Un órgano asesor de Irene Montero también le avisó de que su ley rebajaba las penas a violadores

Un informe del Consejo de Participación de la Mujer, órgano consultivo y asesor adscrito al Ministerio de Igualdad, también advirtió a Irene Montero de la rebaja de penas que implicaba la conocida como ley del sólo sí es sí. El documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, está firmado por la Secretaría de Estado de Igualdad y el Instituto de las Mujeres, y recoge las observaciones realizadas por asociaciones de mujeres y distintas organizaciones participantes en relación a la norma impulsada por Igualdad.

El informe recopila las críticas de una nutrida representación de asociaciones, además de sindicatos y patronal, entre las que se plantean objeciones a la reducción de las penas para los delitos sexuales. «Consideramos que debería revisarse la rebaja de las penas de los delitos de agresión sexual en los artículos 178, 179 y 180 del Código Penal», trasladó por ejemplo Comisiones Obreras.

Muy crítica se mostró la Asociación de Mujeres Juristas Themis. «Mostramos nuestro desacuerdo en la rebaja generalizada de penas para los delitos contra la libertad sexual», advirtieron estas expertas, alertando de sus consecuencias: «Aunque ahora se haya eliminado el delito de abuso sexual y haya que reorganizar las penas y se contemplen agravantes, que antes también existían, en la práctica, casi con total seguridad, la reforma va a suponer una imposición más leve de penas por parte de los juzgados y tribunales».

Según esta asociación, esta merma de las penas «hace suponer que no se proporciona la importancia debida al bien jurídico protegido, que no es otro que el de la libertad sexual de las personas, o que se consideraban excesivas las anteriores penas, con arreglo al principio de proporcionalidad que se invoca en la exposición de motivos cuando la denuncia del movimiento feminista era precisamente que en la práctica judicial la tónica general era la minimización de la gravedad de las conductas y levedad de las penas, al menos en los casos que no consistían en (las prototípicas) agresiones por asalto de un desconocido».

En el caso de la violación agravada, reiteraban su desacuerdo: «No nos resulta acertado la rebaja tan considerable y general en las penas de prisión a imponer, desde un máximo de 15 años vigentes en los subtipos agravados de violación a los 12 años, minorando con ello la importancia del bien jurídico protegido, que es el de la libertad sexual».

El Consejo de Participación de la Mujer es un organismo que actúa como interlocutor de las entidades representativas de las mujeres ante el Gobierno. Entre sus funciones está principalmente el asesoramiento en las políticas públicas, sirviendo de cauce para la participación de las mujeres.

Las advertencias, en cambio, fueron desoídas por Irene Montero, como también las de jueces, expertos y oposición, que en reiteradas ocasiones alertaron de las consecuencias judiciales de su ley. Al cierre de esta información, 360 agresores sexuales se habían visto beneficiados y 32 de ellos han salido de prisión.

Moncloa lo sabía

El Gobierno ha ocultado deliberadamente este documento, junto a otros remitidos por distintos ministerios, comunidades autónomas y organizaciones con críticas y alegaciones a la ley, hurtando así una información clave al Congreso de los Diputados para su aprobación.

OKDIARIO también ha desvelado el informe del Ministerio de la Presidencia que demuestra que Moncloa era consciente del riesgo judicial de la ley. Aun así, Pedro Sánchez le dio su visto bueno en el Consejo de Ministros del 6 de julio de 2021, iniciando su tramitación parlamentaria hasta su aprobación definitiva, este pasado agosto. Este lunes, la ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo admitió que el Ejecutivo sabía que la ley provocaría reducciones de penas y excarcelaciones.

El documento, que está fechado el 16 de septiembre de 2020, alertaba de que las penas quedaban «sustancialmente reducidas» y, con ello, «el resultado conseguido es que el reproche penal es notablemente inferior al actualmente previsto para las agresiones sexuales, que son los comportamientos más graves». Algo que Presidencia consideraba que no estaba «justificado». Por ello, instó a Igualdad a «revisar esta cuestión en el anteproyecto, de forma que las penas se mantengan de forma equivalente a su regulación actual».

Cuatro meses después de su entrada en vigor, y tras comprobar los perniciosos efectos de los que habían sido convenientemente alertados, los dos socios de la coalición negocian ahora una reforma de la ley que ya no evitará, sin embargo, nuevas revisiones y excarcelaciones.