Ley de Amnistía

El PSOE defiende ante la Comisión de Venecia que la amnistía es «democrática» porque sale del Parlamento

"En el Congreso no se aprueba cualquier cosa", responden desde el PP al argumentario socialista

El PP pide a la Comisión de Venecia que acelere su informe sobre la amnistía para dinamitar su aprobación

PSOE Comisión de Venecia
La delegación de la Comisión de Venecia, en el Senado. (Foto: EP)
Segundo Sanz

El PSOE de Pedro Sánchez defendió a puerta cerrada ante la delegación de la Comisión de Venecia -órgano consultivo del Consejo de Europa- que la Ley de Amnistía es «democrática» porque sale del Parlamento. Así lo esgrimió, según fuentes presentes, el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Francisco Aranda, en el transcurso de la reunión oficial que la delegación de siete juristas extranjeros mantuvo con los grupos parlamentarios del Congreso.

Asimismo, según las fuentes parlamentarias, Aranda señaló a los miembros de la Comisión de Venecia que ellos son «sólo el poder legislativo» y que «serán los jueces quienes tenga que aplicar la Ley de Amnistía» si finalmente sale adelante. Ahora mismo, el texto se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso -de ahí que la Comisión de Venecia se reuniera con este órgano- y está en fase de enmiendas, puesto que Junts impidió la semana pasada su aprobación por el Pleno por no incluir el perdón a todo el terrorismo y al delito de alta traición.

Además, el portavoz del PSOE de Justicia recalcó a la delegación de juristas independientes de la Comisión de Venecia que «todo lo que ocurre en esta Cámara responde a un Estado democrático». Junto a ello, también expresó su rechazo al «sesgo» de otras intervenciones por «poner en cuestión el Estado de Derecho» y decir que éste «está en riesgo», manifestó Aranda, según fuentes parlamentarias.

Desde el PP responden a este portavoz del Partido Socialista que «en el Congreso no se aprueba cualquier cosa», en alusión a la Ley de Amnistía del 1-O, que, a juicio de los populares, supone un ataque al Estado de Derecho en España y a los valores y principios de la Unión Europea.

A través de su portavoz adjunta Cayetana Álvarez de Toledo, el Grupo Popular declaró ante los medios de comunicación que habían trasladado a los miembros de la Comisión de Venecia que «la Ley de Amnistía es una transacción corrupta incompatible con la Constitución Española, el Derecho Europeo y con la ética más elemental. Es decir, que la amnistía condenaría no solamente a España sino a Europa», enfatizó.

Asimismo, Álvarez de Toledo incidió a la delegación de juristas en «la estrambótica e inasumible enmienda de terrorismo» que incorpora la Ley de Amnistía y que «establece dos tipos de terrorismo: uno que viola gravemente los Derechos Humanos y otro que te da siete votos para seguir en La Moncloa», en referencia a Junts.

Se da la circunstancia de que la Comisión de Venecia tiene «especial interés» en que el PSOE de Pedro Sánchez aclare los casos de terrorismos incluidos en esta ley de olvido penal. De hecho, así se lo indicó la propia Comisión a la Secretaría de Estado para la UE como organizadora de la visita, tal y como recoge una comunicación interna revelada por OKDIARIO.

La delegación avanzó a los presentes que remitirá a los grupos un cuestionario con las preguntas que no pudieron formular por falta de tiempo. Una vez reciban ese material, empezarán a redactar el informe, que podría incluso estar listo antes de lo previsto. La idea inicial, al tratarse de un procedimiento de urgencia, era que la Sesión Plenaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pudiera aprobarlo en su reunión de los próximos 15 y 16 de marzo. Pero la delegación de la Comisión de Venecia ofreció a los grupos este jueves la posibilidad de tener concluido el dictamen antes de esa fecha. El PP agradeció el gesto y pedirá que el informe, siempre que se pueda, esté disponible lo más pronto posible, a fin de poder dinamitar la aprobación de la amnistía.

Esta delegación de la Comisión de Venecia se encuentra de visita en España a instancia del Senado -con mayoría absoluta del PP- después de que la Cámara Alta le demandara la elaboración de un informe sobre la Ley de Amnistía, que será tenido en cuenta por esta institución en caso de que reciba el texto siempre que sea aprobado primero por el Congreso.

Con Conde-Pumpido

La delegación de la Comisión de Venecia, que este viernes seguirá con su agenda y se verá con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y un grupo de expertos en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), está formada por la vicepresidenta Marta Cartabia, ministra de Justicia italiana durante la etapa de Mario Draghi; el neerlandés Martin Kujier, también vicepresidente del órgano; el ex primer ministro de Bulgaria Philip Dimitrov; y los juristas Regina Kiener, José Luis-Vargas, Simona Granata-Menghini y Pierre Garrone.

Por la tarde, la comitiva se reunió con el presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), durante una hora a puerta cerrada y pudo recabar información precisa sobre la Ley de Amnistía. En cambio, la recepción por parte de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, fue mucho más breve y se limitó a un «saludo» de carácter protocolario. Tampoco el letrado mayor de la Cámara Baja, Fernando Galindo, ex cargo del PSOE y del Gobierno de Sánchez hasta sólo unos meses, quiso atender a la Comisión de Venecia esgrimiendo que él no es político sino funcionario.

«Un modelo iliberal»

En el Senado, donde la delegación de la Comisión de Venecia se vio por separado con cada grupo -y no a la vez como previamente en el Congreso-, el Partido Popular, representado por su portavoz, Alicia García, su secretario general, Javier Arenas, y su portavoz adjunto, Antonio Silván, realizaron una exposición evitando «cuestiones de índole interna» como pueden ser el modelo territorial en España, y se centraron en denunciar que la amnistía «sitúa a nuestro Estado de Derecho en el momento más crítico de nuestra democracia».

Los populares del Senado alertaron a la Comisión de su temor a que la amnistía «sea el primer paso de un proceso de mutación de nuestro sistema constitucional hacia un modelo iliberal, en el que dejen de estar aseguradas cuestiones tan fundamentales como el sometimiento de todos los poderes públicos al imperio de la ley, la separación de poderes y la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos».

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