Tribunales

Iglesias se apoya ahora en los jueces para evitar el pago de una indemnización al presentador al que purgó

Los tribunales descartan acoso laboral y vulneración de la dignidad profesional

Iglesias presentador

La cadena de televisión de Pablo Iglesias, Canal Red, se ha apoyado en los jueces para evitar el pago de una indemnización al presentador estrella al que purgaron después de que él criticase la falta de pluralidad del medio. En lugar de una salida amistosa de la empresa, tal como denunció el periodista Sergio Gregori, se iniciaron unas maniobras que para él fueron «acoso moral». El comunicador no tuvo más opción tras verse marginado que demandar y la empresa se negó a cumplir sus pretensiones. Aunque Iglesias ha criticado a los jueces españoles en innumerables ocasiones, ahora recurre a ellos para evitar un pago considerable para su empresa.

De esta forma, tal como adelanta OKDIARIO, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado la petición de una indemnización presentada por Sergio Gregori, ex presentador estrella de Canal Red, la tv de Pablo Iglesias, que también solicitaba el fin del contrato. La sentencia dice que el cambio de sus funciones de presentador estrella a redactor y los feos posteriores no constituyeron acoso laboral ni vulneró su dignidad profesional. Los posteriores desprecios que sufrió no son para la Justicia justificación para aceptar su demanda.

Aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo. La decisión judicial firmada el 11 de julio, que desvela OKDIARIO, ratifica la sentencia del Juzgado de lo Social número 15 de Madrid de octubre de 2024. El trabajador, por tanto, no recibirá por ahora ninguna indemnización de la empresa Agitprop Comunicación y Análisis Político SL, propietaria del canal.

Gregori había prestado servicios para Canal Red desde enero de 2023 como Director de Producción con un salario de 32.000 euros anuales. Inicialmente desempeñaba funciones de presentador del programa diario El Tablero, una tertulia política para amplificar la ideología de Podemos.

Los cambios de funciones se produjeron de forma gradual. En junio de 2023, la presentación del programa se redujo de diaria a dos veces por semana. Según consta en los hechos probados, «el demandante manifestó en medios de comunicación la conveniencia de esa reducción».

Desde el 17 de enero de 2024, dejó completamente de presentar el programa. Pasó a realizar funciones de redactor raso, «elaboración de piezas y/o artículos de opinión», según establece la sentencia. «Le eran indicadas las materias a abordar desarrollando el demandante el contenido», agrega el texto.

Durante el proceso judicial se han revelado las feroces críticas que el ex presentador recibió en redes sociales por parte de compañeros y colaboradores de Canal Red. Los mensajes, incluidos en los hechos probados de la sentencia, muestran la virulencia del enfrentamiento interno.

Un compañero le escribió: «Los esclavos de Pablo tenemos miedo. Por cierto, tú sigues trabajando en Canal Red. Has sido relevado de la presentación del Tablero. Y estás demostrando que la decisión es correcta. Estás alimentando el enésimo episodio de odio contra un canal maldito».

Otro colaborador fue aún más contundente: «Gregori no sabe trabajar en equipo. Padece narcisismo agudo. Se victimiza. A las criticas responde con autovindicación y menos trabajo». También le preguntó directamente: «¿Estás buscando un despido improcedente? Porque así lo parece».

Una colaboradora añadió: «El error de Canal Red fue no echarlo antes. La gente que protestó está en su derecho porque comparten la línea editorial». «Ya salen la corte de Sumar, ¡qué vergüenza! A Gregori hace tiempo que se le notaba su afán de protagonismo, su envidia, su mediocridad y su amor al rojipardismo. Cuanto antes salga de Canal Red mejor».

Audios reveladores

Los hechos probados revelan que Sergio Gregori «ha llevado a cabo grabaciones de conversaciones con personas adscritas a la organización de la empleadora». Las grabaciones se realizaron varios días de enero de 2024, coincidiendo con su cambio de funciones.

El trabajador también mantuvo conversaciones por Telegram con Pablo Iglesias como administrador único de la mercantil. En una de ellas, de julio de 2023, se abordaba la «reducción en funciones de presentador para cobertura en el Congreso». El administrador señalaba que «el programa está funcionando mejor porque tiene más horas de trabajo y que entiende que puede realizar un buen trabajo con entrevistas y salidas al Congreso».

Baja laboral

La situación llevó al trabajador a una situación que se materializó en una baja. El 21 de febrero de 2024 fue asistido por la mutua, «señalando el demandante ansiedad con ocasión de problemática laboral». Gregori en sus redes señala que se encuentra «en un parón indefinido por salud» en estado de «No ejerciendo». Se encuentra en situación de Incapacidad Temporal (IT) que se mantenía en el momento del juicio.

Curiosamente, según consta en la sentencia, «el día 11 de enero de 2024 el demandante le indicó a una compañera de trabajo que quería ser despedido por la demandada».

Veredicto judicial

El TSJM ha sido taxativo en su valoración. La magistrada ponente, Raquel Vicente Andrés, ha subrayado que «ninguna conducta degradante o atentatoria de la dignidad del trabajador se desprende del relato fáctico».

Sobre el supuesto acoso laboral, la sentencia establece que «no todo conflicto es manifestación de acoso moral», siendo necesario delimitar lo que constituye acoso de las «tensiones ordinarias que subyacen en toda comunidad de personas».

El tribunal también rechazó la aplicación de la cláusula de conciencia periodística alegada por el demandante, al no acreditarse «ningún cambio sustancial en la orientación informativa de Canal Red».

La decisión es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo. Requiere el depósito de 600 euros. Mientras tanto, la relación contractual permanece técnicamente vigente pero suspendida por la incapacidad temporal del trabajador.

Los dardos públicos en redes sociales y las tensiones ideológicas han quedado documentadas en una sentencia que, paradójicamente, las considera parte del debate normal en cualquier empresa, sin que constituyan acoso laboral. Esta vez Iglesias ha encontrado en la Justicia un aliado a favor de sus intereses.

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