El Gobierno destituirá a Puigdemont, Forcadell y sus consejeros si consuman el referéndum

El Gobierno está decidido a llegar hasta el final contra los independentistas, que este miércoles consumaron, en un golpe de Estado sin precedentes, el primer paso de la ruptura.

En el tiempo transcurrido desde que Puigdemont anunció el referéndum, en junio, no eran pocos quienes pensaban que los independentistas terminarían claudicando de sus planes. Visto que no ha sido así, que la deriva se ha consumado, y que el gobierno autonómico actúa al más puro «estilo de Maduro», toca mover ficha.

No habrá estridencias, ni tampoco decisiones precipitadas. Pero eso no implica que quienes han vulnerado la ley no respondan con todas las consecuencias. En la hoja de ruta del Ejecutivo, según fuentes gubernamentales, están desplegados todos los mecanismos legales para que el referéndum previsto para el 1 de octubre no llegue a celebrarse. Y en ella, sigue reservándose la aplicación del artículo 155, que permitiría asumir de facto el poder en Cataluña incluso con la ‘destitución’ del Govern- empezando por el propio Puigdemont- y de otros cargos, como la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.

El mencionado, y controvertido, artículo es rotundo en su enunciado: «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado (el PP la tiene), podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».

Añade, asimismo, que «para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas».

El artículo confiere una gran discrecionalidad al Gobierno para asumir las competencias que considere oportunas, empezando por el control de los Mossos, pieza estratégica para evitar la colocación de las urnas, o el precinto a los colegios electorales. El Ejecutivo podría optar, además, por una intervención ‘limitada’ a ciertas consejerías-Interior y Educación-y departamentos clave para la ejecución del referéndum.

Durante este tiempo, el Gobierno ha evitado desplegar en público sus planes. Como recientemente dijo la propia Santamaría, «no voy a contarle a Puigdemont lo que voy a hacer para quitarle las urnas». Más aún, el 155 era tema tabú en Moncloa por considerar que podría dar «alas»  a los independentistas para «victimizarse» aún más en su huida hacia delante. Pero el silencio impuesto sobre su aplicación no ha evitado que algunos dirigentes, como el catalán Xavier García Albiol, sí lo hayan defendido abiertamente, llegado el caso.

El TC no quiere asumir la iniciativa

Por ahora, la primera reacción del presidente del Gobierno ha sido recurrir al Tribunal Constitucional, a través de un incidente de ejecución de sentencia contra los acuerdos que han permitido la tramitación de la Ley del Referéndum.

En el escrito, insta al alto tribunal a no quedarse en una «mera declaración de nulidad» de los actos impugnados y a «que se explicite con la mayor claridad y contundencia posible que la ejecución de los actos impugnados constituyen un grave incumplimiento de las decisiones adoptadas por el tribunal, y que los instrumentos no puedan ponerse en marcha».

Pese a la rotundidad del escrito remitido por la Abogacía del Estado, el TC ya habría advertido de su intención de no actuar de oficio, y no hacer uso de las competencias sancionadoras que le confiere la reforma promovida por el Partido Popular en la pasada legislatura y, según la cual, podría suspender de sus funciones a los cargos públicos.

Es decir, el TC quiere limitarse a declarar la «inconstitucionalidad» de la ley recurrida y que sea el Gobierno el que plantee las responsabilidades y sus culpables, apoyándose en la Fiscalía.

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ya señaló este miércoles a los miembros de la Mesa, encabezados por Forcadell, que habían permitido la tramitación de la ley y que habrán de atenerse a las responsabilidades penales. Por su parte, Rajoy ha encargado esta misma noche un informe urgente al Consejo de Estado para poder presentar este mismo jueves un recurso ante el Constitucional, como estaba previsto.

«Rajoy y el PP se la juegan»

Aún con la convocatoria ya firmada, en Moncloa insisten en el mensaje que se reitera desde hace meses. «No habrá referéndum». Ni lo vivido este miércoles ha alterado esa percepción porque, concluyen, los independentistas «no tienen urnas, ni censo» ni ninguno de los instrumentos esenciales para que éste se culmine.

Pero eso no evita que la magnitud del desafío sea enorme y que los últimos pasos de los secesionistas pongan en riesgo la confianza de todo el Gobierno. Pero también del PP.

«Saben que se la juegan, no solo el Ejecutivo. Está en juego no solo la imagen de Rajoy, sino de todo el partido», admiten. 

Y el prestigio del partido es un valor a proteger, además, en una legislatura ya especialmente complicada en la que Podemos y PSOE no dudarán en hacer tándem contra el PP, y con unas elecciones municipales y autonómicas en apenas dos años.