El Gobierno va a dejar a 300 inmigrantes ilegales sin alojamiento en Alcalá: «El trato es denigrante»

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto desalojar a partir de la próxima semana a 300 inmigrantes ilegales del cuartel militar Primo de Rivera de Alcalá de Henares, donde ahora mismo residen 1.182 personas procedentes de Canarias.

Así lo ha denunciado la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que este jueves mandaba una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticando el «maltrato continuado» que están recibiendo los inmigrantes por parte del Ejecutivo central.

El acuartelamiento, que desde que abrió sus puertas como Centro de Acogida de Emergencia y Derivación para inmigrantes (CAED) el pasado mes de noviembre ha acogido a 1.680 personas, va a comenzar la expulsión de usuarios el próximo martes, según denuncian desde la Red de Inmigración. Según expulsados sin «darles alternativas más que acabar en la calle», critica CAED.

«Tratar así a seres humanos es denigrante», afirman, al tiempo que piden que se paralice la expulsión para «estudiar cada caso» y ofrecer soluciones a estas personas.

Además, la Red, una plataforma de entidades, expertos y juristas de diferentes puntos de toda España que trabaja para la puesta en común de criterios para generar un avance en los derechos humanos en el ámbito de la inmigración y que no recibe dinero público, ha denunciado la «falta de procedimiento administrativo en la expulsión del CAED de Alcalá de Henares», algo que califican de «totalmente ilegal».

En este punto, amenaza, «ante cualquier expulsión actuaremos ante sede judicial para garantizar los derechos de las personas residentes». Para justificar esta actuación judicial exponen que el cuartel de Alcalá es un «centro de emergencia que gestiona la entidad ACCEM», aunque el centro tiene personal funcionario a cargo, que es quien se hace responsable de «la filiación y otros elementos al respecto de las personas usuarias».

Así, explica la entidad, «el proceso de adjudicación de plazas se hace tanto a través de contratación de emergencia como a través de los cupos que mediante concierto tiene ya habilitado el Ministerio competente en materia de migraciones, evidenciando, por lo tanto, la intervención directa de la Administración General del Estado».

Los procesos de alta y baja en un servicio público, recuerda la Red, «deben ser siempre sometidos a un pie de recurso a los efectos de evitar el desamparo de la persona usuaria, máxime cuando ésta se encuentra en situación de vulnerabilidad». Una vulnerabilidad que, según resalta la asociación, reconoce el propio Ministerio en «la contratación derivada de la emergencia que habilita la creación de los centros y su reubicación en la península».

Así las cosas, la próxima semana, tal y como indica, caducan parte de las emergencias, lo que provoca que se vayan a activar procesos de salida en grupos de 20 personas, por lo que, para «prevenir el incumplimiento de las garantías básicas de la legislación en materia de servicios sociales y de procedimiento administrativo», la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado procederá a «incoar actuaciones judiciales ante cada expulsión, al considerar que genera una palmaria indefensión de las personas vulnerables que, reconocidas así por el Ministerio, quedan en la calle, generando además incumplimientos en el marco de los convenios internacionales que obligan a España como Estado, así como a la propia justificación que el Ministerio utilizó para justificar la reubicación en península».

Las quejas a Ayuso

La Red ha enviado este jueves una carta a Ayuso en la que le informa de «las graves situaciones que se están dando en el centro de inmigrantes de Alcalá de Henares generado por el Ministerio competente en materia de migraciones» y el «maltrato continuado a las personas usuarias» del centro, gestionado por la entidad ACCEM. Ayuso denunció este miércoles las «reyertas graves» y un brote de sarna, además de la existencia de denuncias de agresiones sexuales por parte de los internos.

Entre otras cosas, la misiva informa a la presidenta regional que a los residentes en este centro se les marca con bolígrafo en sus brazos para identificarlos. El secretario general de esta organización, Rafael Escudero, denuncia además en la carta que a los inmigrantes se les somete a «un duro control (en tres fases) para poder salir, se les limita el acceso a la calle y se cuenta con una alimentación y procesos de integración absolutamente deficiente». Todas estas situaciones han provocado que la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado «haya interpuesto tres denuncias ante el Defensor del Pueblo, por ahora sin éxito alguno».

Igualmente, se advierte que «el Ministerio ha dado orden de proceder a vaciar de forma progresiva este centro», evacuando «sin solución habitacional a más de 300 usuarios». «Esto incluye a menores que están en el centro ahora mismo y que van a tener que pedir amparo inmediatamente a la Comunidad de Madrid, así como a decenas de personas de origen migrante sin recursos económicos», se avisa en la misiva.