El PP enmienda el proyecto de asalto de PSOE y Podemos a la Justicia dando más autonomía a los jueces

Poder Judicial

El Partido Popular ha presentado este martes una enmienda a la totalidad para evitar que el cambio de la Ley orgánica del Poder Judicial que pretende el Gobierno, salga adelante, dejando a la Justicia más hundida de lo que ya está. La enmienda propone una serie de cambio en la ley, que darán mucha más autonomía a los jueces, con cambios como que los vocales sean elegidos por los propios magistrados.

El PP lucha contra una ley, la del Gobierno de Podemos y PSOE, que impedirá que el Consejo General del Poder Judicial pueda hacer nombramientos discrecionales mientras se encuentre en funciones. Un cambio que ha puesto en pie de guerra al órgano de Gobierno de los jueces por los problemas que generará, que ya ha solicitado, dos veces, ser escuchado por el Congreso y Europa antes de que se modifique la ley.

Sin embargo, la respuesta de la Cámara Baja ha sido siempre la misma, ignorar las peticiones que desde el CGPJ se le han realizado. Es más, ni siquiera se ha contestado a los escritos que han recibido en la Mesa del Congreso.

La enmienda, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, los populares afirman que, «una eventual limitación en el ejercicio de sus competencias, no solo impedirá a ese órgano garantizar la independencia de dicho poder del Estado, sino que supondría en sí mismo, un ataque directo a la independencia judicial» y por ende, a la Justicia.

Exponen que la composición del CGPJ, en lo que concierne a la elección de los doce vocales de turno judicial, ha estado sometida a una singular prueba de estrés constitucional desde la primera versión de la ley, hasta que en 1985 se produjo una «parlamentarización» que se ha mantenido en dos reformas posteriores. Un cambio que dejaba la elección en manos del Congreso y no de los propios jueces, sacando a la Justicia de la ecuación.

Recuerda la enmienda, que el sistema de elección ha estado siempre bajo la lupa de Europa. «Ciertamente preocupa a estos organismos e instituciones que el concreto sistema de elección de los miembros del Gobierno del Poder Judicial pueda suponer un obstáculo para la independencia de los jueces y que, a través de la intervención en el nombramiento de tales vocales, otros poderes del Estado interfieran en el funcionamiento judicial», aseveran a este respecto en el PP.

Sistema de elección

Explica la enmienda que tras 35 años de vigencia del sistema actual de elección, «parece llegado el momento de volver a las fuentes (…), en los que los vocales son elegidos por y entre ellos, siendo también mayoritario el número respecto de los no togados».

El PP no esconde que, «en la sociedad española persiste una imagen de politización por el modelo de elección del CGPJ, y lo es también que la modernización de la Justicia que se demanda, debe fundarse en la eliminación de los elementos negativos que inciden en esa imagen y, por supuesto, en el consenso sobre las bases fundamentales del funcionamiento del Poder Judicial, cimiento del Estado de Derecho, poder independiente y unitario, al que corresponde en exclusiva la función de juzgar, y hacer ejecutar lo juzgado».

Propuestas

En su enmienda, el PP propone una serie de cambios en la LOPJ que daría mucha más autonomía a los jueces. Entre esos cambios destaca, por ejemplo, la desaparición del magistrado de designación autonómica, que eligen los parlamentos. El PP quiere que una de cada tres plazas sean cubiertas por juristas de reconocido prestigio, con más de 15 años de ejercicio profesional, pero «elegidos por el Consejo General del Poder Judicial».

También proponen que la elección de los presidentes de Sala y magistrados del Supremo, presidentes de la Audiencia Nacional y de Sala, presidentes de los tribunales superiores de Justicia y los presidentes de las salas, así como los de las audiencias provinciales, necesiten para ser elegidos «una mayoría de tres quintos» de los vocales del CGPJ.

En cuanto al nombramiento del fiscal general del Estado, que el CGPJ sea «oído por el Gobierno antes del nombramiento, debiendo constar el informe, separadamente, tanto el cumplimiento de los requisitos objetivos, como la idoneidad para el cargo».

También quedaría modificado el artículo referido al Centro Nacional de Inteligencia, donde pasarían a ser ellos quienes propongan al magistrado de enlace y su sustituto, y que la elección deba ser también por tres quintos.

Y, otro cambio fundamental, es que los vocales informarían sobre las Proposiciones de Ley que les afecten, y no como ahora, que el Gobierno ha utilizado esta fórmula para cambiar la ley, no solo de forma exprés, sino sin necesitar ningún informe que avale dicho cambio.

En cuanto a la elección de los miembros no togados, el cambio especifica que no podrán ser miembros de la carrera judicial, que deberán tener más de 15 años de experiencia, y que no podrán haber «desempeñado un cargo político, ni de confianza política, en los diez años anteriores. Y, que mientras no se produzca el relevo, el Consejo General en Funciones mantendrá todas sus competencias, y no como pretende el actual Gobierno que quiere limitarlas, como forma de presión para conseguir una renovación de un órgano que lleva ya más de dos años en funciones.

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