Lo que el Gobierno no te cuenta de la nueva ayuda de 200 euros por hijo hasta los 18 años: la letra pequeña

El Gobierno ha actualizado la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y, entre todo el paquete de objetivos, ha introducido una propuesta que ha llamado la atención a muchas personas, ya que consiste en una ayuda universal de 200 euros para las familias con hijos menores. La idea aparece dentro del documento, pero por el momento, sin cifras oficiales ni detalles concretos aunque ya está dando mucho que hablar.

Desde el Ministerio de Consumo se trasladó a Europa Press que la intención del Ejecutivo es trabajar con una referencia de 200 euros al mes por hijo. Lo llamativo es que esa cuantía no figura en la estrategia aprobada en Consejo de Ministros, ni se menciona en los apartados donde se habla de protección social o lucha contra la pobreza infantil. Entonces, y en  la práctica, lo que hay ahora mismo es una declaración de intenciones con horizonte 2030, pero sin normativa, sin requisitos y sin memoria económica. Y esa falta de concreción es, precisamente, lo que ha puesto el foco en la letra pequeña del anuncio.

Lo que el Gobierno no te cuenta de la nueva ayuda de 200 euros por hijo

La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 se presenta como un documento marco para orientar políticas públicas a medio plazo. En él se recogen 100 metas que van desde promover la economía circular hasta reforzar los servicios sociales básicos. Dentro de ese conjunto heterogéneo aparece la referencia a una prestación universal destinada a todas las familias con hijos menores.

El mensaje político es claro: alcanzar a «el 100 % de los hogares» y lograr que la pobreza infantil severa desaparezca antes de 2030. El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy defiende que este plan pretende consolidar el compromiso de España con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y blindar el estado del bienestar frente a un escenario internacional cada vez más incierto. Pero el propio calendario genera un debate evidente: para que esta ayuda exista dentro de cuatro años, necesitaría el respaldo de gobiernos futuros. No hay garantía de continuidad, y 2027 es un año electoral.

La letra pequeña que no aparece en la Estrategia

Aunque se ha difundido la cifra de 200 euros por hijo, lo cierto es que ni en el documento aprobado por el Consejo de Ministros ni en la revisión de la Estrategia aparece esta cuantía. La propuesta se formula en términos mucho más generales: «implementar una prestación universal para reducir la pobreza infantil, complementada con educación, sanidad y servicios sociales».

Tampoco se establece si será mensual, anual, condicionada o compatible con el IMV. Lo único que se menciona de forma explícita es que esta ayuda conviviría con otras políticas ya existentes, como el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), que sí está recogido dentro del Ingreso Mínimo Vital. Por tanto, lo que se conoce hoy procede de declaraciones políticas anteriores.

En junio de 2024, Bustinduy habló públicamente de esa cifra, defendiendo que supondría un impulso económico global similar a la subida del SMI o a la reforma laboral. Y en mayo del mismo año, Yolanda Díaz planteó también un permiso o prestación de 200 euros al mes en los Presupuestos de 2025. Pero más allá de estas intenciones, no hay un documento jurídico que recoja esa cuantía.

Un coste que superaría los 18.000 millones de euros al año

La magnitud económica de la medida no es menor. Las estimaciones difundidas por organismos independientes muestran cifras muy distintas según la cuantía final. El informe de Unicef presentado en 2025 calcula que una prestación de 100 euros al mes tendría un coste anual superior a 9.000 millones. Si la ayuda ascendiera a 200 euros, el gasto se duplicaría hasta 18.103 millones.

La Fundación Iseak, en un análisis previo de 2024, elevaba incluso el coste hasta los 19.276 millones de euros al año, lo que implicaría un desembolso mensual superior a los 1.600 millones. Son números que obligan a explicar con claridad cómo se financiaría esta medida, si habría cambios fiscales asociados o si se aplicaría de forma verdaderamente universal.

Lo que sí destacan estos informes es su impacto social: Unicef cifra en más de 530.000 los niños que podrían salir de la pobreza con una prestación de 200 euros, aunque también advierte de que el efecto se estanca a medida que los ingresos familiares aumentan. Es decir, tendría un impacto fuerte en los hogares más vulnerables, pero sería menos determinante para clases medias y altas.

Un anuncio sin transparencia y sin documentación oficial

La mayor incógnita ahora mismo no es la ayuda en sí, sino la falta de información oficial. Distintos medios han intentado obtener el documento concreto aprobado por el Consejo de Ministros o una explicación detallada sobre la medida. Sin embargo, las consultas al Ministerio de Consumo han terminado derivadas a un formulario sin respuesta. Tampoco se ha aclarado qué parte de la propuesta tiene respaldo presupuestario y qué parte responde a un compromiso programático. De ahí que la llamada «prestación universal por crianza» genere más dudas que certezas.