Igualdad contará con 2,2 millones para bonus de productividad pese a la chapuza de la ley Montero

El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha reservado 2,2 millones de euros para pagar bonus de productividad -incluyendo aquí gratificaciones- a altos cargos y demás personal de su departamento y del Instituto de las Mujeres, organismo adscrito. Así se aprobó la semana pasada en el Congreso de los Diputados coincidiendo con más excarcelaciones y rebajas de penas para violadores y abusadores en aplicación de la ley del Sólo sí es sí, también conocida como Ley Montero y criticada por la oposición por ser una «chapuza». De hecho, son ya más de una treintena los agresores sexuales que se han beneficiado de la nueva norma.

En concreto, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que ha salido de la Cámara baja para seguir su tramitación en el Senado, contempla una partida de 1.713.830 euros para pagar «incentivos al rendimiento» al personal del Ministerio de Igualdad. Una cantidad que se divide en 1.702.690 euros en concepto de «productividad» y otros 111.400 euros en «gratificaciones».

A ello hay que sumar los 571.340 euros en «incentivos al rendimiento» que son asignados al personal del Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito a dicho ministerio a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Aquí, la partida se distribuye en 541.570 euros para «productividad» y 29.700 euros para «gratificaciones». En total, el departamento de Irene Montero dispone para estos pluses de 2.255.400 euros.

Cabe reseñar que los sueldos de los altos cargos del Ministerio de Igualdad son ya de por sí elevados, antes de percibir estos bonus. Por ejemplo, el puesto titular de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género estuvo remunerado con 93.585,11 euros entre enero y octubre de 2021 (con Noelia Vera al frente), y con 25.980,97 euros hasta final de año (con la actual responsable Ángela Rodríguez Pam), según datos del Portal de Transparencia del Gobierno.

Tanto estas dos secretarias de Estado como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han sido principales artífices de la redacción de la polémica ley de Libertad Sexual que está provocando excarcelaciones y rebajas de penas a violadores y pederastas. En su caso, Rosell percibió 99.577,08 euros en 2021 como alto cargo de Montero, incluyendo aquí sus ocho trienios por su condición de juez.

«Codo a codo»

Entretanto, lejos de revisar la controvertida norma, Irene Montero destacó el sábado la «solidez» de la misma y salió en defensa de sus colaboradoras. En un acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la titular de Igualdad manifestó que «solo juntas, en equipo, codo a codo y defendiéndonos las unas a las otras, podemos seguir conquistando derechos».

Además, aseguró la continuidad del Gobierno de coalición y recalcó que «vamos a terminar esta legislatura con cuatro leyes feministas aprobadas», en alusión a la Ley Trans y la reforma de la del aborto, que se sumarían a la de Libertad Sexual y la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación.