Juicio al 'procés'

Cuatro técnicos de Hacienda acreditan en el Supremo la malversación del 1-O

La presencia de las peritos del Ministerio de Hacienda en la Sala no gustó a los abogados de las defensas que alegaron indefensión para tratar de suspender la sesión de este miércoles.

Cuatro técnicos de Hacienda acreditan en el Supremo la malversación del 1-O
Peritos Hacienda Juicio 1-O

Cuatro peritos se sientan, por primera vez, frente al tribunal en el juicio al ‘procés‘. Cuatro técnicos de Hacienda, expertas en materia fiscal, tributaria y presupuestaria que desgranan, a preguntas del Ministerio Fiscal, con un nivel de conocimiento envidiable –inédito en la Sala hasta la fecha- un informe que determina cómo el Govern de la Generalitat utilizó "fondos públicos" para "la organización, preparación, logística, financiación y ejecución del referéndum" ilegal, del 1 de octubre de 2017.

Los peritos tienen la obligación legal de decir la verdad, actuar con la mayor objetividad posible y aportar luz al tribunal sobre los hechos "objeto de análisis", parafraseando al propio Marchena. Tanto en lo que pueda favorecer como en lo que pueda perjudicar a cualquiera de las partes. Por ello, las cuatro abogadas del Estado, asesoras en el Ministerio de Hacienda han dejado claro que sus pesquisas, recogidas en un dictamen profesional, buscaban "la verdad material". En una palabra, se trataba de diagnosticar si la actuación de la Generalitat, vinculada al 1-O, provocó un "perjuicio al patrimonio público".

A las expertas no les importaba quién dirigía las Consejerías, ni su adscripción ideológica, sino si la actuación de los consejeros al frente de las mismas redujo la caja de la Generalitat y si lo hizo para pagar servicios contratados para el referéndum ilegal: publicidad, material electoral, páginas web, … Con independencia de si, posteriormente, se pagaron o no las facturas correspondientes, por diversas razones.

"Los servicios públicos no son gratuitos, o los pagan los usuarios o los pagan los ciudadanos" recuerdan las peritos técnicos de Hacienda en el Tribunal Supremo. 

De la declaración de las peritos se extraen dos conclusiones. La primera, que la prestación de un servicio implica, siempre, un necesario compromiso de pago. O lo que es lo mismo, los trabajos que la Generalitat de Cataluña pidió a varias empresas – Unipost, Corporación Catalana de Medios, …- para la celebración de la consulta ilegal del 1-O, generaron un gasto y, por lo tanto, una reducción de los fondos públicos de, casi, un millón de euros.

[Sobre este último punto, tres de las técnicos -María del Carmen Tejera, Sara Izquierdo y Teresa Hernández- han desvirtuado la importancia de las facturas "rectificativas" que las defensas han usado como excusa permanente, durante las declaraciones de los testigos, para explicar que la Generalitat no pagó. Las peritos han señalado que incluso una renuncia a pagar "tiene una repercusión porque implica una condonación de una deuda", pero "no elimina el gasto por la prestación del servicio", del que la Generalitat se ha beneficiado].

La segunda, para desmontar el mantra de que los servicios públicos son gratis. No. "Los servicios públicos no son gratuitos, o los pagan los usuarios o los pagan los ciudadanos", recordaban las peritos. Lo hacían para explicar cómo la emisión en TV3 de los anuncios publicitarios de la Generalitat diseñados para las campañas ‘Civisme’ y ‘Catalanes en el exterior’, a través de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), es una utilización de medios públicos, en toda regla, para dar soporte a la propaganda oficial de una consulta declarada ilegal y, previamente, suspendida por el Tribunal Constitucional.

"Nuestro análisis parte de que los espacios cedidos por la CCMA son propiedad de la Administración Pública y que, por lo tanto, tienen un valor", explica una de las técnicos. "Para cuantificarlo nos basamos en el precio le asignó a dichos espacios el propio ente, con independencia de si el pago de los importes correspondía a un departamento concreto de la Generalitat o se prestó como parte de un intercambio. Esto no nos parece relevante para determinar que existió un perjuicio patrimonial", continúa. Que es, al fin y al cabo, lo que afecta a la hora de probar el delito de malversación.

La malversación al céntimo

La Fiscalía ha incidido durante el interrogatorio técnico en el volumen total de la, presunta, malversación. El delito recogido en el Código Penal exige un mínimo de 250.000 euros, los hechos descritos por las peritos en la Sala alcanzan "917.648 euros". De cómo llegan a esta cifra han hablado largo y tendido durante la sesión. Pormenorizadas, rigurosas, diligentes y seguras de lo que dicen porque han dedicado tiempo y un gran esfuerzo en analizarlo.

Casi un millón de euros que justifican, al céntimo, sin titubear. Desde la financiación del ‘Diplocat’ -órgano dependiente de la hacienda pública catalana- cuyos gastos salieron del erario público, se mire por donde se mire, hasta el anuncio de una conferencia de la Generalitat sobre el referéndum, en el Parlamento Europeo, el 24 de enero de 2017, que costó a los catalanes la friolera de 91.061 euros.

Las peritos citadas por la Fiscalía cuantifican el importe de la malversación en un total de 917.648 euros 

Pasando, cómo no, por los dos anuncios de "las vías del tren" emitidos por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales que, según la Generalitat, no costaron nada, porque el ente en cuestión, es público. ["Los servicios públicos no son gratuitos, o los pagan los usuarios o lo pagan los ciudadanos", resuena en la Sala]. Por si esto no fuese suficiente, las técnicos de Hacienda recuerdan al tribunal que la Corporación sigue reclamando, en la actualidad, el pago de sendas facturas de 112.747 y 223.396 euros, respectivamente. Dos documentos que la interventora general de la Generalitat nunca mencionó en sus comunicaciones con Hacienda, mientras duró el control del Gobierno central sobre las cuentas autonómicas, en otoño de 2017, antes y durante la aplicación del 155.

Para cerrar, la campaña de ‘Catalanes en el exterior’ que germinó en un total de cinco facturas a nombre de la Consejería de Presidencia, por indicación de Jordi Turull, al módico precio global de 220.253 euros, y cuyo pago suspendió la administración catalana amparándose en la existencia de un procedimiento judicial que lo desaconsejaba. Las peritos apuntan entonces a que "no es lo habitual", si el servicio está prestado "corresponde atender al pago". También sería Turull quien pidiese al entonces vicepresidente Oriol Junqueras, como máximo responsable de Economía de la Generalitat, un crédito del Fondo de Contingencia, de cerca de 3,4 millones de euros, para la campaña ‘Civisme’.

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