Un órgano con presencia de 10 ministerios también fue alertado de las rebajas de pena del ‘sí es sí’

El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, organismo adscrito al Ministerio de Igualdad y que cuenta con representación de otros nueve ministerios, también recibió advertencias sobre las rebajas de pena que recogía la ley del sólo sí es sí.

Este órgano, que ejerce funciones de asesoramiento, elaboró un informe sobre el proyecto tras recibir alegaciones de 13 de sus miembros. El Observatorio está presidido por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y cuenta en su composición con una amplia representación, formada por los Ministerios de Justicia, Hacienda, Interior, Educación, Política Territorial, Sanidad, Trabajo, Inclusión y Universidades, además de comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y distintas organizaciones sociales, entre otros.

Entre las entidades que presentaron sus alegaciones a la norma figuran Comisiones Obreras y la Asociación de Mujeres Juristas Themis, críticas con la rebajas de pena.

Desde el sindicato se pidió al Gobierno que revisase «la rebaja de las penas de los delitos de agresión sexual». En Themis mostraron también su desacuerdo con «la rebaja generalizada de penas para los delitos contra la libertad sexual».

«La reforma va a suponer una imposición más leve de penas por parte de los juzgados y tribunales», aseveraron estas juristas.

Moncloa sabía el riesgo

Estas advertencias se suman a los múltiples avisos que había recibido el Gobierno. El Ministerio de la Presidencia, como ha desvelado este periódico, era consciente del riesgo judicial de la ley pero, aun así, Pedro Sánchez le dio su visto bueno en el Consejo de Ministros del 6 de julio de 2021, permitiendo que se iniciase la tramitación parlamentaria.

El documento de Moncloa, que está fechado el 16 de septiembre de 2020, alertaba de que las penas quedaban «sustancialmente reducidas» en la nueva norma y, con ello, «el resultado conseguido es que el reproche penal es notablemente inferior al actualmente previsto para las agresiones sexuales, que son los comportamientos más graves». Algo que Presidencia consideraba que no estaba «justificado». Por ello, instó a Igualdad a «revisar esta cuestión en el anteproyecto, de forma que las penas se mantengan de forma equivalente a su regulación actual».

Otro organismo, el Consejo de Participación de la Mujer, adscrito también a Igualdad, advirtió igualmente de las rebajas de pena.