Sánchez e Iglesias retuercen la ley para enchufar a su afines como altos cargos sin ser funcionarios

Según la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, de 1997, los directores generales serán nombrados, a propuesta del titular del correspondiente departamento, «entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente». La ley contempla ciertas salvedades, justificadas siempre por «las características específicas de las funciones» de la correspondiente dirección general. Es decir, casos puntuales y excepcionalmente motivados. El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha convertido esa excepción en norma para eximir del requisito de ser funcionario hasta a 23 directores generales. 

La excepción afecta, por ejemplo, a la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que seguirá en manos de José Félix Tezanos, o a la Oficina Española de Cambio Climático (OECC).

También, entre otros, a los titulares de las direcciones generales integradas en la Agenda 2030, que gestiona Podemos, como la de Derechos de los Animales, la de Migraciones, la de Inclusión y Atención Humanitaria, la de Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial, la de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI o la de Consumo.

Polémicos nombramientos

Precisamente, algunos de esos nombramientos han resultado especialmente polémicos. Es el caso del responsable de Derechos de los Animales, departamento de nueva creación bajo las órdenes de Podemos y que gestionará Sergio Antonio García Torres. Como publicó OKDIARIO, García Torres es un activo animalista, portavoz de Podemos Animalista a nivel estatal, que se declara vegano y que defiende que el hombre es «el único mamífero que le roba la leche a otra especie», añadiendo que para ello «hay que quitársela a un ternero».

El Ejecutivo justifica la ‘excepción’ en que la Dirección «es absolutamente novedosa y marca un salto en el reconocimiento del respeto a los demás seres vivos», por lo que el mérito de su titular es tener «un conocimiento profundo de los agentes sociales actuantes en la protección animal y experiencia en las relaciones institucionales entre entidades sociales y administrativas».

En el ámbito del Ministerio de Igualdad, cuya titular es Irene Montero, el Ejecutivo considera «conveniente» excepcionar el requisito de funcionario a distintas direcciones generales para ‘fichar’ a «personas que aúnen suficiente experiencia en el sector privado y organizaciones representativas y de la sociedad civil».

Así, por ejemplo, en el nuevo organigrama, la histórica dirigente del movimiento LGTBI, Boti García, se incorporará como directora general de Diversidad Sexual. 

Tampoco tendrán que ser funcionarios los titulares del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), de la Dirección General del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y de la Dirección General del Instituto de la Juventud (INJUVE), que ostentará María Teresa Pérez, periodista de 26 años que ha realizado colaboraciones con los programas Fort Apache y Otra Vuelta de Tuerka, dirigidos y presentados por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero.

La dirección general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, por ejemplo, es otro de los cargos que no exige el requisito. El titular nombrado por Podemos es Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de Infancia en Unicef. El Gobierno considera que su titular debe tener «experiencia y conocimientos que pueden no estar disponibles en el ámbito de la función pública».

Tampoco el responsable del Instituto de la Mujer tendrá que ser funcionario. El Gobierno ha designado para ello a Beatriz Gimeno, activista LGTBI y diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid. Según publicó este periódico, Gimeno, en una entrada en su blog, anima a penetrar analmente a los hombres para alcanzar la igualdad.

Considera el Ejecutivo que la dirección del Instituto, además de la Presidencia del CIS, «requieren perfiles profesionales y experiencia previa tanto en el sector público como en el privado». «En particular, por las competencias propias del contenido del puesto de trabajo, se aconseja que los titulares de ambos órganos directivos reúnan una amplia experiencia de relación con los ámbitos universitario, asociativo (ONGs) y fundacional, así como con los medios de comunicación», añade.

Malestar entre los altos funcionarios

Los funcionarios públicos agrupados en la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) han expresado su malestar por «la profusión en la utilización de estas excepciones que puede suponer la demostración de verdadera falta de interés de la clase política para construir un modelo de función pública profesional e independiente de indebidas injerencias políticas».