Policía y Guardia Civil temen las cesiones de Sánchez al separatismo: «Acabarán por quitarnos todo»

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado temen las consecuencias de la negociación entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña y las cesiones de Pedro Sánchez para contentar al separatismo. El Govern independentista acudió este lunes a la reunión bilateral con el Ejecutivo con una carpeta de reclamaciones entre las que figura reforzar el poder de los Mossos d’Esquadra. Una petición histórica que esconde la auténtica ambición de vaciar de competencias a Policía y Guardia Civil, hasta su expulsión definitiva de la comunidad autónoma.

El separatismo pretende, entre otras medidas, que los Mossos asuman los trabajos de conservación de la naturaleza y el medio ambiente, que ahora corresponde a la Benemérita, así como la vigilancia de puertos y aeropuertos.

En su programa para el 14-F, los socialistas ya se comprometían a «desarrollar la Ley del sistema policial de Cataluña para superar el actual modelo de separación competencial, contemplando la intervención integral de las policías dentro del territorio de Cataluña y potenciando la coordinación y cooperación con los efectivos de la Policía Local, mediante los mecanismos más adecuados». Una afirmación que levantó suspicacias entre los agentes.

«Es una vuelta de tuerca más en favor del independentismo y en contra de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que verían mermadas sus competencias y terminarían prácticamente por no tener nada», asevera Pablo Pérez, portavoz de Jupol.

«Acoso y odio»

Los agentes llevan meses reclamando que se declare Cataluña Zona de Especial Singularidad, como ya ocurre en el País Vasco y Navarra, lo que conlleva un complemento económico y días de permiso. El reclam0, en cambio, no ha sido atendida.

Según estas organizaciones, la actual situación en Cataluña «cumple con los requisitos necesarios para realizar esta declaración, ante el clima de ataque, acoso y odio contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se vive en esta región a raíz del proceso independentista».

Opinan que con esa declaración se lograría el arraigo de los Policías Nacionales y los Guardias Civiles que prestan su servicio en Cataluña, así como de los nuevos destinados, y se reducirían de manera «considerable» los traslados a otras comunidades de los agentes y las vacantes que se producen por este «acoso», logrando así un «servicio continuado y eficaz» por parte de agentes «experimentados» más allá de su primer destino o destino de paso.

«Lo que vemos más oportuno es ampliar las competencias, porque cuando hay problemas graves de orden público, como pudimos observar por ejemplo el 1-O, siempre tienen que ser Policía y Guardia Civil las que saquen las castañas del fuego. Es un paso más contra nuestros derechos y competencias en Cataluña», señalan en declaraciones a OKDIARIO.

En septiembre de 2019, la mayoría independentista del Parlament aprobó una resolución en la que pedía abiertamente la retirada de la Guardia Civil de Cataluña tras la desarticulación de un comando de los llamados comités de defensa de la república (CDR) que pretendía atentar en el aniversario del 1-O. La decisión salió adelante con los votos en contra del PSC, Ciudadanos y el PP, mientras que los ‘comunes’ se abstuvieron.

En la resolución se exigía «la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil, dado que se han mostrado abiertamente como una policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales».