensa de la legislación que afecta a la actividad diaria de policías nacionales y guardias civiles, como ya ocurrió el 27 de noviembre de 2021, cuando nos manifestamos para expresar de una manera contundente nuestra oposición a las enmiendas que se pretendían introducir en la Ley de Seguridad Ciudadana y que, como en este caso, socavaban la autoridad de los agentes en su defensa de la ley», resaltan en su comunicado.