El PSOE no quiere que los posibles ministros de Podemos toquen las áreas económicas del Gobierno. Y es normal, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, ha tenido que aceptar la presencia de hombres de Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros a regañadientes, sin embargo, sabe que sus exigencias económicas pueden suponer un serio problema, especialmente teniendo en cuenta la supervisión de Bruselas.
Entre las exigencias que ya han planteado los dirigentes podemitas se encuentra la regulación de una renta mínima para la parte de la población con menores ingresos que tendría un coste presupuestario total de 18.000 millones de euros, según los propios hombres de Iglesias. Podemos considera que esa medida puede ser su gran hito, sin embargo, otra cosa es saber y preguntarse cómo se puede pagar semejante volumen de dinero y eso si los cálculos de la formación morada son, efectivamente, reales.
Esta medida supone la implantación de un sueldo mínimo de entre 600 y 1.200 euros para toda persona con ingresos reducidos y que lleve viviendo en España más de seis meses. Es decir, que no es necesario ni un periodo mayor de residencia ni estar en posesión de la nacionalidad española. Además, cada hijo dará derecho a otra percepción de dinero adicional, de entre 1.200 y 1.500 euros al año.
Podemos asegura que el coste de esta medida será de 18.000 millones de euros, un cálculo que llama la atención sobre todo porque su propio partido en 2014, con un anuncio muy parecido –una renta básica de 1.000 euros–, ya admitió que el coste podría elevarse hasta los 145.000 millones de euros.
Podemos lleva tiempo detrás de la implantación de esta medida, es más, ya ha registrado en el Congreso de los Diputados esta propuesta con anterioridad a las elecciones del 28-A para que, o por medio de su presión al PSOE -en caso de no llegar a entrar en el Ejecutivo– o una vez dentro del Gobierno –tal y como negocian en estos momentos–, puedan desarrollar su tramitación con mayor celeridad. De esa manera, además, el PSOE tendrá más complicado retrasar su aprobación si ve imposible de asumir el coste presupuestario.
El texto registrado por Podemos no es una Proposición No de Ley (PNL), sino de materia legislativa pura y dura. Es decir, de obligado cumplimiento tras ser aprobada. Además, el propio articulado recoge un precepto que hace perder literalmente el control de los pagos al Gobierno porque se regula a través de un Observatorio que contaría con presencia ajena al Gobierno –obviamente Podemos pretende colarse en ese organismo– y éste exigiría los pagos, incluso, en caso de crisis económica o clara ausencia de capacidad presupuestaria.
El texto señala, además, que lo mínimo que debe cobrar una persona es el equivalente “al umbral de riesgo de pobreza”: el 60% de la media de la renta disponible. “La cuantía de la prestación por hijo a cargo debe alcanzar los 1.200 € al año por menor” y “la cuantía que se reconoce a los hijos menores de 18 años o menores a cargo que tengan una discapacidad igual o superior al 33%, o que vivan en hogares monoparentales –aplicando los umbrales de ingresos especificados–, se incrementa a 1.500 euros en ambos casos”.
Además, “con objeto de evitar inconsistencias y trato inequitativo entre diferentes prestaciones de garantía de ingresos mínimos, se procede a revisar al alza la cuantía de las pensiones no contributivas, de modo que su cuantía básica se equipare siempre a la establecida para la nueva prestación de suficiencia de ingresos”, que oscilará entre los 600 y los 1.200 euros al mes.
Toda una bomba de relojería económica que tiene en sus manos ya el PSOE de Sánchez y que no dejará de exigirle Iglesias y sus ministros en caso de que éstos entren en el Gobierno.
