La Policía tendrá que «respetar la identidad de género» en los cacheos incluso en una «urgencia grave»

La llamada Ley de «seguridad ciudadana» pactada entre el PSOE y su socio Bildu obligará a la Policía a cuidar al máximo los registros corporales. El redactado de la nueva ley, en trámite en el Congreso, impone varios requisitos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la hora de realizar los cacheos, incluso cuando exista «una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes o la ciudadanía».

Como hasta ahora, la ley establece que «podrá practicarse el registro corporal externo y superficial de la persona» cuando existan «indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos análogos, relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las leyes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». La norma pactada entre socialistas y proetarras incorpora aquí una novedad relevante, y es que la Policía tendrá que acreditar que esos «indicios» están «fundamentados racional y objetivamente» para llevar a cabo el registro.

«Riesgo grave e inminente»

A continuación, se precisa que «fuera de dependencias policiales sólo podrán practicarse diligencias de registro corporal que exijan dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa cuando exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes o la ciudadanía».

Y se imponen más obligaciones a los agentes: «No se dejará a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes, con el máximo respeto a la identidad sexual y/o género, procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros».

El redactado actual, que se modifica, era hasta ahora el siguiente: «Si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, se efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros».

Pacto PSOE-Bildu

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana confirma el idilio entre el Gobierno socialista y Bildu. El partido proetarra tumbó precisamente un texto anterior, por su disconformidad con algunos aspectos, como el uso de las pelotas de goma o las devoluciones de inmigrantes. Otra reivindicación de los de Otegi pasaba por rebajar las faltas de desobediencia a la autoridad, que pasa de grave a leve. «La desobediencia manifiesta y clara a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico y cuando no sea constitutiva de infracción penal», dice el nuevo artículo.

Otro de los cambios más relevantes afecta al uso de pelotas de goma. La ley obligará a los agentes a utilizar «los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables» y a «sustituir progresivamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma por otros menos lesivos».

También se suprime la sanción relativa a las manifestaciones frente a las sedes del Congreso, el Senado y las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas, «por resultar desproporcionada y conflictiva con el derecho de reunión».

Asimismo, la toma de imágenes de actuaciones policiales no será sancionable, quedando únicamente sancionado el uso o difusión de las imágenes que afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de policías o sus familias, supuesto en el que, en todo caso, «deberá motivarse la incoación de un procedimiento sancionador y las razones que existan para entender que hay riesgo para la seguridad del agente». Este punto ha sido muy discutido por los policías, al considerar que los deja totalmente desprotegidos ante los violentos.

Varias organizaciones policiales ya han convocado una protesta el próximo 6 de noviembre frente al Congreso para mostrar su rechazo al acuerdo del Gobierno con Bildu. La convocatoria ha sido impulsada por la Plataforma contra la Inseguridad Ciudadana, que agrupa a una treintena de las principales organizaciones sindicales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.