La universidad pública de Baleares obliga a sus alumnos a identificarse y revelar en una encuesta a qué partido político votan

La polémica estalla en la universidad pública balear. Lo que debería ser un ejercicio académico rutinario se ha convertido, según denuncian varios alumnos, en una inquietante intromisión en su esfera más íntima y política. La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha puesto en marcha una encuesta de obligada realización en la que pregunta directamente a sus estudiantes a qué partido votarían en unas hipotéticas elecciones generales. Y no sólo eso: lo hace, aseguran, sin garantizar el anonimato real de quienes responden.

«Suponiendo que mañana se celebraran elecciones generales, es decir, para las Cortes Generales de España, ¿a qué partido votaría?». La pregunta, calcada a los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que preside José Félix Tezanos, podría parecer habitual en un estudio demoscópico. Pero aquí no la formula un organismo independiente con protocolos estrictos de confidencialidad estadística, sino la propia universidad a sus alumnos, en el marco de una encuesta cuya cumplimentación es obligatoria.

El malestar no ha tardado en aflorar. Varios estudiantes han contactado con OKBALEARES para expresar su preocupación ante lo que consideran una vulneración de su privacidad ideológica. El voto es secreto, consagra la Constitución, y la orientación política forma parte del núcleo más protegido de la intimidad personal. Sin embargo, los alumnos del doble grado de Turismo y ADE, junto a estudiantes de otras titulaciones sin vinculación entre sí, se han visto obligados a responder a cuestiones que traspasan claramente el ámbito académico. Incluso algunos profesores se desvincularon de esta encuesta alegando que ellos cumplen normas.

«Cuando se habla de política, normalmente se utilizan las expresiones izquierda y derecha. En una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa más a la izquierda y 10 más a la derecha, ¿dónde ubicaría a su hijo/a que le invitó a participar en la encuesta?» La redacción misma de la pregunta ha generado desconcierto y críticas. No sólo se indaga en la autoidentificación ideológica, sino que se formula de manera confusa, implicando incluso a terceros. Para muchos estudiantes, la sensación es clara: se les empuja a posicionarse políticamente bajo la mirada de la institución que evalúa su rendimiento académico.

El cuestionario no se detiene ahí. Otro de los puntos más controvertidos son las preguntas relativas a la inmigración. «¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones… Los inmigrantes suelen venir aquí sólo para aprovechar la asistencia social en España. Sucede con demasiada frecuencia que los inmigrantes tienen costumbres y tradiciones que no encajan en la sociedad española, etc». Se trata de afirmaciones de enorme carga ideológica y social, que tocan fibras sensibles y pueden generar incomodidad o temor a represalias en un entorno donde la jerarquía académica es evidente.

El elemento que más alarma ha despertado es el procedimiento técnico de la encuesta. Para poder participar, los estudiantes deben introducir un código y su correo electrónico institucional. Es decir, no se trata de un formulario anónimo al uso. La dirección dispone de los datos de quién ha contestado y, potencialmente, puede vincular respuestas concretas a identidades específicas. Aunque antes de iniciar el cuestionario se informó a los alumnos de que el contenido de las respuestas podrá ser publicado, pero mantendrán el anonimato y no se facilitarán nombres, la realidad técnica de recoger correos electrónicos y códigos personalizados siembra dudas razonables.

¿Cómo se garantiza, en la práctica, que no exista trazabilidad? ¿Quién custodia los datos? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué finalidad exacta? En un contexto en el que la protección de datos personales es una exigencia legal y ética, la mera percepción de que la intimidad política puede quedar expuesta resulta profundamente inquietante.

No se trata de cuestionar la libertad académica ni la investigación social. Las universidades son, o deberían ser, espacios de debate plural y análisis crítico. Pero precisamente por ello están obligadas a extremar las garantías cuando se adentran en terrenos tan delicados como la intención de voto o las actitudes frente a la inmigración. Más aún cuando la participación no es voluntaria.

El voto es libre y secreto. La conciencia política pertenece al ámbito más íntimo de la persona. Obligar a un estudiante a revelar, directa o indirectamente, su orientación ideológica bajo el paraguas de una encuesta institucional que exige identificación previa erosiona la confianza en la institución. La polémica está servida. Y la pregunta de fondo es incómoda: ¿hasta dónde puede llegar una universidad en nombre de la investigación sin poner en riesgo derechos fundamentales de sus propios alumnos?