Podemos y PSOE diseñan una trampa para evitar la inhabilitación del pateapolicías Alberto Rodríguez

Alberto Rodríguez es el diputado de Podemos condenado por el Tribunal Supremo por patear a un policía. Ese fallo judicial incluye la inhabilitación del cargo público de diputado. Pero ni Podemos, ni el PSOE aceptan ese mandato y preparan una trampa para que Rodríguez pueda mantener su escaño: una suspensión temporal del cargo para simular que, con ello, ya se ha cumplido la sentencia.

PSOE y Podemos negocian ya la treta: aprobar en el Congreso de los Diputados una suspensión equivalente al tiempo de condena para argumentar que, con ello, se ha dado cumplimento a la sentencia. El argumento de fondo pasa por el hecho de que la condena -a mes y medio- no llega a 10 meses y, por lo tanto, puede ser cumplida, supuestamente, con la treta diseñada ahora por la izquierda en el Congreso de los Diputados.

Lo cierto es que el fallo no señala eso. La sentencia, al contrario, es simple y llanamente una demoledora condena contra el diputado de Podemos por ejercer la violencia contra la Policía. La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, como autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, a la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Rodríguez, conocido como El Rastas de Podemos, defendía que “nunca” había agredido a ningún agente y que todo era “un montaje”. Sin embargo,  la sentencia considera probado que propinó una patada a un policía en una manifestación en 2014 en La Laguna (Tenerife).

Inhabilitación

La inhabilitación debería llevar la entrega del acta, puesto que gracias a ese sufragio pasivo accede al cargo de diputado, según los juristas consultados, entre otros, por el PP.

Pero Podemos y PSOE no están dispuestos a que Rodríguez abandone el puesto de diputado. Y ello, pese a la presión que ejercen ya sindicatos policiales que consideran inadmisible que un cargo público condenado por atacar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueda continuar en su puesto.

La sentencia, de hecho, relata que “en el curso de los enfrentamientos físicos que, como consecuencia de la actitud violenta de algunos de los congregados, tuvieron lugar entre éstos y agentes policiales, el acusado Alberto Rodríguez (…) que en ese momento se encontraba entre los primeros, propinó una patada en la rodilla al agente del C. N. de Policía nº 92.025, que, debidamente uniformado, estaba cumpliendo las funciones propias de su cargo como integrante de la referida unidad policial, el cual, a consecuencia de aquella, sufrió una contusión de la que curó en un día sin impedimento para sus actividades habituales”.

El Supremo argumenta que, para determinar la agresión al agente y la autoría de la misma, la prueba que ha tenido en cuenta es, fundamentalmente, la declaración del policía afectado, quien “en sus declaraciones no expresó duda alguna respecto a que el acusado fue quien le propinó, voluntariamente, una patada en su rodilla izquierda, en el curso de los incidentes que tuvieron lugar”.

Añade que “tal declaración aparece corroborada por el hecho de haber acudido inmediatamente después de los sucesos a recibir asistencia médica y por la temprana identificación policial del acusado como autor de los hechos. La credibilidad del testigo viene avalada además por la persistencia en la versión mantenida desde el principio y por la inexistencia de cualquier clase de animadversión contra el acusado”.

Sindicatos policiales como Jupol o CEP han salido ya a la opinión pública para argumentar lo “inadmisible” de esta situación.

Condena

El sindicato policial CEP ha sido contundente en un comunicado publicado por OKDIARIO: “La condena del diputado de UP nos parece totalmente incompatible con su continuidad en el escaño. Al margen de consideraciones jurídicas, resulta intolerable que un represente de los ciudadanos en una alta institución del Estado, como el Congreso de los Diputados, se empeñe en mantenerse aferrado a su puesto. Está tardando en dimitir y, sobre todo, en pedir perdón al compañero al que propinó la patada durante una protesta”.

El texto añade: “Nos resulta llamativo que aquéllos que tanto se empeñan en poner siempre en su punto de mira político a los servidores públicos -y en el caso de la Policía Nacional, al colectivo funcionarial que más sometido está a fiscalización disciplinaria y penal en todas sus intervenciones- sean incapaces de aplicarse esa misma exigencia en su ejecutoria como representantes públicos. Sin embargo, mucho nos tememos que se volverá a aplicar lo que coloquialmente conocemos como ley del embudo para acabar cuestionando al tribunal y su sentencia, como se hace en otras ocasiones con nuestro colectivo”.