Los deberes del nuevo presidente

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el líder socialista, Pedro Sánchez, conversan en La Moncloa. (Foto: EFE)

Abordar el desafío independentista en Cataluña, reformar la Constitución, consolidar el crecimiento económico, luchar contra la corrupción y garantizar la seguridad frente al terrorismo yihadista son algunas de las principales tareas que deberá asumir el nuevo presidente del Gobierno.

Algunos de estos retos han quedado sobre la mesa durante una legislatura en la que la prioridad del Ejecutivo de Rajoy era salir de la crisis que ha tenido efectos devastadores sobre el empleo y la economía de las familias.

El reto soberanista de Cataluña

El proyecto independendista ha llegado a un callejón sin salida en el que a Artur Mas ya solo le quedan dos opciones: ponerse en las manos de los antisistema de la CUP o asumir su fracaso y emprender el anunciado exilio a Quebec. Si como auguran muchas encuestas el voto soberanista se desinfla en estas elecciones, las pretensiones de declarar la independencia desde el Parlament habrán quedado definitivamente desacreditadas ante la opinión pública internacional. Todo ello facilitará las cosas para que el nuevo presidente del Gobierno reconduzca la situación en Cataluña. A Artur Mas ya solo le queda una esperanza: que surja de las urnas un pacto de Gobierno formado por el PSOE y Podemos, que le permita celebrar su referéndum de independencia.

La reforma de la Constitución

Todos los partidos, salvo el PP, coinciden en la necesidad de modernizar la Constitución que ha hecho posible el mayor período de prosperidad y libertades de la historia de España. Dado que España no se puede permitir mantener permanentemente abierto el debate sobre el modelo de Estado, la reforma debería resolver definitivamente el diseño autonómico. Pese a que España ya es uno de los países más descentralizados del mundo, el PSOE propone avanzar hacia un Estado federal, con medidas cosméticas como trasladar el Senado a Barcelona. En cambio, Ciudadanos propone sustituir la Cámara Alta por una conferencia de presidentes autonómicos. Por su parte, Podemos pretende abrir un nuevo proceso constituyente que culminaría con la eliminación de la Monarquía. La existencia de posiciones tan alejadas hará muy difícil sumar la mayoría cualificada necesaria (tres quintos de las Cortes) para consensuar la reforma.

La lucha contra la corrupción

Los partidos sólo podrán recuperar la confianza de los ciudadanos si abordan nuevas medidas de democracia interna y lucha contra la corrupción. Podemos las reduce a prohibir las puertas giratorias. Pero serán necesarias medidas mucho más ambiciosas como garantizar una mayor transparencia en la financiación de los partidos (también para evitar que reciban fondos de regímenes totalitarios y corruptos como Irán o Venezuela) y, sobre todo, garantizar la independencia de la Justicia. Una promesa, esta última, que el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón incumplió en un tiempo récord.

Consolidar el crecimiento económico

La experiencia más reciente demuestra que sólo las políticas de liberalización de la economía y control del déficit público, que permitan rebajar los impuestos, facilitan la actividad de las empresas y la creación de empleo. Y es en este campo en el que resultarían más destructivas las propuestas de Podemos: disparar el gasto público alejaría a España de la senda de crecimiento marcada por la Unión Europea. Auditar la deuda pública y negarse a pagar buena parte de ella condenaría a España al mismo corralito que ha sufrido hace pocos meses Grecia. Y por último, crear una gran banca pública no haría sino repetir e incrementar el multimillonario agujero de Bankia y el resto de cajas de ahorros, que quebraron porque estaban controladas por los partidos y gestionadas con criterios políticos.

El fracaso de la educación

El sistema educativo, parcheado con sucesivas reformas impulsadas por el PSOE, constituye probablemente uno de los mayores fracasos de la democracia. Sólo UPyD defiende la necesidad de que la Administración central recupere las competencias de Educación, que en las Comunidades gobernadas por los nacionalistas ha servido para el adoctrinamiento político a favor del independentismo.

Garantizar el empleo y las pensiones

El Gobierno de Rajoy se ha visto obligado a tirar del fondo de reserva para garantizar el pago de las pensiones, que representan la primera partida de gasto del Estado (130.000 millones de euros al año). El progresivo envejecimiento de la  población exigirá nuevas medidas, como flexibilizar la edad de jubilación, para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Aunque, por supuesto, la creación de empleo es la mejor fórmula para garantizar las pensiones. La reforma laboral aprobada por Rajoy (que el PSOE quiere ahora derogar) ha supuesto un primer paso para recuperar el empleo destruido durante los años de la crisis. La Unión Europea pide avanzar hacia un modelo de contrato único, similar al que defiende Ciudadanos. Por su parte, Podemos aboga por elevar el salario mínimo interprofesional, una medida que tiene un coste cero para los Presupuestos del Estado, pero que puede tener un elevado coste en destrucción de empleo.

Una financiación autonómica más justa

Rodríguez Zapatero pactó con Artur Mas el actual sistema de financiación autonómica que, pese a ser considerablemente ventajoso para Cataluña, no ha frenado el proyecto independentista. Por contra, Madrid y Baleares son las dos Comunidades autónomas más perjudicadas: las que aportan más por habitante y menos reciben a cambio. Sólo Ciudadanos y UPyD han defendido la necesidad de eliminar el concierto vasco, para garantizar una financiación más equitativa que facilite la solidaridad entre las Comunidades.

Un papel relevante en el mundo

Cuando la crisis económica se llevó por delante los sueños de Rodríguez Zapatero de liderar la Alianza de Civilizaciones, España se vio condenada a ocupar un lugar irrelevante en el panorama internacional. Las reformas emprendidas por el Gobierno de Rajoy para salir de la crisis han contribuido ahora a que España recupere una parte del crédito perdido. Y ello implicará, en el futuro, cumplir los compromisos adquiridos con los socios europeos, también en la lucha internacional contra el terrorismo yihadista, que hoy constituye una de las principales amenazas para Europa. El nuevo presidente deberá estudiar la petición de Francia para apoyar la operación militar contra las bases del Estado Islámico en Siria.

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