Llarena activará la Euroorden contra Puigdemont y la extradición de Gabriel cuando les procese en junio

Pablo Llarena
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Carlos Cuesta

El Tribunal Supremo activará en junio la Euroorden contra Carles Puigdemont y pedirá la extradición pasiva contra Anna Gabriel. El auto de procesamiento deberá estar ya dictado en ese mes y, por lo tanto, la instrucción cerrada. Un paso con el que el Tribunal Supremo da por hecho que tanto Bélgica –en el primero de los casos–, como Suiza, en el segundo, tendrán más difícil negar un envío sin matices penales puesto que las evidencias de las pruebas acumuladas contra los dos imputados serán palpables.

En cualquiera de los casos, la Justicia española no quiere renunciar a la posibilidad de que sean juzgados ambos por rebelión y sedición. Y es que “no tendría ningún sentido aceptar un envío desde esos países con los tipos penales limitados a delitos menores porque, sobre todo en el caso de Puigdemont, llegaríamos al absurdo de que el director del golpe acabaría siendo juzgado por delitos menos graves que los que le seguían y acompañaban en el ilícito”, señala una fuente judicial conocedora del caso.

El Tribunal Supremo cuenta con el respaldo de la Fiscalía para exigir el traslado por la totalidad de los delitos de los que están acusados. Y ambos comparten que los tiempos no deben dilatarse para evitar una sensación de abandono injustificado y prolongación de las prisiones preventivas más allá de lo estrictamente necesario.

Hasta el momento la Euroorden se ha preferido limitar y retirar temporalmente para evitar precisamente ese envío parcial. Pese a ello, fuentes conocedoras del proceso no ocultan su critica por la sensación dejada en este punto por Europa, especialmente, tratándose de un asunto de gravedad máxima y de ataque a la Constitución de un Estado miembro. Y es que “resultará muy difícil explicar cuando pasen los años que unos imputados por delitos tan graves como de los que se habla en el 1-O hayan podido estar dentro del territorio comunitario protegidos frente a la acción de una Justicia, la española, digna del mejor nivel de protección de derechos de todo el mundo”.

Acumulación de suficientes pruebas

Fuentes judiciales destacan que la acumulación de pruebas avanza a un ritmo más que notable y que en el momento en el que se solicite la entrega de los dos imputados se hará, obviamente, una labor previa de explicación del material acumulado y de las evidencias que apuntan a la culpabilidad de ambos líderes políticos. La labor se hará, precisamente, para evitar problemas en la concesión de la Euroorden y la extradición.
A partir de ahí y con ambos fugados en España, el juicio oral se podrá abrir de forma rápida y, por lo tanto, tener una sentencia a tiempo y evitar dilaciones indebidas.

Pese a ello, y durante esos cuatro meses, la Fiscalía y la Guardia Civil no ocultan que seguirán con su labor de investigación de las vías de financiación que están permitiendo a los fugados permanecer en el extranjero. “Porque evidentemente no se pueden estar sustentando con sus ahorros y, por lo tanto, eso implica que cuentan con vías de financiación externas que les permiten prolongar su estancia como prófugos de la Justicia”. Y, como no ocultan, fuentes de la investigación, cuanto más tiempo permanezcan en esta tesitura, más oportunidades tendrán los agentes policiales para detectar las vías de dinero y actuar penalmente contra ellas y sus responsables.

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