Sánchez busca el ‘cerrojazo’ permanente: baja de 250 a 150 casos el listón para restringir la movilidad

El Gobierno endurece las medidas obligatorias contra el Covid. La última actualización del plan contra la pandemia, aprobado este viernes, incluye un matiz relevante sobre las restricciones de movilidad. Hasta ahora, se establecía que, a partir de los 150 casos por 100.000 habitantes, se podría «valorar» la «limitación de entradas y salidas del área territorial evaluada excepto para actividades esenciales». Ahora directamente se impone esa medida. Es decir, se acota el margen de debate y maniobra por parte de las comunidades autónomas. El plan ofrece así un cobijo a Pedro Sánchez para obligar a las restricciones, aún cuando la situación de la pandemia mejore. De hecho, actualmente se han establecido cierres perimetrales pese a que el nivel de incidencia es inferior a ese umbral.

Como informó OKDIARIO, el Gobierno impone además «la supresión del servicio en zonas interiores de los establecimientos» cuando el nivel de alerta sea «alto». Una propuesta que va especialmente dirigida contra la Comunidad de Madrid. La región presidida por Isabel Díaz Ayuso ha logrado preservar a la hostelería del impacto económico de la pandemia. Además, se limitan las reuniones -en público y en privado- a un máximo de 6 personas, o de 4 si estamos en nivel «muy alto» y no son convivientes.

El anterior documento no recogía de forma tan taxativa las medidas, y dejaba la opción de que fueran valoradas por parte de las comunidades. Como en el caso de la movilidad, sobre la hostelería se dejaba en la «autoridad sanitaria» la valoración de cerrar el interior de bares y restaurantes. También se contemplaba la reducción de aforos y la prohibición del consumo en barra.

Estado de alarma

El nuevo plan se conoce en pleno debate sobre la ampliación del estado de alarma, una decisión que Pedro Sánchez.

Carmen Calvo advirtió este jueves de que, a partir del 9 de mayo -cuando expira el vigente decreto- se podrían utilizar medidas de obligado cumplimiento, aunque no se estuviera en estado de alarma. Cabe recordar que el PSOE tiene mayoría en el Consejo Interterritorial, a través de sus consejeros en las comunidades autónomas.

En el informe aprobado este viernes el Gobierno explica que «el Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC) ha establecido un umbral de incidencia acumulada en 14 días de 25 casos por 100.000 habitantes para considerar que el riesgo comienza a incrementarse, y un límite superior de 150 para considerar que el riesgo es muy elevado». «Para España, hemos establecido el intervalo 150-250 como un riesgo alto y hemos establecido un umbral adicional, incidencia superior a 250 por 100.000, para señalar situaciones de riesgo muy alto en las que se precisen acciones adicionales si las implementadas con incidencias de más de 150 no lograran controlar la transmisión».

Asimismo, se avisa de que «además de los indicadores planteados, se hará una valoración individualizada de la situación del territorio y se tendrán en cuenta otros posibles indicadores, incluidos los cualitativos y los referentes a equidad en salud y vulnerabilidad social».

De esta forma, se establece una valoración añadida, señalando que «para determinar el nivel de riesgo de un territorio los indicadores deben interpretarse siempre de forma dinámica y tanto la tendencia como la velocidad de cambio deben tener un peso específico en esta valoración».

«En situaciones en las que el nivel de transmisión se incremente, será importante hacer la evaluación del riesgo utilizando indicadores más sensibles, que permitan detectar de forma rápida cambios en la tendencia para poder escalar de forma inmediata las medidas de control», se indica.

Criterios ‘subjetivos’

La decisión final de qué nivel de alerta se asignará al territorio evaluado «no sólo se fundamentará en el nivel de riesgo resultante de los indicadores, sino que podrá modularse con la tendencia ascendente del indicador y su velocidad de cambio, así como con una evaluación cualitativa que incluya la capacidad de respuesta, las características socioeconómicas, demográficas y de movilidad del territorio evaluado», recoge el texto. Criterios que castigan especialmente a regiones como la Comunidad de Madrid.

El Gobierno de Pedro Sánchez explica que «desde que finalizó la desescalada, casi la mitad de los brotes se han producido dentro de un contexto social, principalmente en lugares cerrados, como puede ser en domicilios o espacios interiores, en muchos casos mal ventilados, donde se habla en voz alta, se canta y no se hace buen uso de la mascarilla o se realizan actividades donde es incompatible su uso continuo, como comer, beber o hacer actividad física».

Así, justifica que se limite el número de personas no convivientes en las reuniones, y la recomendación de permanecer en el domicilio.

El Ejecutivo endurece las medidas pese a que, en el mismo informe, admite que su implantación «debe llevar implícita una valoración del impacto de las mismas sobre la salud y el bienestar de la población, la sociedad y la economía».